La Paz Total que ha buscado el gobierno del presidente Gustavo Petro ha tenido varios obstáculos que van desde vacíos como lo es la falta de un marco jurídico que dé garantías a los actores armados ilegales con los que sostiene diálogos, hasta la desaprobación de estos por parte de la sociedad civil y actores políticos.
Sin embargo, esta situación no es nueva ni sorpresiva en lo que a los procesos de paz se refiere, situaciones similares se tuvieron con los procesos que llevaron al Acuerdo de La Uribe en 1984, el Acuerdo de Ralito el 2003 o el Acuerdo del Teatro Colón en el 2016.
El paro armado que el Frente de Guerra Occidental Ómar Gómez del Ejército de Liberación Nacional -ELN- decretó el pasado 10 de febrero y que culminó cuatro días después, en el departamento del Chocó, específicamente en los ríos de Sipí, Cajón y San Juan, ha generado varias controversias en razón a la reciente renovación del cese al fuego que el Gobierno Nacional firmó con el ELN el 06 de febrero del presente año, en el marco del proceso de paz.
No siendo esta la única noticia que enreda al proceso, casi que simultáneamente se conoció, por medio de la W Radio, que habría un informe de Inteligencia en el que se afirma que el ELN se estaría fortaleciendo militarmente a costa del proceso de paz.
Lo que llama la atención de estas dos noticias, más allá de que puedan dar una rápida impresión de una falta de voluntad por parte del ELN de cumplir los compromisos con el Gobierno Nacional y de realmente llegar a un Acuerdo de Paz, es que pone de relieve una situación que, ante las reacciones del Gobierno Nacional, opositores, medios de comunicación entre otros actores, parece desconocida y sorpresiva. Y es que el ELN a pesar de estar en negociaciones, sigue siendo un actor armado ilegal con intereses diferentes a los del proceso.
La Misión de Verificación de la ONU ha mencionado en sus dos informes –septiembre 2023 y enero 2024– que a pesar de que el cese al fuego bilateral ha impedido enfrentamientos entre el ELN y la fuerza pública, se siguen dando confrontaciones armadas, entre otros grupos armados.
Esto implica que grupos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-, las disidencias de las FARC y otros Grupos Armados Organizados -Residuales- -GAO – GAOR- en su interés de expandir y/o mantener el control de economías criminales y territorio, desplieguen toda su capacidad bélica, logística y económica.
Situación que pone a la fuerza pública y al ELN en la posición de responder a las amenazas que les pueda representar respectivamente. Una muestra de eso fue la justificación que dio el ELN sobre el paro armado, así como los combates que están teniendo con las AGC en el Chocó.
El ELN no tiene años, sino décadas de presencia y trabajo en muchos territorios del país, en ese recorrido ha logrado controles territoriales en algunas de las comunidades que habitan. Por lo que, a pesar de estar en diálogos, harán todo por mantener ese poder e incluso por expandirse, pues es la estrategia que han desarrollado y que difícilmente detendrán antes de la firma de un acuerdo de paz.
Así que no es sorpresivo que simultáneo a las negociaciones siguen armándose, reclutando, fortaleciéndose financieramente y buscando redes de apoyo y cooperación en la sociedad civil y en la esfera gubernamental. Estas acciones hacen parte de la dinámica criminal, por lo que esté o no el ELN en medio o no de una negociación, las seguirán haciendo, pues el cese al fuego es con el gobierno, pero no con otros GAO y GAOR con quienes tienen disputas y confrontamientos permanentes por el territorio.
Lea también: Pasos hacia la paz: IV ciclo de negociaciones en Guaviare con el Estado Mayor Central de las FARC-EP
