Este 08 de abril, se presentó una manifestación a las afueras de las instalaciones de la Corporación, por el aumento de inseguridad en la ciudad. En medio de esa situación, un artista fue víctima de hurto frente a agentes de Policía que se habrían mostrado indiferentes.
La inseguridad en Villavicencio va en aumento. Así lo demuestran las cifras de Indagar, según las cuales la ciudad ocupa el sexto lugar, por encima del promedio de las 32 capitales del país, en casos de hurto a personas; el cuarto en hurto a comercios y también el cuarto en hurto a residencias. En materia de extorsión, Villavicencio se posiciona como la segunda capital con más casos reportados.
Por esta razón, el pasado 08 de abril, ciudadanas y ciudadanos provenientes de distintos barrios se manifestaron frente al Concejo Municipal, mientras se desarrollaba el debate de control político sobre seguridad, al que fueron citadas la Secretaría de Gobierno y la Alta Consejería.
“¡La seguridad es un derecho, no un privilegio!” y “¡Exigimos seguridad!”, fueron algunas de las arengas que coreaban las y los manifestantes, ante la mirada de transeúntes y conductores, quienes en su mayoría mostraron su respaldo.
Durante el debate, el ciudadano Daniel Caro intervino para referirse al Decreto 0359 de 2022, el cual restringe la movilidad entre las 5 y las 9 p.m. Señaló que esta medida ha sido ineficaz para reducir la criminalidad —como lo evidencia el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional de Colombia (SIEDCO)— y que además recarga a la Policía con funciones de tránsito que no le competen.
“Cada comparendo toma entre 20 y 40 minutos, tiempo en el que los uniformados dejan de patrullar en una ciudad con déficit de 1.400 policías”, mencionó Caro, agregando que esta restricción vulnera el derecho al libre tránsito, carece de legitimidad, expone a los agentes a sanciones disciplinarias y criminaliza a la ciudadanía por el simple hecho de movilizarse.
Por ello, solicitó a la Administración Municipal la derogación de este decreto, el cual fue concebido como una medida transitoria, pero ya lleva tres años en vigencia. “Hemos visto que en lo operacional no ha tenido diferencia en el margen del comportamiento delictivo”, afirmó.
Además, según el concejal Gustavo Basto, para el año 2024, la Secretaría de Gobierno contaba con un presupuesto de $9.895 millones, de los cuales solo se ejecutaron $5.783 millones, lo que representa un 58% de recursos sin ejecutar. En cuanto a la Alta Consejería, tenía asignados $1.459 millones, de los cuales solo se ejecutaron $1.049 millones, quedando por ejecutar $410 millones. “Así las cosas, $6.193 millones no se ejecutaron (…) en materia de seguridad. ¿El problema es de plata o el problema es de planeación?”, cuestionó el concejal.
De manera irónica, mientras transcurría la protesta —que era vigilada por agentes de la Policía— un artista fue víctima de hurto. “A un compañero que está ahí con sus pinturas (…) le robaron ahí en nuestras narices sus pinturas que traía para exhibir y para vender, para sostenerse en esta semana porque los artistas carecen de apoyo (…) y lo robaron. Y él salió corriendo detrás del ladrón y la Policía, en vez de ayudarlo, se pararon ahí y se rieron”, relató una de las manifestantes.
A la fecha, solo se han instalado 11 cámaras de seguridad; las alarmas comunitarias permanecen desconectadas del Centro de Mando y Control; únicamente se ha inaugurado un CAI; no se ha hecho inversión en infraestructura; y han disminuido los recursos destinados al Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, así como al Observatorio de Análisis de Convivencia y Seguridad (OACYS), herramientas fundamentales para diseñar estrategias efectivas.
En medio de este panorama, el concejal William Alexander Hernández generó controversia al proponer la militarización de zonas de alto riesgo y «darles plomo a delincuentes si es posible», como medida para reducir la inseguridad. La opinión pública se ha dividido entre quienes apoyan su propuesta y quienes la consideran excesiva.
Sin embargo, la experiencia en Colombia ha demostrado que las soluciones de tipo militar o represivo no resuelven de fondo los problemas estructurales que alimentan la inseguridad, como la pobreza, la falta de oportunidades, la corrupción o el mal funcionamiento del sistema judicial. Según el informe del Índice de Transformación de la Fundación Bertelsmann en 2024, la capacidad del Estado colombiano se ve socavada por la corrupción, la infraestructura inadecuada y la falta de experiencia técnica y de gestión. Además, el informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales «Un nuevo paradigma de seguridad en Colombia» destaca la necesidad de centrarse en combatir la corrupción y fortalecer el sistema judicial para reducir la impunidad.
Mientras tanto, la ciudadanía villavicense espera soluciones efectivas para poder habitar la ciudad con tranquilidad.
