La Ley 2343 de 2023 representa un avance en la búsqueda de justicia y reparación para las personas afectadas por el conflicto armado en Colombia. Sin embargo, existen preocupaciones sobre la inclusión de víctimas de crímenes de Estado y la claridad en la reparación integral. Aún persisten desafíos como la seguridad en los territorios.
Ya se está aplicando la nueva Ley de Víctimas 2343 de 2023, considerada por organizaciones como un progreso en materia de reparación integral.
Anteriormente, el plazo otorgado para realizar la declaración después de haber sufrido un hecho victimizante era de dos años, pero se extendió hasta tres.
También se ofrece una nueva oportunidad a aquellas personas que hicieron su declaración en el pasado pero no fueron incluidos en el Registro Único de Víctimas -RUV-. En estos casos, la Unidad para las Víctimas revisará cada situación individualmente y comunicará la decisión correspondiente a los afectados y afectadas.
Además, la ley contempla una disposición especial para quienes se vieron afectados y afectadas por el conflicto armado pero que, por diferentes razones, no se habían acercado a la Unidad. Hasta el 29 de diciembre de 2024, estas podrán declarar sin necesidad de justificar motivos de fuerza mayor.
¿Qué dicen las víctimas y organizaciones?
Rosa Cuellar, coordinadora de la Mesa Departamental de Participación Efectiva de Víctimas del Meta contó que durante el 2022 y el 2023 desde las mesas municipales, departamentales y nacional, se estuvo elaborando una serie de aportes y ajustes a la Ley 1448 de 2011, que era la que estaba vigente.
Entre sus apuestas se encontraba la modificación de los artículos que definen la calidad de víctima, los tiempos de declaración y la necesidad de hacer énfasis en las respectivas reparaciones. “Nosotros decimos que, si vamos a incluir y cambiar la figura de la población víctima, ¿Cómo vamos a reparar a las más de nueve millones que ya tenemos?”, se pregunta Rosa.
Tan sólo en el Meta según el RUV hay 288.236 mil personas que han declarado y de las cuales 223.569 han sido sujeto de reparación individual. Con la nueva Ley, Rosa espera que esta cifra aumente por lo menos en un 20% pero hace énfasis en la falta de claridad respecto a la reparación integral tanto de las nuevas personas que declaren como de las que ya lo hicieron.
La lideresa ha sido crítica con el trabajo de la Unidad, considera que la entidad “No es funcional ni operativa” y que esta nueva Ley tuvo que haber hecho una reestructuración administrativa a la institución para poder abarcar el trabajo que implica que más personas declaren, y, sobre todo se debió reforzar la Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales, en la que están siete departamentos: Meta, Guaviare, Casanare, Vaupés, Guanía, Vichada y Amazonas.
Olga Naizir, abogada y coordinadora de Exigibilidad de Derechos del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda –OFB– expresó que esta reforma es un paso importante para la reparación de las víctimas “sin embargo tenemos una preocupación ya que la Ley deja un vacío y no establece nada claramente sobre las víctimas de crímenes de Estado, que son las que representamos”.
En su momento, a familiares de personas que sufrieron ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada, la Unidad les negó su entrada al RUV y la Ley 2343 no consagra la posibilidad de que puedan volver a declarar y ser incluídas y reparadas.
La abogada también explicó que las víctimas acreditadas en la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP– deberían estar también en el RUV. Concuerda con Rosa en el hecho de que entre las dos entidades no hay articulación, cosa que debería cambiar “para que las personas puedan tener una reparación integral”.
En un oficio la Unidad le respondió al Colectivo OFB que 147 personas inscritas en el RUV de los departamentos de Meta y Guaviare, fueron acreditadas como víctimas en la JEP y han accedido a medidas de reparación individual en el marco del Caso 03 denominado “Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado”.
Por su parte, Anadelia Cundumi, coordinadora de la Mesa Departamental de Participación Efectiva de Víctimas del Guaviare, también expresó que esta ley es “ambiciosa, pero en realidad, en el momento de accionar no brinda las garantías para nuestras necesidades acordes a los hechos y violaciones a nuestros derechos”.
Una de las principales razones, dice la lideresa, es que los recursos en las entidades territoriales siguen siendo pocos, por lo cual no hay condiciones reales para el mejoramiento de la calidad de vida de las víctimas: “la ley recoge muchas acciones y las entidades territoriales quedan cortas con eso”.
En este departamento de la selva amazónica hay 49.191 víctimas según el RUV de las cuales 31.239 han sido sujetos de reparación. Anadelia afirma que “todavía siguen sucediendo hechos que causan temor y tristeza, como desplazamientos y muchas personas no lo declaran y prefieren irse”.
Pedagogía y difusión de la Ley en medio de dinámicas de violencia
La Ley 2343 entró en vigencia el 29 de diciembre de 2023. Según los análisis que ha hecho Rosa, “los personeros la tienen clara y desde las mesas divulgamos la Ley, le decimos a la gente. La difusión sí se ha venido haciendo por parte de los espacios de participación y el mismo Ministerio Público”.
Sin embargo, la lideresa ve como problemático el hecho de que los entes territoriales son nuevos. “Apenas están empezando y deben acercarse a las mesas municipales de víctimas donde hay gente muy antigua que conoce muchísimo”, explicó.
Anadelia considera que la difusión de esta Ley se debe de hacer “por medios de comunicación, en carteles de las entidades, alcaldías, gobernaciones, escuelas, casetas comunales con presidentes de juntas, hacer jornadas de sensibilización donde haga parte el ministerio público, defensoría del pueblo y personería, para comunicar en qué tiempos y lugares se puede declarar”.
Sin embargo, esto no se hace “por el tema de seguridad”. Cuenta que declarar puede traer afectaciones a las víctimas. “Para nadie es un secreto que todavía hay riesgo. Hay cosas que uno no puede estar diciendo para cuidarse y protegerse”.
La Unidad ha recordado que quienes hayan sufrido algún hecho victimizante en el contexto del conflicto armado, desde el 01 de enero de 1985 hasta la actualidad deben declarar. Se puede hacer en cualquier oficina del Ministerio Público, ya sea en la misma Unidad, Personería, Defensoría del Pueblo o Procuraduría y los consulados, en el caso de las víctimas en el exterior.
La Unidad cuenta con un Centro Regional de Atención a Víctimas -CRAV- en la capital del Meta, ubicado en la carrera 21 sur del Camino Ganadero, contiguo a la sede de la Policía Metropolitana de Villavicencio. También tiene un CRAV en San José del Guaviare, que se encuentra en la carrera 27 # 5-50 barrio 20 de Julio.
Los canales de atención telefónicos son la línea gratuita 018000911119 o la línea de WhatsApp 3228151101. Quienes además hayan sido víctimas de despojo o desplazamiento, podrán acercarse a la Unidad de Restitución de Tierras para iniciar un proceso de demanda que resguarde sus derechos.
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