Municipios PDET en el Meta: entre los avances y retos por cumplir.

El fortalecimiento de liderazgos con enfoque de género por la defensa del territorio

Puerto Rico es un territorio ubicado en el sur del Meta, conocido como “el municipio de Las Lagunas”, el cual corresponde a una parte de la cuenca del río Ariari. Su vocación del uso del suelo es históricamente agrícola, donde se destacan cultivos como la palma de aceite, plátano, entre otros, así como la venta de ganado y leche.

Con cerca de 11.433 habitantes, este territorio se ha visto afectado por la violencia dejando así, según el Registro Único de Víctimas 5.755 personas afectadas principalmente por el desplazamiento forzado. En medio de sus majestuosos paisajes se encuentran historias de resistencia y constancias por la reconstrucción del tejido social, la defensa del territorio y la búsqueda de la paz.

Una de las habitantes de Puerto Rico es Lisbeth Aroca, quien vive en la Zona de Reserva Campesina Güéjar-Cafre, la cual está ubicada en el Área de Manejo Especial del Parque Nacional Natural la Macarena. Actualmente es la secretaria de la Junta de Acción Comunal y facilitadora en el “Intercambio de saberes entre y para mujeres PDET”, que contó con el apoyo del Programa ProPaz II de la GIZ, el cual está enmarcado en el cumplimiento del pilar número ocho sobre Reconciliación Convivencia y Paz.

Ella, desde su conocimiento sobre los pilares del programa PDET, rescata los espacios donde las mujeres se pueden encontrar y hablar sobre las dinámicas que les atraviesa, ya que «en el intercambio de saberes de mujeres rurales, ahí hemos tenido presencia del PDET en base de enfoque de género, dándole cumplimiento a los acuerdos, entonces hemos visto este proceso con nosotras que fuimos incluidas, nos tuvieron en cuenta para poder participar y poder ser parte también de estos planes del PDET». Estos procesos de reconocimiento e inclusión han sido importantes sobre todo para personas que como Lisbeth han construido su liderazgo en medio de la violencia, con la dificultad de ser mujeres en un territorio machista que, además, genera y promueve barreras para la participación de sus voces en espacios públicos.

Los encuentros, no sólo gestaron una red de apoyo con otras actoras importantes de diferentes territorios del Meta que, como ella, representan una visión en búsqueda de la paz con enfoque territorial y de género, sino que, ayudó a promover que su voz fuera amplificada y sus saberes pudieran replicarse con otras compañeras, “no somos tan técnicas, nosotras hablamos desde el idioma que nosotras conocemos, el de la comadrería, el de hablar como amigas, el de la confianza y esto genera que las otras mujeres que participan se sientan como que no van a hablar con la institucionalidad, sino que lo van a hacer con una amiga, con una vecina, entonces es muy importante y ese ha sido como el componente que ha hecho la diferencia, es eso”, reivindicando sus conocimientos cotidianos, como base fundamental para construir liderazgo desde ser mujeres campesinas.

En el espacio de juntanza reflejaron la necesidad de socializar y profundizar en temas sobre prevención y eliminación de toda forma de violencia, así como el de la autonomía económica, que suele ser una limitante para el desarrollo de los proyectos de vida de las mujeres, los cuales para Lisbeth, son «Algo muy importante que nos ha impactado en los municipios que hemos estado, porque no solo se ha dado en Puerto Rico, también en Mesetas, Puerto Concordia y Mapiripán, es que las mujeres no conocían qué era un violentómetro e inclusive no sabían que estaban siendo violentadas”. Estas situaciones aperturaron la reflexión sobre evidenciar la desatención del Estado respecto a los hechos revictimizantes que viven y el posible escalonamiento de las violencias en los municipios PDET.

Sin bien es cierto que las mujeres son actoras importantes en la lucha por la defensa del territorio, muchas veces están supeditadas a la invisibilización, violencia política y tienen temor de alzar sus voces, pero según nos dijeron algunas de ellas en las entrevistas, han encontrado en el tejido de lazos, una forma de resistencia y acompañamiento desde la construcción de paz y justicia social. «Lo que pasa es que nuestras voces han sido calladas o muchas veces tenemos que estar en silencio para no incomodar a nadie y estos espacios nos dan para sentirnos libres y seguras y poder hablar. Después de estos espacios la que no hablaba habla, la que no cantaba canta y la que no bailaba baila, entonces son unos espacios muy bonitos que la verdad vale la pena apostar”.

Con todo y los avances en términos de articulación, el desconocimiento de derechos, la carencia de espacios para la incidencia política y las condiciones dignas para que las mujeres cuenten con recursos económicos, tener acceso a servicios básico y vías para movilizarse, continúan siendo barreras para que personas como Lisbeth y sus compañeras, puedan desarrollar sus proyectos de vida desde los liderazgos, ya que, al asumir funciones que le corresponden al Estado, como lo son el atender casos de violencias basadas en género, gestionar recursos para sostener los emprendimientos y no tener carreteras que les permita una movilidad en condiciones dignas, les distancia de los avances de procesos colectivos que les permita una mayor autonomía. 

Según la Comisión de la Verdad, en su informe denominado, “Mi Cuerpo es la Verdad”, menciona que “los impactos de ciertas violencias en la vida de las mujeres están directamente relacionados con las construcciones sociales y los roles de género atribuidos a las mujeres, con los estereotipos, la culpa y la responsabilidad que recae sobre ellas”, que al no tener las condiciones sociales, materiales y emocionales. se perpetúan ciclos de violencias que las sitúa en espacios donde las acorrala a estar en los trabajos no remunerados de cuidados, distanciadas también de la esfera pública, como si esta fuera la única posibilidad de ser y estar en sus territorios.

Recorrido de las articulaciones entre institucionalidad y actores sociales

Ante las carencias de las condiciones de las personas en territorios como Puerto Rico, para lograr un apoyo integral a sus necesidades, es importante comprender, el papel de la institucionalidad en la implementación de los pilares en estos territorios, por ello, la ART que es la encargada de la articulación, integración y convocatoria de diferentes actores sociales e institucionales de sectores público privados con entidades territoriales y cooperación internacional y tienen como objetivo la gestión de viabilizar y priorizar procesos y obras para el cumplimiento de las iniciativas, tiene una lectura de lo que hasta el momento ha sido la puesta en marcha de acciones en términos del tejidos social, infraestructura, uso de suelo que permite ampliar la mirada desde estas funciones.

Hermán Orjuela, gestor regional de esta entidad, recuerda la importancia de que haya una coordinación y diálogo articulado entre la institucionalidad que hace presencia en los territorios. «Las grandes fortalezas que tenemos, y eso obedece a un principio que se tuvo claro antes de que se formulara el PDET, es que la implementación o la gestión del desarrollo territorial tiene que ser más gestión que articule la institucionalidad del sector público, el sector privado y la cooperación (…)«. Según lo explicado, todo lo anterior ha posibilitado la realización y priorización de obras que eran requeridas por las comunidades, ejemplo de ellos son son las vías; estas han sido una exigencia histórica de las comunidades rurales para mejorar sus condiciones de vida y, por ende, vivir en paz.

