Soldados aceptaron cargos por abuso sexual a menor indígena en Pueblo Rico, Risaralda

El país aún está sumido en la indignación provocada luego de conocerse que siete militares del Ejército Nacional, secuestraron y violaron a una niña de 12 años perteneciente al resguardo indígena Embera Katio, ubicado en el corregimiento Santa Cecilia, del municipio de Pueblo Rico en Risaralda. 

Los hechos habrían ocurrido el pasado domingo hacia las 4:00 de la tarde, cuando la menor desapareció cerca de un colegio del corregimiento Santa Cecilia, donde permanecen soldados del Ejército brindando seguridad a las y los habitantes del sector. La niña apareció hacia las 10:00 de la mañana del día siguiente ahogada en llanto y con rastros de sangre en su zona íntima. Poco después, le contó a sus padres lo que le había sucedido. 

Ante el caso, el Comando de la Octava Brigada del Ejército emitió un comunicado señalando que, “este Comando, rechaza este tipo de hechos que van en contra de los valores institucionales del Ejército Nacional, y una vez se conozcan las decisiones por parte de las autoridades competentes, se tomarán en forma inmediata las acciones administrativas y/o sancionatorias”.

Una de las entidades judiciales que ya ha empezado a actuar es la Fiscalía, la cual informó que los siete soldados que están siendo investigados por el abuso sexual del que fue víctima la menor indígena, fueron presentados ante un juez de garantías. 

El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, señaló que los uniformados fueron imputados por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, seis de ellos en calidad de autores y uno más como cómplice. Los cargos fueron aceptados por los procesados. 

“En menos de 72 horas, en un enlace con las diferentes autoridades, y en una acción liderada por la delegada para la Seguridad Ciudadana y la Seccional Risaralda, se produce un resultado contundente en un hecho doloroso para los colombianos”, mencionó Barbosa. 

Más de 40 acciones investigativas dispuestas por la Fiscalía determinaron la culpabilidad de los siete soldados regulares adscritos al Batallón de Alta Montaña del Ejército Nacional en Génova, Quindío, que servían de apoyo al Batallón de Artillería San Mateo con sede en Pereira.

Entre tanto, la comunidad indígena Embera Katio ha exigido que se les permita juzgar y castigar a los militares desde su autoridad y autonomía, y que una vez cumplan su pena, sean las leyes colombianas las que los condenen.

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