El 12 de enero del 2016, Vicente Borrego fue el primer líder social asesinado en Colombia desde que se empezó el proceso de concentración alrededor de los Acuerdos de Paz con las FARC. A partir de entonces, el país se ha desmoronado poco a poco con cada víctima. Aproximadamente cuatro años han pasado desde el día histórico de la firma que representó el final de más de 50 años de guerra con dicho grupo armado, pero la masacre continúa. Es tan persistente que ni siquiera una pandemia que obliga a un confinamiento obligatorio, ha podido atajar el derrame de sangre.
Sin embargo, este fenómeno viene desde mucho antes del proceso de paz con las FARC. A mediados del siglo XX se desató una guerra entre liberales y conservadores que dejó una cantidad escalofriante de muertos. Lo que detuvo la barbarie fue un acuerdo de alternancia en el poder de quienes venían de matarse en las calles y las veredas (Los más poderosos se pasaban el país de un lado a otro). Sin embargo, esto se generó después el combate entre las fuerzas regulares del Estado y las guerrillas que surgieron en los sesenta.
A mediados de los años ochenta, durante el gobierno de Belisario Betancur se adelantó un proceso de conversaciones con las FARC para buscar un acuerdo con el fin de acabar con el conflicto. Las mediaciones no funcionaron, pero de ahí nació el partido político Unión Patriótica – UP.
El portal RFI señala que desde que se firmó en 2016 el Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, la violencia se redujo notablemente, pero se han registrado entre 300 a 500 activistas sociales, y más de 100 ex combatientes de las FARC asesinados. Incluso, más de 600 defensores de derechos humanos fueron les arrebataron sus vidas mientras se negociaba el Acuerdo de Paz bajo la presidencia de Santos.
Según la ONU, 108 defensores de los Derechos Humanos en Colombia fueron asesinados durante el 2019, solo para los primeros días del 2020, la ola de crímenes se detuvo. El dos de enero se reanudó la masacre, siendo víctima Carlos Cardona, de 40 años, quien celebraba con algunos amigos en Ituango, Antioquia, cuando un desconocido se le acercó y le disparó, según la Revista Semana.
De hecho, este año ha sido uno de los más violentos para los líderes sociales del país. Solo en los primeros 15 días del año se registraron 17 asesinatos, indican datos de El Tiempo. Cuando se pensó que este sangriento fenómeno se detendría debido a la pandemia que actualmente está atacando al mundo entero, los asesinatos de estas personas que luchaban por la vida y el territorio, siguieron siendo parte de la agenda mediática.
Es así que los crímenes contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en el país no han cesado, a pesar de que desde el pasado 25 de marzo empezó a regir en Colombia la medida de aislamiento preventivo con el fin de evitar la propagación del Covid-19. En estos últimos días el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) registró cinco asesinatos de estas personas que luchaban por la vida y el territorio en lo corrido de la cuarentena.
La primer víctima corresponde a Ómar Guisurama Nacabera, líder indígena emberá integrante de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca. El pasado el 25 de marzo fue asesinado junto a su familiar Ernesto Guisurama Nacabera.
La lideresa Carlota Isabel Salinas Pérez, también dio su último respiro ese día. La mujer era miembro de la Organización Femenina Popular y defensora de derechos humanos. Hombres armados llegaron a su vivienda en el barrio Guarigua, del municipio de San Pablo, en Bolívar y siendo aproximadamente las ocho de la noche, la balearon.
Al día siguiente, el 26 de marzo, Alejandro Carvajal, de 20 años, quien participaba en una manifestación de campesinos en contra de las erradicaciones forzadas que hacía el Ejército en la zona, se sumó al listado de líderes sociales asesinados. Los militares reconocieron que un integrante del Batallón de Operaciones Terrestres No. 9 ocasionó un «incidente» donde «muere un habitante de la región».
Luis Soto, exconcejal del municipio de La Apartada, en Puerto Libertador (Córdoba) fue la quinta víctima. El hombre recibió varios impactos de bala en la cabeza.
Otro caso registrado es el de Marco Rivadeneira, quien fue asesinado en la vereda Nueva Granada, al sur de Puerto Asís. El líder se encontraba en una reunión de campesinos en ese lugar cuando tres hombres vestidos de civil y armados, lo sacaron de allí y 30 minutos después se conoció que había sido asesinado, según versiones de los líderes sociales de la zona.
Un joven indígena fue otra de las víctimas, su homicidio se presentó el 15 de abril. El menor de 14 años, recibió una bala perdida durante los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el Ejército, en el resguardo Tacueyó de Toribió, Cauca, según lo denunció la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca.
En el Cauca, el pasado 17 de abril, se presentó otro homicidio. Teodomiro Sotelo Anacona, fue asesinado en la vereda Betania, ubicada en las cordilleras del departamento. El fallecido era Coordinador Nacional Agrario y hacía parte del Consejo Afro Renacer y del Congreso de los Pueblos.