Los PDETS en algunos casos han ido disminuyendo las brechas de conexión territorial en acceso a vías, no solo porque han permitido que se garanticen los derechos de las personas, sino porque también se han convertido esas obras en fuente de empleo y de fortalecimiento organizativo. Ejemplo de ello, el proyecto en el territorio que vive Lisbeth, en el kilómetro denominado, “Cero Panguano” hasta el kilómetro la Y Caño Blanco, la cual es un carreteable que tiene 19 kilómetros que conecta desde Potellas, Caño Blanco, La Rivera a otras vías alternas de la principal, dónde según la lideresa, se contó con gran participación comunitaria. “Se contrataron maquinarias, se hizo el arreglo en viajes, en arreglos de los puntos más críticos de la vía para darle fácil acceso a los campesinos; esto se vio como muy favorable«. 

Lisbeth recuerda que Caño Alfa, fue una de las primeras veredas que comenzó a contratar directamente con el Estado, lo cual incentivó a que otros territorios y las alcaldías articularan en función de organizar los requisitos para que más personas de las comunidades se vincularan en la construcción de las obras donde, «se pusieran a la ardua tarea de que todas tuviéramos la documentación al día, porque la mayoría de las veredas no teníamos los documentos necesarios para poder contratar y pues esto nos limitaba mucho para poder acceder a los recursos”.

Esas primeras iniciativas de autonomía y participación de las juntas de acción comunal, permitieron posteriormente que veredas como San Rafael se organizaran y lideraran el mejoramiento de 500 metros de placa huella y la construcción de un box culvert que aportan al drenaje de la zona, y que se enmarcan en el pilar dos sobre infraestructura y adecuación de tierras. “Nos pareció algo chévere porque viene con una dinámica diferente, porque lo contratan las mismas juntas de acción comunal, pues hacemos veeduría nosotros de los recursos y sabemos en qué se van a invertir; es como una modalidad de que uno dice, sí llegó el dinero, sí se puede ejecutar y que nosotros mismos lo estamos haciendo y pues hacemos rendir los dineros«, puntualizó Lisbeth. 

Esos trabajos mancomunados entre la institucionalidad y la organización comunitaria logran promover un acercamiento más tangible sobre cómo se van adelantando las acciones para el cumplimiento de algunos pilares de la iniciativa PDET, vinculando a quienes viven y construyen de manera cotidiana sus territorios y conocen sus necesidades, impulsando una apropiación de lo implementado colectivamente.

Por otra parte, hay obras relacionadas con iniciativas que tienen que ver con el pilar uno, sobre ordenamiento social de la propiedad rural y uso de suelo. Lisbeth habla de que no identifica una acción que vaya encaminada a este tema. «Pues nosotros, al margen derecha al río, no tenemos ahorita conocimiento así de los temas PDET, o sea que hayan ido hacia el tema rural en este margen del río, no se conoce, o sea las únicas iniciativas que hemos visto que se han hecho es la del tema del arreglo de la vía y el intercambio de senderos que se hizo con las mujeres también de aquí de Puerto Rico”, precisando que la dificultad de la tenencia de la tierra también es un problema que les afecta de manera directa en su cotidianidad. Según datos del Departamento Nacional de Estadística (DANE), el 64% de la propiedad de la tierra pertenece a hombres, lo cual representa para las mujeres un distanciamiento para su autonomía. 

Los procesos de articulación han traído consigo retos importantes tanto para las comunidades como para la institucionalidad que opera las iniciativas. El conformar grupos motores que tuvieran la legitimidad de sus sectores, así como la constancia en los diálogos de construcción de planes de trabajo para llegar a consensos y priorización fue un paso a paso que consolidó un engranaje, siendo un ejercicio de prueba y error para ir construyendo el camino que se ha dado hasta el momento. “Bueno, aquí hay que decir algo francamente, y es que la implementación de PDETS ha sido un ejercicio de permanente aprendizaje, o sea, la construcción de paz territorial es un ejercicio en el cual el gobierno, las entidades nacional, departamental y municipal no estaban preparadas, ni siquiera las mismas comunidades, no hay dijéramos nada escrito que diga, mire, la implementación debe hacerse de esta manera, eso lo hemos venido construyendo paso a paso en un proceso que ha significado muchas veces error- aprendizaje para la mejora que se ha dado«, dijo a El Cuarto Mosquetero Hernán Orjuela de la ART.

Todo ese trasegar para el fortalecimiento de las articulaciones de distintos actores sociales y la puesta en marcha de los PDET, plasman la trascendencia, ganancias y necesidad de continuar manteniendo relacionamientos que contengan una visión conjunta, trabajo colectivo y amplitud institucional, los cuales le apuesten al reconocimiento y vinculación de las comunidades de manera efectiva en cada uno de los planes, implementación y avances de las iniciativas que están en marcha, y las que aún no han llegado al territorio.

Aportes y percepciones sobre los avances de las iniciativas PDET

Pese a que se han logrado articulaciones importantes para el desarrollo de las iniciativas PDET, la institucionalidad tendría carencias en el conocimiento de estos procesos en este territorio y limitaciones porque las comunidades han identificado una distancia entre quienes representan las instancias públicas y la comunidad. “La institucionalidad, hemos visto que algunos, no todos los actores, son como que llenos en estos procesos (…) uno quisiera que bueno, fueran como más cercanos, entonces la institucionalidad, en algunos casos, pues falla«, nos manifestó una de las personas entrevistadas.

Por ello, la intervención de otras entidades y organismos de cooperación permite crear sinergias más claras y directas entre las partes intervinientes. Por ejemplo, se rescata el accionar del programa Propaz II de la GIZ, de instituciones como el SENA y la Universidad Minuto de Dios, que les han permitido desarrollar acciones que potencien sus conocimientos y la construcción de tejidos colectivos. 

Por otra parte, sobre los reportes de las 19 personas de Puerto Rico que se encuentran en el proceso de reincorporación en el territorio, según un informe de la ARN respecto a los avances de las iniciativas PDET, señalan que estas han tenido impactos y apoyos en aspectos como la sostenibilidad económica, habitabilidad y vivienda, salud y acompañamientos integrales. Además, menciona que varios de los resultados que han generado estas iniciativas benefician al círculo familiar y comunidades donde se encuentran establecidas, quienes hasta el 2023 tuvieron acceso a educación básica, primaria, secundaria y media vocacional, y han surgido 31 proyectos colectivos e individuales aprobados, beneficiando a 77 personas y 30 proyectos individuales.

Respecto a iniciativas en términos de infraestructura y adecuación de tierras, así como vivienda y agua potable y saneamiento básico rural, las comunidades desconocen si se han tenido avances, lo que refleja el reto en caso de haberlos, de fortalecer el proceso de comunicación entre los diferentes actores que inciden en el desarrollo de las obras, procesos y planes que vayan direccionados a garantizar condiciones dignas para la vida en este territorio.

La participación de las mujeres en los grupos motor, desde una mirada étnica
y con enfoque de género

Mapirián es un municipio que limita entre el Meta y el Guaviare. Con cerca de 6.036 habitantes, el cual, es reconocido por su biodiversidad, la naturaleza y el avistamiento de aves que es un atractivo para quienes visitan estas tierras. Este territorio ha padecido los estragos de la guerra, la cual, según el reporte de la Unidad de Víctimas, generó un desplazamiento de 511 familias, desestabilizando el tejido social y dejando una historia de resistencia y reivindicaciones. 

Las masacres en Mapiripán, entre 1997 y el 2002, por parte de un grupos de paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia- AUC con apoyo del Ejército Nacional, generó zozobra y un saldo de 75 personas asesinadas, lo cual marcó varios hechos victimizantes que han labrado un camino por la verdad, la justicia, reparación y no repetición. Pese a esto, han aportado por procesos productivos, como la agricultura y diferentes actividades económicas generando una sostenibilidad para las personas que lo habitan, así como un camino de exigibilidad de acceso a derechos, para que el Estado garantice que este municipio supere el estigma de la violencia, y se le reconozca por su contribución a la paz.

