Hace dos años la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas ANMUNCIC de San Juan de Arama presentó un informe que da cuenta de sus afectaciones por el conflicto armado. El legado de Marleny Rincón continúa con los esfuerzos por la reparación colectiva.
Marleny Rincón llegó a recibir una parcela de tierra en San Juan de Arama en 1989. Se trataba de una entrega que realizó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -Incora- a familias no sólo del Meta sino de muchas partes de Colombia. Ella provenía de Cundinamarca y la vereda donde se asentó fue Brasilia.
Desde antes de trasladarse a los llanos, hacía parte de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas –ANMUCIC– y llegó a este nuevo territorio con la intención de seguir y consolidar un nuevo grupo que se afiliara a la organización nacional.
“Llegó con todo el entusiasmo para que las mujeres de San Juan de Arama fundáramos la Asociación ANMUCIC municipal. Hicimos el enlace con mujeres lideresas que quisieran hacer parte, con la visión de trabajar con nosotras mismas en nuestros derechos”, recuerda Ana Silvia Cortés, amiga y compañera de Marleny.
La lideresa realizó una convocatoria y asistieron 25 mujeres, entre las cuales estaba Ana Silvia que en ese entonces ya era concejala y también ejercía un liderazgo. El objetivo era organizarse e implementar proyectos productivos.
Una de las primeras dificultades que encontraron Marleny y su coequipera Ana Silvia era el machismo. “Tenían que pedirle permiso al esposo para asistir”, dice Ana Silvia. Los encuentros se hacían a escondidas y el mensaje se transmitió voz a voz a pesar de que varias tuvieran prohibido asistir a reuniones y pertenecer a grupos.
Cuando recibieron la personería jurídica en 1992 ya tenían grupos de tres mujeres cada uno en 17 de las 30 veredas del municipio. Llegaron a ser más de 120. Marleny fue designada como presidenta y Ana Silvia como Fiscal.
Fotografía: Simón Zapata Alzate
Los noventas: organización y violencia
San Juan de Arama tiene una ubicación estratégica. Es mejor conocido como “la puerta de entrada a la Sierra de la Macarena” ya que es paso obligado a municipios del sur del Meta como Mesetas, La Uribe, Vista Hermosa, La Macarena, Puerto Rico y Puerto Lleras.
Esta subregión llamada Ariari-Guayabero contó en los años noventa con la presencia de los frentes 7, 26, 27, 40 y 43 de la guerrilla de las FARC – EP, según Nathalia Guerrero en su trabajo de investigación denominado Crónicas del Indio Acostado: historias de despojo en San Juan de Arama.
Ana Silvia recuerda que muchas de estas mujeres tenían a sus esposos e hijos en la guerra: “En ese tiempo las FARC ya tenían una estructura formada en los frentes y los que los componían eran los esposos y los hijos de las señoras. Entonces con mucho más recelo tocaba a escondidas las reuniones porque a ellas les daba mucho miedo”.
El cultivo de coca “se puso de moda y solamente se podía cultivar esta planta. Estaba prohibido tener más cultivos y proyectos”. No dejaban a las señoras tener sus cerdos, sus gallinas, sus proyectos. Por esta razón, “la persecución que sufrieron las mujeres no fue de un solo grupo. Todos los grupos armados nos amenazaban y no dejaban que nos reuniéramos, incluso también desconfiábamos de las fuerzas militares”, relata Ana Silvia.
Sin embargo, Marleny siguió con su objetivo de promover la organización de las mujeres. Decidieron expandir la Asociación al resto del departamento: se estructuraron grupos que pertenecían a ANMUCIC en municipios como Mesetas, Vista Hermosa, Puerto Lleras, Puerto López, Puerto Gaitán. Marleny fue la presidenta departamental y Ana Silvia la Fiscal.
Las amenazas eran constantes. “Cuando estábamos en reuniones llegaba gente armada y nos decían que no podíamos seguir”. Ana Silvia recuerda una anécdota en particular en la que llegó un proyecto del Ministerio de Agricultura con gallinas, pollos y cerdos para 80 mujeres y mientras entregaban el proyecto un grupo armado les dijo que tenían que devolver todo lo que tenían y les recordaron sobre la prohibición explícita de estos proyectos.
Ana Silvia era la que hacía la presentación de la Asociación, moderaba las reuniones y Marleny era la representante legal y la encargada de la parte administrativa. A ambas les prohibieron visitar las veredas.
El 21 de julio del 2000 Marleny fue asesinada en la entrada de su finca. La Mesa de Trabajo «Mujer y conflicto armado» de la Comisión Colombiana de Juristas documentó en el Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres y niñas en Colombia que “el crimen fue perpetrado por un grupo de hombres, presuntamente paramilitares, quienes acusaron a Marleny y a su esposo de colaboradores de la guerrilla”.
A Ana Silvia todavía se le corta la voz cuando habla de la muerte de su amiga. Tiene la piel canela y las manos pecosas. Se tocaba el pelo varias veces, para atrás de los hombros, detrás de las orejas, nerviosa. Luego de la tragedia se desplazó de su municipio a la ciudad de Villavicencio y duró 8 años escondida.
En el resto del país, más lideresas de ANMUCIC también fueron asesinadas, según documenta el anterior informe citado. Marta Cecilia Hernández, en el Zulia, Norte de Santander. María Emma Prada, hasta el 2000 presidenta de ANMUCIC y organizadora del proyecto de “Forjadoras de Paz” en la región del Catatumbo, Norte de Santander. Ana Julia Arias de Rodríguez tesorera en Quipile, Cundinamarca. Muchas más se exiliaron. “Nos exterminaron prácticamente” dice Ana Silvia.