La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombianos Franciso Isaías Cifuentes, denunció que el miércoles, 22 de abril, Hugo de Jesús Giraldo López, fue baleado en su casa por dos hombres que llegaron al lugar abordando una motocicleta. El fallecido era un defensor de Derechos Humanos, de víctimas y reclamante de tierras despojadas integrante de la Asociación de Trabajadores Campesinos y Pequeños Productores Agrícolas del municipio de Buenos Aires, Cauca, del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano y la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica Cauca.
Ese mismo día y en el mismo departamento, pero en el municipio de Micay, las disidencias de las FARC, asesinaron a tres hombres pertenecientes al Consejo Afro Renacer el Micay. Los hechos se habrían presentado hacia las 4 de la tarde cuando se realizaba una reunión que organizó la comunidad para establecer medidas de protección pues en días anteriores, integrantes de ese grupo armado habrían amenazado de muerte a estas tres personas.
En Tumaco, Nariño, cinco cuerpos fueron hallados en el corregimiento de San Juan de la Costa. Estas personas estaban desaparecidas desde hace ocho días, según informaron medios locales, el pasado 23 de abril. Según Semana, en la zona delinque el Ejército de Liberación Nacional (Eln), las Guerrillas Unidas del Pacífico, el Frente Oliver Sinisterra, el Frente Estiven González, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Los Contadores, Gente del Orden y Los Cusumbos.
El 24 de abril se conoció que el ambientalista Alejandro Llinás, líder de la vereda Calabazo, fue asesinado en el área rural de Santa Marta, capital del Magdalena. Según lo informaron medios locales, hombres armados ingresaron a su finca y le dieron fin a su existencia. Llinás también era líder de la Colombia Humana, el movimiento que dirige el senador Gustavo Petro, en la Sierra Nevada de Santa Marta.
La noche del pasado 27 de abril, fue hallado sin vida al interior de su casa, Jairo de Jesús Jiménez, rector de la Institución Educativa Zoila Duque Baena del municipio de Abejorral, Antioquia. Para febrero de 2020, el sindicato de maestros de ese departamento advirtió el creciente registro de amenazas y asesinatos a profesores, según Contagio Radio.
El 29 de abril, hombres armados llegaron a la vereda de El Vado, municipio de Mercaderes, lugar donde han venido resistiendo al embate de empresas mineras y extractivistas. Allí fue asesinado Álvaro Narvaez, presidente de la Junta de Acción comunal junto a toda su familia, conformada por Maria Delia Daza, su esposa; Cristian Narvaez, uno de sus hijos y Yeni Caterine López, su nieta de tan solo quince años.
La situación en el país es tan crítica que incluso la prensa internacional ha publicado sobre el tema. El diario El País, de España, publicó esta tarde que «miles de campesinos enfrentan una doble preocupación: la pandemia y las organizaciones armadas.»
Según la bitácora de Pacifista, en la que se ha venido registrando cada uno de estos asesinatos, han matado a 275 dirigentes, entre presidentes de juntas de acción comunal, miembros de la Guardia Campesina, líderes indígenas, estudiantes, etcétera. “Mientras el gobierno dice que las muertes no son sistemáticas, y que los paramilitares en Colombia no existen, este contador seguirá presente. Ojalá que no crezca”, reza el artículo que es actualizado cada vez que se suma una muerte más a la masacre. Aquí puede conocer los nombres y las historias detrás de cada luchador caido: https://pacifista.tv/notas/lideres-sociales-asesinados-inicio-implementacion/
Hasta el momento, el Gobierno sigue negando que el asesinato a líderes sociales es sistemático. Así lo reflejó la declaración del consejero Presidencial para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa, a principios de enero de este año. El funcionario comentó públicamente que el Gobierno del presidente Iván Duque rechaza de manera vehemente cualquier afirmación que relacione las muertes de líderes sociales con una sistematicidad permitida o facilitada por el mismo, explicando que: “el Estado no es cómplice y no está detrás de dichas muertes”.
Tampoco se ha visto un esfuerzo notable del Gobierno Nacional por detener estos homicidios y la situación ya ha hecho eco a nivel internacional. Así lo demostró el informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la cual se encargó de recopilar casos concretos y realizar recomendaciones al gobierno colombiano. El informe, publicado en Bogotá por el representante de la alta consejería en Colombia Alberto Brunori el 25 de febrero de este año, recibió el respaldo de las embajadas de Canadá, Noruega y Francia en Colombia.
El documento evidencia la situación en materia de derechos humanos al exponer 26 masacres durante 2019, así como 108 asesinatos a líderes sociales -lo que implica un crecimiento del 50% respecto al año antepasado-, con un índice de sistematicidad preocupante, y graves casos de violencia sexual y de género. Esto llevó a la entidad perteneciente a la ONU a declarar la defensa de los derechos humanos como una actividad de alto riesgo en el país.