Yomari Caviche lleva 30 años en el municipio de Mapiripán, si bien no nació allí, se considera “mapiripense”. Ella es una de las dos delegadas del pilar ocho denominado reconciliación, convivencia y construcción de paz de los programas PDET. Esta lideresa contó con el respaldo de su comunidad para representarles en las deliberaciones, desarrollo e iniciativas. Actualmente, hace parte de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Realidad. Es madre cabeza de hogar de tres hijos y ha venido adelantando procesos en pro del bienestar colectivo de esta y otras zonas de su territorio. Ella se considera feminista, y habla de la importancia del tejido entre mujeres, pese a que en su comunidad no están acostumbrados a visibilizar y dialogar en torno a las problemáticas que conlleva ser mujeres en una sociedad machista. “Yo siempre he sido muy feminista, por encima de todo le he hablado a las mujeres y siempre le digo que debemos apoyar mucho y las comunidades no estaban acostumbradas, entonces sí se dificultaba un poquito”.

El estar en las iniciativas PDET le ha permitido ser escuchada en distintos lugares fuera de su municipio, visibilizando las necesidades y realidades del mismo. Sus desplazamientos a lugares como Bogotá, San José de Guaviare, Villavicencio, entre otros, le han representado retos y desafíos, pero también se ha sentido respaldada por su comunidad que está presta para ayudarle con sus hijos mientras ella les representa. «Se me hace un poquito difícil, pero siempre he tenido ese acompañamiento de los vecinos y de los mismos integrantes de la junta, entonces es como que vaya que le colaboremos y así hemos solucionado para poder asistir a dichas reuniones». Ese apoyo colectivo ha permitido que continúe y persista en sostener ese espacio, para así fortalecer el camino hacia la paz y la reconciliación en su territorio.

Para comprender un poco más del funcionamiento de las iniciativas PDET es fundamental hablar de los grupos motores, los cuales pasaron por una selección en base a la legitimidad que les dieron sus comunidades para incidir en las diferentes fases de la construcción, implementación y seguimiento a los pilares, en las cuales Mapirián viene incidiendo desde su mirada territorial. Según Hernán Orjuela, gestor regional de la ART, “ es un proceso completamente ajustado a lo que las comunidades le vienen demandando al gobierno nacional y fueron muy tenidas en cuenta para la fase de formulación y así sean tenidas en cuenta en la fase de implementación. Allí es donde los grupos motores han venido siendo muy reconocido”.

En los pilares para la implementación de los programas, se ha tenido en cuenta un enfoque de género y étnico que no sólo está como un requerimiento de formalidad de cumplimiento, sino que, al menos, en este municipio, se han escuchado las voces de mujeres como las de Yormari y otras que tuvieron participación en los «Intercambio de saberes entre y para mujeres PDET”, que promovió la GIZ, el cual logró el reconocimiento de liderazgos y, a su vez, gestó el tejido fundamental para el desarrollo territorial entre ellas; sin embargo, varias de las iniciativas no han contado con el apoyo necesario por parte de instancias como la administración municipal para avanzar en los propósitos de tener un municipio libre de violencias.

Diana Olga Caicedo Caño tiene 53 años y lleva 27 en Mapiripán. Ella está vinculada al pilar tres de salud rural; lidera el Consejo Afro y la Mesa de Víctimas, espacios en los cuales ha venido superando una serie de obstáculos, como las barreras institucionales para tener respuesta a sus solicitudes y la de su comunidad sobre el reconocimiento de ellos y ellas en el territorio, ya que no se cuenta con cifras establecidas de cuántas personas racializadas habitan en el municipio, limitando las gestiones que como lideresa puede hacer. Por otra parte, menciona que han sido años de lucha para que les tengan en cuenta; sin embargo, no han logrado tener un terreno que les permita una dignificación y sostenibilidad en sus vidas. Lo anterior ha generado entre la población una percepción de incredulidad y desconfianza hacia el Estado. Aun así, Diana se siente orgullosa de ser y representar a su comunidad y todavía guarda la esperanza que las gestiones adelantadas con la ARN darán frutos. “Ojalá y se logre y nos compren este terreno donde podamos desarrollar ahí un proyecto, sería una fuente para nosotros muy buena, esa es la expectativa que tenemos”.

Estas dos representantes de sus comunidades convergen en similitudes, como el ser mujeres, de un municipio no centralizado, las cuales hacen parte de poblaciones que históricamente han sufrido la violencia de manera diferencial por estructuras y relaciones de poder que pueden restringir sus gestiones y liderazgos. Pese a lo anterior, en ellas se refleja la determinación y persistencia que han construido en sus trabajos territoriales y asumen los retos que significa ser lideresas en un territorio que requiere oportunidades para un buen vivir.

Recorrido de las articulaciones entre institucionalidad y actores sociales

Tanto Diana como Yormary coinciden en que hay una falta de articulación entre la institucionalidad y las comunidades para el desarrollo de los programas PDETS. Sus gestiones en diferentes instancias han sido insuficientes para que varias de las peticiones sean realizadas, “había como 26 proyectos, nos dijeron los concejales en una reunión hace poco, que todos se cayeron, se echaron abajo, entonces no hay otro proyecto que haya tenido éxito, sino solo el de las plantas, es el que conocen los habitantes acá«, puntualizan.

Parte de esos proyectos se construyeron entre las comunidades, que con esperanza dejaron depositadas varias iniciativas en las cuales veían una salida a sus realidades de inequidad social y violencia. Sin embargo, el camino ha sido complejo, el proceso que inició con gran motivación va tomando el rumbo contrario, según Yormary, “Ha sido difícil y todo eso duró un tiempo y luego quedó parado hasta este año que volvimos otra vez a reunirnos porque habíamos quedado quietos. Por ejemplo, cuando empezamos fue chévere y la gente uno lo motivaba, venían a las capacitaciones, lo que le decían, la gente estaba emocionada, pero, pues hoy y debido a tanto tiempo no se ha hecho nada, entonces ya, como que la gente no cree, ya no se entusiasman”.

De igual forma, manifiesta que ha sido todo un desafío poder desplazarse a los
diferentes espacios de diálogos y construcción; por ejemplo, ella, que vive a una hora y media del casco urbano, le implica costos y planeación para lograr participar. “Es un poquito complicado porque en la vereda La Realidad estamos a una hora y media en moto de Mapiripán, entonces siempre es retirado, los caminos son un poquito feítos, pero como el cuento, el que le gusta le sabe, entonces siempre hemos hecho lo posible por estar en esta reunión, hay varios apoyos cuando nos toca quedarnos”.

Luis Antonio Segura, Coordinador ARN subregión Macarena-Guaviare, resalta que en el estado del desarrollo de la ejecución de las obras que garanticen la realización de los pilares se “está haciendo la revisión y actualización de los Planes de Acción para la Transformación Regional con el fin de que esas iniciativas plasmadas se establezcan como programas y proyectos”.

Ante este panorama de espera en los trámites institucionales, Diana destaca la relevancia de los fortalecimientos en temas de acompañamiento a procesos de participación ciudadana como las veedurías, “algunas ONG han estado dando capacitaciones y apoyado mucho estos procesos de veedurías. Sí han estado y apoyado harto”.

