Lideresa social del Meta es amenazada de muerte 

Maria Cecilia Lozano, lideresa de víctimas en el departamento y sobreviviente de la masacre de Mapiripán, ha recibido amenazas sistemáticas durante los últimos cinco años. 

“Cecilia se va a morir por guerrillera. Bacrim”, fue la frase que apareció grafiteada entre la noche del pasado 10 de julio y madrugada del 11, en la vivienda de María Cecilia Lozano, mujer víctima de desplazamiento forzado y despojo de tierras en Mapiripán en 1997 y 2002. Ésta lideresa social que trabaja por la restitución de tierras también es defensora de Derechos Humanos y actual directora de la Asociación de Mujeres Desplazadas del Meta (Asomudem).

Mediante comunicado María Cecilia informó junto a Humanidad Vigente Corporación Jurídica que esta amenaza “se produjo pocos días después de que la Unidad Nacional de Protección decidiera desmejorar el esquema de seguridad de la lideresa retirando un escolta y el vehículo asignado. Incluso, la UNP hizo caso omiso a una orden judicial del Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Villavicencio que prohibía modificar su esquema”. 

El esquema de seguridad de María Cecilia se ha convertido en un asunto imprescindible, pues no es la primera vez que se convierte en blanco de amenazas por su trabajo como lideresa y defensora de Derechos Humanos. Por ejemplo, el 30 de septiembre de 2016, se encontró en la oficina de Asomudem, un sobre que contenía una hoja con letras de recorte pegadas, formando la frase: “Sigan reclamando tierras guerrilleros hp sapos. Cecilia y Juan Carlos tienen los días contados. Att AUC Gaitanista Bloque Meta”.

Luego, el 19 de julio de 2017, durante el cumplimiento de los 20 años de la masacre de Mapiripán, en el trayecto San Andrés – Guarataro, un hombre y una mujer que se transportaban en moto grabaron con su celular los carros donde se movilizaban. Ese mismo día, llegando al punto conocido como “Hato Candilejas” salió de una trocha una persona que también se movilizaba en moto, el sujeto quiso ingresar a la caravana detrás del carro asignado por la UNP a la lideresa.

También en 2017, pero el 19 de agosto, la lideresa se movilizaba con el esquema de seguridad que le fue asignado por la UNP por la vía que conduce del municipio de San José del Guaviare hacia Villavicencio. A pocos minutos de haber iniciado el viaje, el personal de seguridad se percató de la presencia de dos sujetos que se movilizaban en una moto RX color azul oscuro la cual no tenía placas.

Las señales de peligro no quedaron ahí. El 10 de septiembre de 2017, la lideresa y Juan Carlos Castro, miembros de Asomudem, recibieron varios mensajes de texto en los que les amenazan de atentar contra sus vidas y las de sus familias. 

Después, el 27 de enero de 2018, cuando la lideresa regresaba a su hogar, observó dos motocicletas rondando el sector donde se encontraba. Al salir a tomar un taxi, de uno de los sospechosos vehículos descendieron una mujer y un hombre, este último corrió hacia ella y la atacó con un arma blanca propinándole varias heridas, una de ellas en el rostro, y otra en la espalda.

Ese mismo año pero el 3 de septiembre, un panfleto amenazante circuló por redes sociales suscrito por el grupo paramilitar “Bloque Central de las Águilas Negras” en el cual se declaraba objetivo militar a varias personas y organizaciones sociales que ejercen labores de defensa de derechos humanos, activismo político y periodismo, mencionando a Asomudem y a Cecilia Lozano.

La última amenaza que había recibido la lideresa -hasta el 10 de julio del 2021-, fue el año pasado, cuando el 18 de julio, de un carro Chevette rojo que pasaba frente a la casa de la lideresa, se bajó un hombre que empezó a golpear la puerta, y al notar que un vecino lo observaba atentamente, salió corriendo. El vecino corrió tras él pero lo perdió de vista, más tarde lo vio en el vehículo rojo con otros dos hombres.

“Las reiteradas amenazas, hostigamientos y atentados en contra de María Cecilia Lozano son sistemáticos y es clara la intención de causar daño por su labor como lideresa social y defensora de Derechos Humanos”, se advirtió en el comunicado. 

Dada la situación, las organizaciones denunciantes exigieron a la Procuraduría Nacional y la Defensoría del Pueblo, que protejan la vida e integridad de María Cecilia Lozano, su familia y las personas que integran Asomudem. 

Asimismo, solicitaron a la Unidad Nacional de Protección que adopte y refuerce todas las medidas necesarias y efectivas a fin de proteger la vida e integridad de la lideresa. “Si bien su esquema de seguridad fue reintegrado como estaba, hay una clara omisión por parte de la UNP”. Además, pidieron a la Fiscalía y las autoridades competentes que investiguen y juzguen a los responsables de estos hechos.