Congresistas de diferentes bancadas y la Alianza Colombia Libre de Fracking, radicaron un incidente de desacato ante el Consejo de Estado, desde el 01 de julio de este año, por supuestos incumplimientos a las condiciones dadas por el Alto Tribunal para llevar a cabo los proyectos piloto de fracking en la región del Magdalena Medio.
En entrevista a El Cuarto Mosquetero, el reconocido ambientalista, Óscar Sampoyo, señaló que el Decreto 328 del 2020 del Ministerio de Minas y Energías, no incluye las deudas de las empresas al medio ambiente por los daños ocasionados y tampoco garantiza el derecho de acceso a la información, dado que se ha convocado a reuniones virtuales, sin tener en cuenta que las comunidades de las zonas rurales, difícil o escasamente pueden ingresar a internet.
El pasado 08 de noviembre de 2018, el Consejo de Estado suspendió el Decreto 3004 y la Resolución 90341, mediante una medida cautelar, en la que se establecen los parámetros técnicos y procedimentales para la explotación y exploración en yacimientos no convencionales en Colombia. En ese sentido, actualmente, está prohibido el fracking en el país con fines comerciales.
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De esta manera, el Gobierno Nacional autorizó el avance en proyectos pilotos de fracking únicamente con fines investigativos. También los condicionó al cumplimento exhaustivo de las recomendaciones realizadas por el panel de expertos en 2019 para el desarrollo de esta actividad.
Pero con el Decreto 328, se dio libertad a las empresas mineras para que adelantaran proyectos piloto de investigación de Fracking.
Como si fuera poco, en medio de la pandemia, los estrados judiciales estuvieron cerrados, pero el Gobierno Nacional avanzó en la formulación de una normativa para adelantar procesos de fracking en el Magdalena Medio, “El gobierno de Duque pretende continuar con el modelo extractivo (…) incumplen una medida cautelar, no siguen los lineamientos de los expertos que se contrataron en el 2019”, aseveró el ambientalista.
Los municipios que resultarían afectados con estas intervenciones al territorio serían Puerto Wilches, Barrancabermeja, Cimitarra en Santander, y San Martín en el Cesar, sitios donde según Sampoyo, no se ha realizado una socialización previa para llevar a cabo dichos proyectos de fracking.
Además, Óscar señaló que dentro de los piloto de fracking en el Magdalena Medio, hay ocho pozos aprobados, que tendrían que excavarse en la región para verificar la potencialidad del terreno, con fines extractivistas. Estas prácticas, a pesar de ser solo pruebas, pueden generar desastres ambientales. En Inglaterra, por ejemplo, se prohibió el fracking luego de que las pruebas piloto ocasionaran un sismo. Colombia, por supuesto, no es inmune a un fenómeno similar.
“Queremos que se haga un diálogo donde nos informen a las comunidades del Magdalena Medio, los impactos sociales y ambientales (…) ¿Cómo se avanza en un decreto sin la participación de las comunidades?”
Ante las irregularidades, diferentes organizaciones ambientales y comunidades han considerado usar la consulta popular para que sea desde los territorios que se decida la implementación de los pilotos de francking, y que no sean empresas como ExxonMobil, Ecopetrol, Drummond, entre otras, las que elijan las dinámicas económicas de dicha zona.