La consolidación de estrategias de participación efectiva para el desarrollo de las iniciativas PDET en Mapiripán va dejando retos como el fortalecer los espacios de incidencia y articulación entre las instituciones, comunidades y sociedad civil. Actualmente, se adelantan asambleas en varios municipios PDET, donde se puedan tener en cuenta más comunidades y actores sociales, con el propósito de contar con una participación activa. Según señala Hernán, “ahorita las asambleas comunitarias municipales, sí que la integran no solamente representantes del grupo motor sino de diferentes actores territoriales y poblaciones, dijéramos que de alguna manera no habían sido tan tenidas en cuenta, hoy se están incorporando a lo que son las asambleas comunitarias municipales (…) De esas asambleas se están constituyendo unas secretarías técnicas y activos de trabajo y eso nos va a permitir mucho, dijéramos, una participación activa incluyente y vinculante de las comunidades.

Aportes y percepciones sobre los avances de las iniciativas PDET

Estas mujeres precisan manifestar su insatisfacción por la falta de implementación de las iniciativas propuestas por las comunidades. Por su parte, Diana Caicedo narra que, “hemos estado en muchas reuniones, pero no han querido verdaderamente desarrollar; estuvimos en reunión con el señor alcalde y nos comentó que sólo ha salido un proyecto PDET que es de las plantas solares, y el resto no conocemos otro proyecto”; también señaló que proyectos como el de vivienda no se han dado, “pues el territorio era el mejoramiento de vivienda, pero que habían colocado mucha traba y nunca llegó, nunca se hizo”. 

Algunos de los proyectos que iniciaron, están pausados, señalan que es por falta de voluntad política, «la verdad sí ha sido bastante compleja por motivos de que todo ha quedado parado y pues la administraciones muy poco nos han colaborado, entonces hemos estado ahí como quietos con mucha actitud y esperando que algún día se dé lo que cuando empezamos se dijo, pero pues esperar a ver qué«, lo que sostiene la percepción de falta de apoyo e intervención del Estado para suplir sus requerimientos. 

Por su parte, en la ficha de avance de la ARN se registran 23 personas en proceso de reincorporación, de las cuales siete son mujeres y 16 hombres, quienes han desarrollado ocho proyectos colectivos e individuales de sostenibilidad económica. Dos personas están vinculadas a rutas y programas de habitabilidad y vivienda. También, han tenido acceso a la educación en niveles de básica primaria, secundaria media y educación superior y se encuentran afiliadas al sistema de seguridad social en salud, así como cuentan con beneficios económicos y atención de acompañamiento integral, lo que, según esta entidad, garantizaría el cumplimiento de algunas acciones en el marco de los municipios PDET para esta población.

Los proyectos productivos de acuerdo a la vocación del uso del suelo de este territorio podrían ser una oportunidad importante para mejorar la calidad de vida y las condiciones materiales de quienes habitan Mapiripán. Sin embargo, las comunidades desconocen que se estén adelantando iniciativas de este tipo. Lo que sí se ha visto, son obras de mejoramiento de vías, sin embargo, para Diana, son intervenciones que no cuentan con las condiciones para su sostenibilidad en el tiempo. “Solo le hacen unos arreglitos mínimos que en un aguacero vuelven y se dañan, les hacen unos retoques por decirlo así porque entran carros pesados y eso forma unos huecos”, concluye.

Una apuesta por el mejoramiento sustancial de los medios de vida de las
comunidades

Puerto Concordia nace en 1973 como asentamiento humano, que en su momento fue conocido como «La Cuerera”, el cual hasta el año de 1979 se convirtió en municipio. Su historia inició a las orillas del río Ariari, expandiendo su población hasta hoy en aproximadamente 8.086 concordianas y concordianos, que en medio de actividades agropecuarias, pesca artesanal y comercio formal vienen tejiendo lazos de paz, en un camino donde han estado presentes distintos grupos armados, que han dejado consigo secuelas de la guerra, como el desplazamiento, pero también una memoria de un territorio que hoy lucha por el restablecimiento de las condiciones de vida digna, que les permita continuar construyendo un mejor futuro para las comunidades.

Así como en los demás municipios, quienes hacen parte de los grupos motor, le apuestan a iniciativas que mejoren la calidad de vida de las comunidades, esa búsqueda por un territorio con justicia social ha encaminado y reafirmado las convicciones y acciones de personas como Sandra Patricia Castro Bernal, lideresa concordiana quien representa a su municipio en los pilares tres y cuatro de salud y educación rural.

En la búsqueda de esas garantías para que Puerto Concordia supere años de atraso por falta de infraestructura y accesibilidad a derechos fundamentales como el de educación y salud, esta mujer ha incidido de manera constante para que las propuestas realizadas por la comunidad no se queden en el papel. “Pues como se hizo la iniciativa en Concordia, con las mismas comunidades que son las afectadas sobre ambos pilares, el de educación es la falta de escuelas, falta de muchas cosas que se necesitan para que sea una educación de calidad, y la de salud también es porque necesitamos que la salud sea mejorada tanto en el casco urbano, como en el casco rural”.

Si bien tienen algunas posibilidades de equipos para los procedimientos en salud y educación, hace falta instalaciones que cuenten con personas que puedan llegar a garantizar una atención humanizada que dignifique la vida de quienes residen allí. Lo mencionado por una de las entrevistadas es que “tiene el municipio la posibilidad porque tiene los aparatos, tiene todos los equipos, pero nos hacen falta, son los planteles donde se pueda ejercer eso y los médicos, no tenemos médicos, nos hacen falta enfermeros con verdaderamente ética y médicos que de verdad quieran venir al municipio a trabajar en pro de la niñez, de los indígenas y del afro, de todos”.

Por otra parte, Rubén Darío Castaño, líder de esta comunidad, quien hace parte del pilar dos sobre infraestructura y adecuación de tierras, menciona la importancia de contar con vías y una infraestructura que pueda potencializar el desarrollo social y económico que hay en su municipio, ya que, tanto en sus vivencias como en el sentir de las comunidades, este es uno de los grandes retos por realizar. «Somos un municipio con 23 años de constituido y, pues, ha sido una parte olvidada como del gobierno nacional, y en infraestructura no tenemos, no gozamos de buena infraestructura, entonces por eso quedó priorizada la iniciativa y lo de la adecuación del suelo«. A la problemática de falta de infraestructura se suma la de la titulación de tierras, una situación que tiene vinculación con los impactos del conflicto armado y posteriores procesos de restitución que se vienen adelantando como una forma de reparación a las comunidades. 

Rubén precisa que es relevante entre las propuestas de los planes la titulación de las tierras, al no contar con ese soporte de sus predios, genera una desestabilidad en las condiciones de vida del campesinado. “El municipio tiene una problemática bastante amplia, ya que el 95% de las tierras de los campesinos no poseen título, entonces por eso se priorizó dentro de la iniciativa porque es la base fundamental de nuestro territorio, la infraestructura y la adecuación del suelo. Eso lo palpamos todos los campesinos y todas las comunidades”.

Según la ONG Oxfam, el 1% de las población Colombiana es dueña del 81%, lo que implica un gran reto particularmente por la lucha histórica de la tierra, que el campesinado cuente con titulación para su desarrollo personal, económico y colectivo.

En cuanto a la población de Puerto Concordia, esta es diversa, allí habitan indígenas, afro, mujeres y campesinado que confluyen en este territorio, el cual se ha sostenido por la organización comunitaria, la pujanza y persistencia de quienes han sembrado y cosechado los avances que hoy tienen. Ese camino recorrido ha dejado distintas barreras para el acceso a una vida digna, las cuales atraviesan variables como la falta de empleabilidad, la división sexual del trabajo, el desplazamiento de personas de estos territorios hacia otros lugares por falta de oportunidades, según nos dijeron personas entrevistadas, “las personas tienen que desplazarse a otros lugares a conseguir empleo o trabajo para poder sustentar sus familias porque el municipio no posee las infraestructuras suficientes para darle abasto a la población”.

