Recientemente, la senadora Aida Avella, por la coalición Lista de la Decencia conversó con El Cuarto Mosquetero acerca de la aparente situación de peligro en la que está el país debido al Decreto 811 del 2020, expedido por el Gobierno Nacional, el cual le da la facultad para privatizar y enajenar 105 empresas en las que el Estado tiene activos públicos.
Frente a esta orden, la senadora afirmó que esta correrá la misma suerte que los decretos inconstitucionales porque la pandemia no debe significar una justificación para que el Gobierno organice lo que no pudo con anterioridad. “Esto ya se ha discutido en el Congreso, nosotros citamos al doctor Bayón -presidente de Ecopetrol- al finalizar el 2019 para un debate en la Comisión Cuarta del Senado de la República y el dijo que CENIT no se vendía, pero el ministro Carrasquilla, ve con mucho ánimo levantar 15 billones de pesos con la venta de esta empresa”, mencionó Avella.
Para la congresista, vender una de las empresas estatales que más le genera ingresos al país, en medio de una pandemia, no tiene razones sustentables. En cambio, ella, junto a sus compañeros de la oposición, han creado algunas propuestas para conseguir los recursos que se necesitan con el fin de atender la actual crisis del covid-19, una de estas es afectar los grandes patrimonios del país, “aquí hay fincas de 15 hectáreas que no pagan nada, ¿por qué no pagan nada? porque no tienen títulos, ¿por qué no tienen títulos? porque fueron o tierras despojadas, o tierras tomadas simplemente por posesión. Porque aquí los que han tenido plata siempre son los que tienen para comprar cercas para aumentar sus fincas (…) son los que tienen plata para llenar los humedales, para llenar las ciénagas, en contravía de toda la política de conservación del ambiente”, aseveró la senadora.
En ese sentido, la senadora recomendó que estas personas acaudaladas, paguen al fisco por las grandes extensiones de tierra en su posesión. Asimismo, cuestionó el hecho de que existan personas o familias con 15 o 10 mil hectáreas de tierra.
Cabe recalcar que la inequitativa distribución de tierras en Colombia, ha sido siempre un problema. Tanto así, que esta situación se ha reconocido como uno de los detonantes en la creación de las guerrillas, especialmente las extintas FARC-EP. Por eso fue necesario que el tema de acceso a la tierra, fuera pactado en los Acuerdos de Paz firmados en el 2016, siendo este el primer punto, llamado Reforma Agraria, en la que se incluyó inversión en infraestructura, comercio, educación, participación, ciencia y tecnología. Esta medida es fundamental debido a que la mayoría de predios están en posesión de unos pocos.
Una investigación de Oxfam Colombia, encontró que el 1% de las fincas de mayor tamaño poseen el 81% de la tierra en Colombia y que el 19 % restante se reparte entre el 99% de las fincas. También se halló que los predios de más de 1.000 hectáreas dedican 87% del terreno a la ganadería y tan solo el 13% agricultura, lo que explica que al menos un millón de hogares campesinos viven en menos espacio del que tiene una vaca para pastar.
Por otro lado, Avella sugirió a la Comisión Económica, que el impuesto de registro mercantil, no sea destinado a las Cámaras de Comercio, las cuales son las únicas en el mundo que funcionan con impuestos de las y los ciudadanos. “Desde mediados del 70, los colombianos han regalado seis billones de pesos a esta entidad. Para el 2018 recogieron cerca de 1 billón”, informó la congresista.
Pero, ¿cómo funcionan las Cámaras de Comercio?, la senadora explicó que “por ejemplo, poniendo al director de la Cámara de Comercio de Bogotá, 80 millones de pesos mensuales, eso tenía el año pasado, este año ya debe estar bordeando los 100 millones de pesos”. También explicó que no es enemiga de estas entidades, dado que está a favor de que funcionen, pero “con su propio dinero y trabajo”.
Las notarías, fueron otro tema a tratar por Avella, pues aunque estas tienen una función pública, según lo dictamina la constitución en el artículo 131 de la Constitución Política, no les han puesto régimen laboral, por lo cual, los notarios están ganando cuantiosas sumas de dinero.
El hecho de no tener régimen laboral, se sustenta en que teniendo en cuenta que por carecer de personería jurídica las notarías no adquieren derechos ni obligaciones, estas no son responsables por los derechos laborales de sus empleados: quienes deben responder ante una controversia laboral son los notarios.
Estos últimos, deben presentar un examen para acceder a ese cargo, “pero solo se han hecho dos evaluaciones y ya se han agotado las personas que lo hicieron, deberían estar haciendo otro, pero no lo hacen para elegir a dedo”, explicó la senadora recalcando que esta situación ya había sucedido con las dos notarías del aeropuerto El Dorado, porque los encargados tienen una relación de amistad con el presidente Duque.
Dada esa irregularidad, la senadora ya ha generado, junto a compañeros/as de su bancada, una propuesta para entregarla al Gobierno, con el fin de reglamentar el régimen laboral y rescatar estos impuestos.
Con respecto a los parafiscales de la Federación Colombiana de Ganaderos – Fedegan, la congresista señaló que estos deben entrar al impuesto nacional porque “es lo que los campesinos pagan cada que llevan a un toro o un cerdo para el sacrificio a los mataderos, o ahora llamados Centros de Sacrificio, les pusieron eso para quitarles el trabajo a muchísimos campesinos que trabajaban en los mataderos de este país (…) a mi me parece que eso es un tributo a los señores de Fedegan”, señaló la senadora, lo cual no halla lógico, pues para eso existe el Fondo Ganadero, que hace parte del Estado.
Además, la senadora cree que existe la necesidad de que las empresas transnacionales paguen lo que deben al fisco. “La DIAN estableció en el 95 o 96, que las regalías se quitan de los impuestos. En vez de buscar recursos en estas empresas, el Gobierno pretende vender a CENIT y se opone a que estas entidades paguen porque tienen una tasa tributaria del 25%, pero para el 2018 pagaron 1.5, debido a esto, en solo un año el país perdió muchos billones de pesos”, aseveró.
Y añadió “yo creo que estos gobiernos lo que están, es aliados para arruinar este país, para vender lo que produce, y ahí es donde se encuentran con la bancada alternativa. No estaremos de acuerdo, y los que lo aprueben, tendrán que ir a decirle a sus electores por qué regalan de esta manera los impuestos”.
Es por eso que la senadora apoya y respalda la manifestación pacífica que están llevando a cabo los dirigentes de la Unión Sindical Obrera – USO, en el Machín de la Resistencia de Bogotá, desde hace más de un mes, pues de venderse CENIT, afirmó ella, se acabaría Ecopetrol y miles de personas se quedarían sin trabajo, lo que generaría un aumento en el desempleo, lo cual resultaría nefasto en medio de una pandemia.
Finalmente, Aida Avella concluyó asegurando que vender CENIT y demás empresas estatales, no beneficiaría de ninguna manera al país, “por el contrario, se entregaría la riqueza nacional. Sería como vender la casa para pagar arriendo”.
