En las últimas horas, la entidad religiosa emitió un comunicado en el que explicaba los hechos. Hasta el momento, la Fiscalía no ha brindado declaraciones al respecto.
Según el comunicado, el pasado 14 de febrero, un ciudadano mayor de edad, denunció ante el organismo competente, hechos contra la moral sexual de parte de algunos sacerdotes de la Arquidiócesis de Villavicencio.
La entidad declaró que ante lo acontecido, emprendió las siguientes acciones: ofreció un acompañamiento psico-espiritual, ratificando su compromiso de actuar con claridad y transparencia para el bien del afectado y de la Iglesia; siguiendo los protocolos de la Comisión Arquidiocesana de Protección de Menores, esta noticia se puso en conocimiento de la Fiscalía seccional; y por último, la Arquidiócesis de Villavicencio, inició un proceso de investigación preliminar y decidió Ad Cautelam suspender del ejercicio del Ministerio Sacerdotal a los sacerdotes implicados.
Carlos Villabon, encargado de comunicaciones de la Arquidiócesis de Villavicencio, informó a El Cuarto Mosquetero que el pasado 16 de marzo fueron suspendidos 15 sacerdotes de la ciudad. Esta medida se realizó siguiendo un proceso jurídico-canónico establecido por la entidad religiosa. A través de fuentes extraoficiales, éste medio conoció que los otros 4 implicados al parecer son de municipios del Meta y Guaviare.
Hasta el momento, los implicados están con medida de suspensión cautelar, lo que significa que no pueden realizar eucaristías, sacramentos, ni portar la indumentaria eclesiástica, así como tampoco ejercer ninguna función referente al sacerdocio.
Villabón señaló que hasta ahora se está desarrollando la primera etapa, que es la investigación y por lo tanto, no puede brindar mayores detalles hasta que la Fiscalía no declare culpables o inocentes a los acusados. En cuanto a la segunda etapa, explicó él, la Arquidiócesis de Villavicencio depende de las instrucciones que dé la Congregación para la Doctrina de la Fé, la cual pertenece al Vaticano, pues esta entidad estudiará los casos y decidirá los pasos a seguir.
Con la pandemia actual, no se sabe cuánto pueda prolongarse el proceso, pues debido a la cuarentena, las entidades judiciales están funcionando de manera limitada. Sin embargo, el religioso aseguró que de parte de la Arquidiócesis se espera que la investigación se lleve a cabo lo más rápido posible para brindar justicia y tranquilidad a las víctimas.
Aunque se cuestionó a Villabon sobre cómo se supo sobre la cantidad de implicados en el escándalo, siendo que solo una persona había denunciado hechos contra la moral sexual, este señaló que esa es información que no puede brindar por el momento.
Recordemos además, que en Villavicencio ya hay sacerdotes que están pagando penas por violación de menores, como es el caso de Fausto Coronel Riveros y Evelio Ortiz Macías, sacerdote y seminarista de la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores de Villavicencio, quienes entre 2017 y 2018 están pagando 16 y 12 años en la cárcel de la capital del Meta por la violación de un menor de 14 años, quien era acólito de esa parroquia, según publicaciones de El Tiempo.
Aunque las investigaciones están iniciando, posiblemente de hallarse culpables además de las penas individuales, la Iglesia tendría que responder solidariamente ante las víctimas con un mea culpa que es determinada por las cortes colombianas.
En el país las diócesis con más denuncias por abuso sexual son las de Cali y Medellín, lo que no significa que en Villavicencio no puedan existir más casos además de los que están en investigación, por ello, en el comunicado de la Arquidiócesis de Villavicencio, hacen un llamado a la comunidad a no callar “Invitamos para que se den a conocer situaciones en donde alguno de nuestros miembros eventualmente haya traicionado su vocación de servicio y entrega al Señor y a la comunidad” para que así se pueda garantizar la seguridad de todos y todas dentro de la iglesia.
Las anteriores medidas fueron tomadas, teniendo en cuenta los lineamientos dados por el papa Francisco y la Conferencia Episcopal Colombiana que “toda denuncia de abuso sexual contra un miembro de la Iglesia debe ser reportada a las autoridades penales, sin tintas medias”.