Factores como el uso de suelo en actividades agropecuarias y otras han determinado roles de género que reducen las oportunidades para que las mujeres logren ejercer labores fuera de espacios como el hogar. Para Rubén Darío, “en el municipio los hombres, la mayoría, están en las ocupaciones agropecuarias, el hombre se dedica a sus tareas de trabajo en el campo, en sus fincas y pues para él sí es más accesible porque, pues ya existen unas palmeras, una ganadería y proyecciones agropecuarias y ahí donde él se despeña más fácilmente mientras que la mujer siempre es menos tenida en cuenta y menos la oferta laboral en el municipio, entonces ella se desplaza a otros lugares a hacer sus labores”, brechas que reconoce como una de esas grandes barreras que es necesario superar.

Según Onu Mujeres Colombia, “las mujeres rurales representan una cuarta parte de la población mundial, trabajan como agricultoras, asalariadas y empresarias. Labran la tierra y plantan las semillas que alimentan naciones enteras. Además, garantizan la seguridad alimentaria de sus poblaciones y ayudan a preparar a sus comunidades frente al cambio climático”:

En algunos espacios sus voces y representaciones se han visibilizado, siendo referentes indispensables para el crecimiento y desarrollo económico, social y político. Reflejo de ello es el liderazgo que tiene Sandra Patricia Castro, y el que ella reconoce en otras mujeres. “Hay mucha mujer indígena capacitada, está también la afro que tiene un espacio en la administración y trabaja allí, están capacitadas para ejercer varios cargos y así sucesivamente. La mujer acá en el municipio tiene un rol muy importante, son muchas mujeres líderes que representamos varios sectores”. No obstante, Sandra menciona que esta realidad no es para todas, y que, por ejemplo, las mujeres rurales continúan en sus hogares sin acceso a capacitaciones o educación que permitiera una cobertura para ellas en las veredas y caseríos poblados donde no llegan estos derechos. “Falta más capacitaciones; la mujer rural que está en su hogar, en su finca que trabaja, también quisiera de pronto estudiar, pero no lo puede hacer porque no se brinda el estudio, sino solamente acá en el casco urbano, se necesitaría que hubiera como esa cobertura también en las veredas”.

La falta de recursos económicos es una limitante para el desarrollo individual de muchas mujeres de zonas rurales en el departamento del Meta. Los apoyos mayoritariamente llegan al casco urbano y los programas que descentralizan esas posibilidades son pocos, los cuales no cubren en su totalidad las necesidades de las poblaciones. “Tenemos tres caseríos poblados, al otro lado del río también hay dos caseríos poblados, entonces sería como que mandaran capacitadores o profesores que enseñaran así fuera por las tardes o por las noches, que muchas mujeres quieren estudiar, pero no lo pueden hacer porque si no vienen al pueblo, pues no pueden y pues es difícil el transporte para transportarse del campo al pueblo”.

Otra de las comunidades que tienen dificultades por falta de condiciones en sus resguardos es la población indígena, que, si bien cuentan con tierras y se encuentran establecidos en sus territorios, en estos no hay servicios ni atención del Estado ante sus exigencias. Para Rubén Darío, «hay dos resguardos indígenas bastante numerosos, aproximadamente más o menos unas 300 familias y, pues, ellos la mayor problemática que han tenido es porque, pues, no se les han dado las herramientas del Gobierno Nacional”. Si bien ellos cuentan con una zona de reserva indígena, manifiestan que esta debe ser atendida para que tengan garantías. 

Dentro de las cifras del informe Mi Cuerpo es la Verdad, las mujeres indígenas, que narraron sus historias, reportaron “desplazamientos forzados en el 31.6% en los eventos de violencia; amenazas, en el 18,8%, violencias sexuales en el 7,2% y despojo, en el 3,21%”, lo cual, al no contar con un espacio territorial que contemple el acceso a bienes y servicio que permita la permanencia de manera digna en sus resguardos, no tendrán una reparación integral de ellas y sus familias, ante los hechos de violencia de las cuales han estado expuestas históricamente.

Recorrido de las articulaciones entre institucionalidad y actores sociales

Hasta el momento han intentado tener acercamientos con distintas entidades para solucionar algunas demandas urgentes como el tema de titulación de predios y el mejoramiento de vías que podrían proporcionar una reactivación económica para el municipio, ya que, como lo describe el líder Rubén Castaño, tienen dificultades por el aumento de precios por los efectos de los costos de envío de los productos, lo que causa una pérdida de ganancias para quienes tienen una fuente de ingresos por estas actividades económicas. “Las fallas que sí tenemos son más o menos 1,500 kilómetros de vías terciarias en mal estado, entonces eso hace que se le dificulte al campesino producir o sacar sus productos hacia la cabecera con un costo que verdaderamente no sea elevado porque cuesta más sacar un viaje de plátano o de yuca con tractor a la turbo que mandarlo de acá a Bogotá, o sea, es más costoso, el doble… Estamos a la espera de que el gobierno nacional asigna unos recursos lo suficientemente buenos para hacerle el mantenimiento a estas vías».

Los diálogos sociales para la planeación e implementación de las iniciativas de los PDET contaron con tres momentos en los cuales actores como gobiernos de las entidades territoriales, cooperación internacional y Ministerio Público estuvieron presentes. Estas fases permitieron en un primer momento el acercamiento de la institucionalidad a las veredas, para recolectar propuestas que posteriormente fueron depuradas de acuerdo a la viabilidad, y otras se agruparon una vez que se llevaron al casco urbano para su análisis. Luego de un tiempo, se surtió un proceso que culminó en la firma del plan de acción para la transformación regional. De esa primera parte han pasado varios años y se estima que la implementación de las propuestas tardará algo más, señala Germán Orjuela de la ART, “De momento se estimaron 15 años para hacer su implementación, que consiste en tomar cada una de esas iniciativas, -cuando hablo del término tomar es que las mismas comunidades las prioricen y esas iniciativas se movilicen en proyectos- para una vez el proyecto esté formulado de acuerdo a la metodología que exija una fuente posible de financiación, este proyecto entra a ejecución o implementación”.

La cooperación internacional ha logrado apoyar y tener un acercamiento con las comunidades y administraciones. Con ellas se han adelantado procesos en algunos pilares como educación, sin embargo, las comunidades también requieren respuesta que aún no han tenido por parte de la administración municipal, para abarcar las distintas zonas del municipio que necesitan la gestión, para convertir sus necesidades en derechos garantizados. Según Sandra Patricia “ahoritica un grupo de entre asociaciones, grupo motor de acá del municipio, que se está trabajando con GIZ y Uniminuto, estamos trabajando en educación en salud, pero lamentablemente hemos tocado puerta en la alcaldía, pero no hemos obtenido ninguna respuesta”.

Aportes y percepciones sobre los avances de las iniciativas PDET

Es relevante resaltar los factores que han identificado algunos líderes y lideresas de los grupos motor, sobre las barreras que vienen teniendo y sobre la falta de un canal de comunicación efectivo que logre tejer los lazos para el desarrollo de las propuestas en torno al desarrollo territorial de los planes PDET. Esa fragmentación en los diálogos tiende a retrasar solicitudes que son prioritarias para los y las habitantes de ese municipio. Lideresas como Sandra, al no identificar los actores a los que se puede dirigir para comentar todo lo que en su trabajo territorial ha identificado, solicita -como su comunidad- ayuda para poder ser escuchada.

