Elizabeth Apolinar, del pueblo Sikuany, fue la presentadora del Quinto Encuentro Territorio de Reconocimiento: La verdad indígena de la Orinoquía y Norte de Santander. Guajibiadas y Explotación Petrolera, Deshumanización y Exterminio de los Pueblos Indígenas, el cual se llevó a cabo recientemente de manera virtual.
El evento se dividió en dos temas: el racismo estructural vivido por los indígenas de la Orinoquía, mal denominados ‘Guajibos’, quienes estuvieron en riesgo de exterminio por prácticas sistemáticas de asesinato naturalizadas por colonos, terratenientes y funcionarios de la región.
El segundo se concentra en los procesos de resistencia y resiliencia de los pueblos indígenas de la región frente a las prácticas extractivas, su pervivencia y el buen vivir en sus territorios.
Los Pueblos Indígenas que participaron de este encuentro fueron Sikuani, Piapoco, Achagua, Saliba, U’wa, Amorua, Makaguan, Betoy, Hitnu-Cuiba, Cuiba-Wamonae, Maiben Masiware, waüpijiwi, Yaruro, Tsiripo, Yamalero, Tinigua, Mapayerri, y Jiw. Además, de los sobrevivientes del Guayupe y Chiricoa, estos dos últimos están en riesgo inminente de extinción física y cultural.
Asimismo estuvieron la Asociación de Autoridades Indígenas trad Unuma, Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales del Departamento de Arauca, Asociación de Capitanías y Autoridades Tradicionales de Arauca, Organización de los Pueblos Indígenas del Bajo Orinoco, Consejo Regional Indígena del Vichada, Asociación de Cabildos y Autoridades Indígenas del Gran Resguardo Selva Matavén, Asociación de Cabildos Indígenas del Departamento del Meta, Asociación de Autoridades Indígenas Sálivas de Orocué, Casanare; Organización Indígena Regional del Casanare, Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U’wa.
El evento organizado por la Comisión de la Verdad y la Organización Nacional Indígena de Colombia-ONIC, contó con el apoyo de las Autoridades Indígenas de Gobierno Mayor y Autoridades Indígenas de Colombia AICO “por la Pacha Mama”. De igual manera acompañaron entidades como MAP OEA y la ONU,
La primera intervención fue hecha por el Comisionado de la Verdad, Saúl Franco, quien señaló que es importante que el país se tome la problemática de los pueblos indígenas “como algo propio, no como algo lejano” y que “los responsables de estos procesos de exterminio, de explotación y de deshumanización reconozcan su responsabilidad públicamente”.
Posteriormente intervino Felipe Uncacias, indígena del pueblo U’wa y Consejero de Territorio, recursos naturales y biodiversidad de la ONIC. Mencionó que es importante conocer la historia de la guerra que se ha vivido por más de 50 años, y que el espacio propiciado por la Comisión de la Verdad, sirve para que se reconozca los daños hechos a las comunidades indígenas, el derecho a permanecer en los territorio y tener una cultura propia porque es importante “seguir fortaleciendo los lazos de unidad, seguir fortaleciendo los lazos de organización, seguir fortaleciendo los procesos de unidad familiar desde los procesos, desde las comunidades”.
Seguidamente, habló Sonia Londoño, directora de la Dirección de Pueblos Étnicos de la Comisión de la Verdad, que se desarrollaron cuatro encuentros territoriales previos con los pueblos indígenas de la Amazonía, Pacifico, región Andina y región Caribe, los cuales se funcionaron como un escenario que busca esclarecer los hechos e impactos del conflicto armado en la armonía, equilibrio y la relación intrínseca de los pueblos indígenas con su territorio.
Previamente la Corte Constitucional había identificado pueblos indígenas en riesgo inminente de exterminio físico y cultural, al igual que la ONIC, evidenciando que un total de 60 de estos pueblos están en peligro “esto corresponde a más del 50% de los pueblos indígenas del país”, afirmó Londoño.
La Orinoquía está conformada por los departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Vichada. Por el nororiente se considera Norte de Santander y norte de Boyacá. Esta región es el hogar de 23 pueblos originarios y cerca de 15 migrantes que han sufrido múltiples hechos de violencia que los han puesto en riesgo de exterminio físico y cultural. La extensa zona es biodiversa y rica en recursos naturales, con una economía que se ha concentrado en monocultivos agroindustriales, ganadería extensiva y extracción petrolera, y se han sumado actividades ilegales como el contrabando por el tema de frontera y corredores asociados al narcotráfico. Todas estas prácticas, tanto legales como ilegales, han puesto en riesgo los derechos individuales y colectivos de las comunidades indígenas, situación que se complejiza por la presencia de grupos armados y la ausencia del Estado
A pesar de sus riquezas, los Llanos Orientales es el territorio donde mayor despojo de tierras se ha hecho contra los pueblos indígenas. La violencia llegó a la zona mucho antes que el propio Estado.
La cacería de indígenas empezó desde épocas coloniales y se ha extendido en el tiempo convirtiéndose en una práctica secular, demostrando el racismo y la deshumanización hacia estos pueblos. La llegada de las petroleras a la zona, marcó una nueva ola de asesinatos al interior de estas comunidades, masacres que fueron diezmando la población indigena y destruyendo su confianza en las instituciones.
Por otro lado, la región del Catatumbo ha sido epicentro de la presencia del ELN, posteriormente llegaron otros grupos como el EPL y las extintas FARC-EP. Estas guerrillas se expandieron al tiempo, y establecieron el control político económico y social de la zona a través de desplazamiento y asesinatos sistemáticos a indígenas y campesinos.
Otras regiones de la Orinoquia como Arauca, Casanare, Santander, Meta se convirtieron en escenario fundamental del conflicto armado.
El Estado intentó recuperar el territorio durante las décadas de los 80 y 90, lo que desencadenó hechos violentos no solo contra las guerrillas sino contra las comunidades indígenas. El asesinato por señalamientos, amenazas a líderes y miembros de la organización, fue la manera de recuperar el control.
Entre 1999 y 2006, el conflicto armado se intensificó con la llegada de los paramilitares. Actualmente, tras la firma de los Acuerdos de Paz en 2016 en la Habana, la violencia persiste en algunas zonas de la Orinoquía. Las economías ilegales siguen teniendo fuerza en el territorio y en el Catatumbo y el ELN continúa operando en la zona. Todos estos obstáculos han impedido la armonización para las comunidades indígenas.
¿Quieres conocer más sobre la verdad de los pueblos indígenas en la región de la Orinoquía y Norte de Santander? ¡No te pierdas este conversatorio!