Fotografía: Simón Zapata Alzate
La paz y el informe de San Juan de Arama
Ana Silvia regresó con la intención de seguir promoviendo la organización de las mujeres y de volver a reactivar la asociación. Pero el miedo las seguía habitando. Los asesinatos, las amenazas y los exilios todavía eran razón para evitar el encuentro.
Luego llegó la ley de víctimas y el proceso de paz con la guerrilla de las FARC – EP. A nivel nacional fueron entre 7.000 y 8.000 mujeres de ANMUCIC y a algunas las llamaron para que hicieran parte de las negociaciones en Cuba. Pero San Juan de Arama no entró como municipio priorizado en estos acuerdos de paz para Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET.
Entre el 2013 y el 2016 se dio el proceso para que la Asociación a nivel nacional fuera declarada como Sujeto de reparación colectiva. Mediante la Resolución No. 0306 de la Unidad Para las Víctimas del 5 de abril de 2016, se estableció un plan que contenía 15 medidas y 61 acciones de competencia de varias entidades del Estado para dicha reparación.
“Yo empecé a reclamar lo de San Juan, porque directamente fui afectada. Y en la Unidad para las Víctimas me dijeron que San Juan de Arama no tiene un informe real de las afectaciones del conflicto”, relata Ana Silvia.
La lideresa duró 2 años visitando veredas para volver a reactivar la Asociación, pero la respuesta era negativa. “Eso la matan a usted”, “nosotras la apoyamos, pero yo no me quiero meter en nada”, le decían las mujeres. “¿A dónde no fui? en moto, en carro, en lo que me llevaran, en la lechera por allá colgada me iba con un cuaderno en mano”, recuerda.
Ana Silvia les explicaba que a nivel nacional eran sujeto de reparación colectiva, pero en San Juan de Arama “tenemos que reclamarlo directamente nosotras y respondían que no”. Una vez la invitaron a una reunión sobre defensa de derechos humanos y allí conoció a la ONG Ilsa.
Desde hace ocho años esta ONG ha acompañado a las mujeres de ANMUCIC San Juan de Arama en el fortalecimiento de su tejido social y en la realización del informe que necesitaban para ser declaradas sujeto de reparación colectiva y de esta forma concertar con la Unidad para las Víctimas la reparación integral con las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición e indemnización en los componentes social, político y económico.
Mayerly Díaz, integrante de Ilsa, explicó que este informe se desarrolló de manera participativa con las mujeres y se presentó ante la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- hace dos años. Se realizaron grupos focales de a 15 mujeres que viajaban hasta el municipio de Granada para conversar y realizar el informe.
“Nos interesa que ellas puedan ampliarlo y reforzarlo respecto al tema del Macrocaso 011”, añadió Mayerly. Este macrocaso fue abierto en septiembre del año pasado e investiga la violencia basada en género, incluyendo violencia sexual y reproductiva, en el marco del conflicto armado.
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El informe realizado por las mujeres de ANMUCIC San Juan de Arama documenta casos de violencias sexuales, aunque, como dice Ana Silvia, “las señoras fueron muy duras para poder decir ‘sí, me pasó esto y lo otro’, todavía mucho temor”. También evidencia que fueron víctimas de desapariciones, reclutamiento, secuestro y vulneración al derecho a la organización, “todo por ser mujeres y por pertenecer a ANMUCIC”.
Hace cuatro meses, la comunidad de San Juan de Arama también radicó un informe y una solicitud para que el municipio entero pueda ser declarado como sujeto de reparación colectiva ante la Unidad Para las Víctimas.
Fotografía: Simón Zapata Alzate
¿Qué esperan las mujeres de ANMUCIC San Juan de Arama?
Las mujeres de ANMUCIC San Juan de Arama siguen a la espera de que la JEP se pronuncie y se les declare víctimas del conflicto, para que la Unidad para las Víctimas pueda determinar que son sujeto de reparación colectiva.
El informe permitió y posibilitó que 30 mujeres se volvieran a organizar y a hacer parte de la Asociación. Pero en las veredas todavía hay señoras que estuvieron en ANMUCIC en los noventas y Ana Silvia espera que a final de año estén registradas mínimo 200 para que puedan ser las beneficiadas de las futuras medidas de reparación colectiva.
Entre sus aspiraciones principales se encuentra la vinculación y el fortalecimiento de los proyectos productivos. También hacen énfasis en la garantía de derechos como la salud y la educación que en el municipio ha sido baja. Igualmente consideran necesario el mejoramiento de las vías y el transporte.
Ilsa se encuentra en la recta final del acompañamiento a estas mujeres. El 09 y 10 de febrero se realizó un encuentro para “fortalecer las herramientas y bases para que ellas sigan presentando de manera autogestionada y autónoma proyectos y pueda acceder a convocatorias”, explicó Mayerly Díaz.
Yina Cajibioy, una de las asistentes e integrantes de la Asociación, vive en la vereda Quebrada Onda y quiere ejecutar un proyecto de vacas lecheras para producir lácteos y derivados de la leche.
Agradece todo el trabajo con Ilsa porque les ha permitido “el reconocimiento entre mujeres, el fortalecimiento y mejoramiento de vida, la independencia económica, independencia como mujeres”.
Ana Silvia. Fotografía: Simón Zapata Alzate