Ante lo anterior, manifiestan que la falta de recursos ha sido un obstáculo pese al trabajo ya adelantado respecto a la caracterización de las condiciones en términos de salud y educación en las cuales se encuentran las comunidades del casco urbano y zona rural del municipio. 

También, una de las prioridades es el puente sobre el río Ariari que conectaría al municipio con otra zona del departamento, sin embargo, varias de las dificultades en trámites institucionales tienen a Puerto Concordia y a los y las habitantes de Mapiripán, a la espera de la realización de la misma. “Está en trámite, pero, pues entonces, sí se ha demorado, estamos a la espera de que le asignen la contratación para comenzar dicha obra. Esto sería, mejor dicho, una reactivación económica estupenda porque nos daría las garantías”, concluyó Rubén Darío.

Por su parte, la ARN, en su informe de acompañamiento a comunidades en proceso de reincorporación, señala que son 17 personas, de las cuales seis son mujeres y 11 hombres que están en el territorio, quienes en estos programas se han vinculado a 11 proyectos colectivos e individuales que benefician a 14 personas, así como dos están en la ruta o programas habitacionales entre el año 2021 y 2023. En este último, seis hombres y tres mujeres han accedido a educación básica, primaria, secundaria, media y educación superior. El cubrimiento en afiliación al sistema de salud, acompañamiento integral y beneficios económicos es el 100%; lo que manifiestan también contribuye al progreso de los sectores que les rodean.

Desde una mirada intergeneracional por la paz

Mesetas se encuentra a dos horas y media de la capital del Llano, es un municipio que cuenta con cerca de 12.192 habitantes, y está ubicado en el piedemonte que hace parte del valle del río Duda. Su historia está marcada por la pluriculturalidad, ya que tiene diversidad de comunidades indígenas, afro, campesinas y de firmantes de paz, que confluyen y que vienen superando años de estigmatización a causa del conflicto armado, en su territorio. Actualmente en esta tierra de muchas cascadas, el turismo es una de las actividades económicas que fortalecen el proceso de restablecimiento del tejido social, así como su vocación agrícola y ganadera.

Eduardo Cruz lleva 50 años en este municipio priorizado por los programas PDET, tiene un liderazgo sólido soportado por su participación y trabajó en espacios como el Concejo Municipal, siendo como lo manifiesta, “residente del Concejo del siglo pasado y el primero de este siglo, entonces, pues yo creo que en las actas del Concejo queda mi nombre escrito para la historia”, un recorrido que no queda ahí, ya que actualmente es el representante legal de la Asociación de Pequeños y Medianos Productores y Presidente de Asojuntas, cargo en el cual representa a las 63 juntas de acción comunal a nivel veredal y siete barrios a nivel urbano.

Su experiencia ha estado marcada por los impactos de la violencia y el alivio que ha dejado el proceso de paz. “Yo creo que ese proceso fue algo que alivió en parte del sufrimiento de tantos años, de tantas noches de trasnoche, desvelo de todos los habitantes de este municipio, fueron épocas muy duras, muy difíciles e incluso de dolor para muchas familias porque de ahí en esa época se perdieron muchas vidas y muchas de ellas inocentes”. En la reconstrucción de tejidos y vínculos entre las comunidades, los cuales han pasado por el reconocimiento de la otra persona como un actor importante para ir sumando esfuerzos por los objetivos conjuntos, se han gestado distintos liderazgos que continúan persistiendo en generar posibilidades para mejorar la vida de las y los mesetenses.

Dentro de esos liderazgos sólidos se encuentra los de las mujeres, como el Ángela Hernández, quien pertenece a la veeduría PDET y otros procesos, los cuales le han permitido identificar las relaciones de poder que continúan siendo un tema de hombres, “los hombres siguen siendo los que mandan, los que defienden lo que se hace”. Para ella, hay varias variables que restringen que las mujeres puedan avanzar en sus proyectos de vida. Una de esas es la falta de ingresos que va de la mano con la carencia de empleabilidad en su municipio, así como el no poder acceder al sistema educativo. “En un municipio como este no hay una empresa para conseguir trabajo, entonces toca trabajar en lo que salga de manera informal, en una cocina, en una panadería, en lo que sea, entonces yo pienso que más que todo sería tener una forma monetaria de poder tener bien a sus hijos y estar en un lugar digno”, reflexiona.

Por su parte, Lucrecia Patiño Ortiz es otra de las mujeres que ha labrado camino, ella es hija de este municipio, hace parte de una organización llamada Asociación de Mujeres Chocolate Entre Amigas que tiene como objetivo la apropiación de la Ley 1257 del 2008 y el empoderamiento de las mujeres, así como el conocimiento de las rutas de atención en caso de sufrir o conocer algún tipo de violencia basada en género.

Lucrecia es una de las veedoras PDET, proceso que se consolidó desde el objetivo de la partición ciudadana, de la que nació la Red Somos Paz en la cual están vinculados cinco de los ocho municipios PDET, y se enfocan en hacerle seguimiento a las problemáticas de salud y educación en sus territorios. Esta mujer es conocedora del machismo que aún persiste en su comunidad, es una lideresa que ha tenido que sortear los obstáculos que se imponen cuando las voces de las mujeres quieren ser escuchadas, sin embargo, también ha podido percibir los avances que poco a poco han logrado. “Hay mucho machismo, más que todo en la parte rural, pero yo veo que cuando hay cosas que son duras ahí, si prefieren que las mujeres estén ahí al frente, como ha pasado en lo de las juntas de acción comunal, dónde han dejado más que las mujeres toman ese rol… pues a mí me parece bueno e interesante que ya también los hombres empiecen a reconocer que uno también puede”.

Teniendo presente que los procesos son a largo plazo, y requieren de liderazgos nuevos, las comunidades continúan organizándose. “Los jóvenes de la comunidad deben empoderarse de su país porque nosotros ya vamos de paso, entonces ellos son los que tienen que empezar a hacer el cambio para dejar también a las futuras generaciones”, recuerda Lucrecia.

Permitir y potencializar la participación de los y las jóvenes ha impulsado que surjan liderazgos nuevos con las claridades de su papel en la construcción de paz y la importancia de ser voceros y voceras de las juventudes en diferentes diálogos sociales. Karen Santamaría con 17 años hace parte de la plataforma juvenil y el colectivo de comunicación Choco Violeta, este último nació en la coyuntura de la emergencia sanitaria por la pandemia, cuando a raíz de un trabajo en clase se materializó la idea de hacer una noticia con herramientas de comunicación como el celular y al ver la acogida que posteriormente tuvieron, conformaron su organización juvenil.

Karen describe a los y las jóvenes de Mesetas como activos y recursivos en temas sociales, “los jóvenes del municipio de Mesetas somos muy activos en cuanto al tema social, hacemos diferentes colectivos y organizaciones que diariamente dentro de nuestras labores cotidianas, le aportamos mucho al municipio”. 

Es también la juventud la que destaca en actividades alrededor del turismo, la
memoria, la poesía, radio, entre otras, con el fin de aportar a la paz y de paso formar los nuevos relevos generacionales que permitirán una constancia de lo ya construido. “Acá se dice mucho que no hay espacios para el intercambio de relevo generacional ni de intercambio de conocimientos, entonces eso es lo que hemos venido haciendo, tratando de crear o generar esos espacios para nosotros mismos y para poder continuar en estos procesos”.

Según, Luis Antonio Segura, coordinador de la Agencia de Renovación de Tierras (ART) subregión Macarena-Guaviare, se han implementado espacios de participación juvenil que pretenden garantizar que las voces de la juventudes de estos municipios sean priorizadas. Para el año 2023, se conformó las Mesas Municipales Comunitarias PDET desarrollando metodologías que posibilitan un “rol protagónico en la cualificación de las iniciativas”, donde jóvenes quedaron vinculadas a las Secretarías Técnicas de ese espacios. 

Para el 2024 en la actualización de los Planes de Acción para la Transformación Regional, la participación juvenil tomó una mayor relevancia ya que lograron incidir en ese proceso y además “recibieron capacitación para liderar iniciativas que promuevan el desarrollo sostenible en sus comunidades”. Dejando la puerta abierta para un próximo encuentro, donde participarán la Plataforma Departamental de Juventudes y el Consejo Departamental de Juventudes del Meta y Guaviare, así como organizaciones como las que lidera Karen y sus compañeras. 

Las distintas voces reflejan lo importante de entrelazar las experiencias, visiones y acciones para que conjuntamente el legado de paz continúe siendo un proceso que se distancia de lo individual, para tejer desde lo colectivo y que en el camino recorrido hasta ahora se han abierto la posibilidad a la incidencia desde el control social, desde varias miradas intergeneracionales, para que de forma articulada, se continúe avanzando en el cumplimiento por parte del Estado, en las iniciativas y programas PDET en Mesetas.

Recorrido de las articulaciones entre institucionalidad y actores sociales

Para el recorrido inicial de recolección de la información de los PDET, se transitó por centros poblados y zonas rurales para posteriormente llegar al territorio urbano del municipio y analizar las propuestas para hacerlas viables, dependiendo el requerimiento de cada zona.

Hasta el momento, según lo dicho por la lideresa Lucrecia Patiño, han intentado tener articulación con la administración municipal para ver los avances o hacer gestiones, sin que hasta ahora sea algo que se haya logrado. “Frente a las iniciativas, pues el apoyo como vuelvo y digo es muy mínimo, de pronto la falta de recursos y de interés también de ver la importancia para implementar de estas iniciativas son muy pocas, en realidad es muy poco lo que se ha cumplido sobre eso, hace falta como tener digamos una autoridad o un alcalde como más comprometido”.

Por su parte, la percepción de la joven lideresa Karen Santamaría es similar a la de Lucrecia, ya que la interlocución con la administración de turno no es fluida, han tenido apoyo de algunas dependencias, sin embargo, no llegan a suplir las demandas que tienen las juventudes de Mesetas y otros territorios. “Siento que una Alcaldía, un alcalde debería estar presente digamos en esos espacios tan importantes que son para nosotros los jóvenes que somos un grupo muy grande dentro del municipio, pero saber que no estamos por ejemplo caracterizados de qué oportunidades en cuanto a estudio, en cuanto a emprendimientos, empleo, para nosotros es algo muy triste y saber que llegamos a esos espacios y el Alcalde nunca ha estado, sí de pronto va y saluda y ya”.

La ART ha participado en diferentes mesas con alguna periodicidad donde se ha puesto sobre la mesa proyectos que estaban en formulación y tenían dificultades. Estas interlocuciones se dieron entre actores territoriales, gobernadores, alcaldes y directivos del orden nacional, siendo esta entidad un eje articulador para que algunas demandas de las comunidades se hayan podido gestionar en otras esferas institucionales. Para Hernán Orjuela de la ART, “en ese espacio se trataban proyectos ya de alto impacto regional y de alta inversión económica, entonces en esos espacios y en esos trabajos la articulación siempre ha sido muy fuerte con la institucionalidad, eso nos hace dijéramos fuertes en los territorios, somos una entidad que integra, que articula y que moviliza la institucionalidad al territorio”.

Otro actor presente en Mesetas, es la cooperación internacional, la cual le viene apostando según Eduardo Cruz, al fortalecimiento por medio de la capacitación y facilitando recursos para robustecer los conocimientos de las poblaciones. “En este momento ya se adelantó también a través de GIZ la capacitación para presidentes y secretarios en lo que tiene que ver en planes de desarrollo a nivel veredal, entonces, de todas formas, de alguna manera estas entidades son importantes y en realidad han aportado mucho para nuestro municipio”.

El desconocimiento de lo que implica ser un municipio PDET también ha sido un factor para que las personas no se apropien de algunas peticiones necesarias para sus municipios. Pese a que a este llegan ofertas para capacitarse e ir creciendo de la mano con los y las lideresas que están pendientes del desarrollo de las iniciativas, la asistencia suele ser casi de las mismas representaciones que han estado interesadas en conocer la implementación de los programas PDET. 

Ante esta situación, lideresas como Angélica Hernández, menciona que es
necesario generar metodologías con lenguajes menos estructurados para que el grueso de la población comprenda de qué se está hablando, así como difundir por las emisoras o desde las juntas de acción comunal lo que se podría aprender.

Aportes y percepciones sobre los avances de las iniciativas PDET

Este municipio ha tenido algunos avances en temas de infraestructura, arreglo de vías, apoyo en gestiones de salud, además de la participación que tuvieron varias mujeres en el encuentro de diálogos PDET que impulsó la GIZ con apoyo del SENA, la Universidad Uniminuto y la Agencia de Renovación del Territorio (ART), lo cual viene aportando a la realización del plan de acción para el desarrollo con enfoque territorial en distintos sectores.

El desarrollo de convenios para mejoramiento de vías y construcción de placas
huellas, se ejecuta de manera más eficiente cuando está a cargo de las comunidades. “Lo que sí se ve es que las cosas rinden más, se hacen como con más conciencia. Por ejemplo, un proyecto se viene dado para hacer un ejemplo de 2 km, y las comunidades posiblemente lo hagan alcanzar hasta para 3km. Eso es como lo único que se ha visto y de ahí que las juntas se hayan empoderado en exigir”, explicó Eduardo Cruz.

Para Karen Santamaría, el apoyo de cooperación permite que haya avances en las apuestas juveniles, “la GIZ como consejo nos dio algunos equipos, y por ejemplo recibimos también de Voces del Territorio, fue la primera vez que nos dieron una cámara y un dron, nos dieron trípodes nos dieron un audífono y todo eso”. A partir del fortalecimiento que recibieron, crearon el cortometraje “El Río me salvó”, que habla de cómo la juventud tuvo nuevas oportunidades después del Acuerdo de Paz.

Así como las juventudes han podido avanzar en algunos de sus propósitos, las
juntas de acción comunal y las veedurías que hacen seguimiento al cumplimiento de las iniciativas PDET, han potencializado su participación e incidencia en la vinculación para el desarrollo de dichos proyectos que han beneficiado a la población Mesetense.

Para Sol Ángel Hernández, desde la apertura de la participación de las comunidades no era clara la destinación específica de los recursos para hacer viables las propuestas. “La verdad creo que hay unas vías que sé que se han hecho con recursos de esto, pero las mayorías de iniciativas que se colocaron estaban sin recursos, o sea, digamos que quedaron ahí, pero para buscarles el recurso, no tenían recursos propios como tales o que digamos la gobernación o la alcaldía le inyectara esos recursos, entonces, pues no sé si será por eso que muchas de esas cosas no se han podido hacer”. 

Lo anterior han sido obstáculos que también señala Luis Antonio Segura, Coordinador ART “las iniciativas quedaron muy amplias y ambiguas,
efectivamente es lo que demanda la comunidad, pero hay que aterrizarlo para llevarlo a programas y proyectos, de tal forma que puedan ser medibles y cumplibles en el tiempo. Segundo, los recursos proyectados son insuficientes, al día de hoy se evidencia que hace falta inversión. Tercero, es necesario prolongar el tiempo de cumplimiento de los PDET”. Lo cual también señala, a pasado por el desconocimiento de las administraciones locales, y la institucionalidad así cómo la “pérdida de recursos por la burocracia”:

Por su parte, respecto a la población firmante, en el informe de la ARN, este
municipio es uno de los que más tiene vinculación de personas a sus programas, ya que se registran 53 mujeres y 106 hombres para un total de 159 personas en proceso de reincorporación, de las cuales en sostenibilidad económica han desarrollado 62 proyectos colectivos e individuales, qué han beneficiado a 330 personas. A su vez, 13 están vinculadas en los programas de habitabilidad y vivienda.

Otros de los alcances de estos programas de la ARN han permitido que accedan a educación básica primaria, secundaria media y educación superior, así como a la afiliación al sistema de seguridad en salud y el acompañamiento integral, beneficios económicos y el acompañamiento en casos de riesgo. Esto como cumplimiento del Acuerdo Final de Paz respecto al acceso a derechos que posibiliten el desarrollo digno se sus proyectos de vida.

Aportes y percepciones sobre los avances de las iniciativas PDET

Este municipio fue fundado en 1964 y su nombre hace alusión a su vista hermosa sobre la vega del río Güejar y la Serranía de la Macarena. Cuenta con una población aproximada de 17.187 habitantes y entre sus actividades económicas, se encuentra la agricultura, sobresaliendo entre sus productos los relacionados con el cultivo de palma de aceite, cacao, papaya, entre otros, también, el ecoturismo ha tomado fuerza desde la firma del Acuerdo Final de Paz en el año 2016.

Sin embargo, también les ha atravesado el flagelo del conflicto armado, según el Registro Único de Víctimas, entre los años 1985 y 2016 desaparecieron de este municipio cerca de 1.966 personas y los años más críticos fueron entre el 2000 y el 2006. Pese a esto, han resistido al señalamiento social y desatención del Estado, consolidado espacios de reconstrucción de la memoria, la paz y la reconciliación. 

En este municipio se vienen ejecutando algunos programas que le apuestan a la reconstrucción del tejido social y la memoria. Dentro de esas iniciativas que han impactado el territorio PDET, está la reinauguración del Centro de Memoria Histórica – Casa Campesina, que se encuentra en el marco del pilar ocho sobre paz y reconciliación y el seis, sobre temas turísticos. La casa es el punto de encuentro de diferentes actores sociales que, a través de la construcción colectiva, propenden por tejer relatos y vivencias para cultivar y cuidar, desde las acciones, la memoria.

Dentro de estas acciones se encuentra un recorrido por la “Ruta de la Reconciliación Memoria Itinerante”, donde según Cesar Augusto Ramírez, un habitante del municipio, manifestó que estos espacios “construyen relatos” de lo vivido en los años de intensificación de la violencia, donde se evidencia “ese tránsito del dolor a empezar a construir paz”. 

Otra de esas propuestas que se han podido lograr es la del fortalecimiento y apoyo a la banda sinfónica Josué Gustavo Bejarano, la cual está conformada por 20 niños y niñas que desde la música y la cultura forjan el camino para generar otras posibilidades de vida para la niñez y juventudes vistahermoseñas. 

Ahora bien, el avance en fortalecimientos se viene realizando de manera paulatina, dejando entre las percepciones que aún hay propuestas  fundamentales para el desarrollo del municipio que no se han podido materializar. Según el informe denominado, ¿cómo va el enfoque de género del Acuerdo Final de Paz en el Departamento del Meta?, realizado por el Colectivo de mujeres ENREDADAS por la paz, la memoria y la vida sin violencia en este territorio, evidencia que pese a tener 27 iniciativas en su Plan Municipal de Transformación Rural (PMTR) solo doce cuentan con la “etiqueta de género y mujer rural” lo que podría significar que el impacto del desarrollo de varias de las acciones no beneficiaría de manera directa a esta población que ha vivido de forma diferencial la violencia y que en ese camino de restablecimiento de derechos, se le ha despojado de la posibilidad de oportunidades tangibles para materializar sus metas individuales y colectivas.

En los hallazgos de este informe también se hace un análisis de la población firmante la cual manifestó que, “muchos convenios no avanzan con la misma facilidad y consideran importante que la actualización de los PDET las incluya a ellas, pues pese, al traslado del ETCR aún viven en el municipio de Vista Hermosa cerca de 30 familias de firmantes en la zona”, reflejando, entre otras cosas, la carencia de enfoque diferencial en el desarrollo de los pilares de los programas.

Recorrido de las articulaciones entre institucionalidad y actores sociales

Para Martha Lilia Garzón, quien es lideresa de la Asociación de Mujeres Desplazadas del Meta – ASOMUDEM y pertenece a la mesa de víctimas en este municipio, la cual ha tenido un liderazgo importante en temas de garantías de derechos humanos y la contribución a la eliminación de toda forma de violencia.

El panorama en el desarrollo de las iniciativas PDET en este territorio es desconocido, ya que no se cuenta con una socialización en los diferentes espacios sobre cómo se viene liderando y realizando las iniciativas. Ella menciona que el conocimiento que tiene es sobre algunas obras de placa huella en los sectores rurales y el mejoramiento de unas vías. “Nosotras no sabemos cómo están esas iniciativas, si hemos visto placa huella y vías, pero programas con las mujeres muy pocos, nosotras nunca hemos estado en alguno, además la Alcaldía poco informa”. Ese desconocimiento promueve una percepción de desatención por parte del Estado para que las comunidades estén vinculadas al progreso de las propuestas hechas con cada una de las poblaciones que se encuentran en Vista Hermosa, si bien, se han desarrollado acciones para el cumplimiento de algunos pilares, al igual que otros municipios, los canales de comunicación entre la institucionalidad y las poblaciones son débiles.

Según la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación a través de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), en el año 2019 se destinó $73 millones para el mejoramiento de una caseta comunal de la vereda Buenos Aires, según su informe esa inversión benefició a 30 familias donde también se generó cinco empleos en el territorio, desde la modalidad de construcción colectiva, en la cual se vincula habitantes del sector para trabajar en las obras PDET.

Sobre las debilidades evidenciadas por organizaciones como HENREDADAS por la paz, para continuar trabajando en los PDET con enfoque de género y mujer rural, hace falta la descentralización de las acciones y que las iniciativas cuenten con su participación de manera directa. Para Luis Antonio Segura- Coordinador ART subregión Macarena-Guaviara, muchas de las mujeres que integran las Mesas Municipales Comunitarias PDET, son lideresas sociales muy fuertes, con un alto sentido social y que añoran una transformación social de el territorio. En el 2023, en los 12 encuentros municipales de la subregión, “contamos con un total de 645 participantes registrados, de los cuales el 43,6% son mujeres. 

Lo anterior según manifiesta el funcionario, ha permitido que, en los resultados y análisis preliminares de la actualización de las 1.756 iniciativas municipales revisadas en la subregión Macarena- Guaviare, se destaque que las iniciativas
etiquetadas con enfoque de género y mujer rural hayan pasado del 17,3% al 79,3%”, sin embargo recalca que, “se está haciendo la revisión y actualización de los PATR con el fin de que esas iniciativas plasmadas se establezcan como
programas y proyectos”.