Bukele, entre el apoyo popular y el autoritarismo

Bukele

Nayib Bukele desde la Casa Presidencial de El Salvador el pasado domingo 04 de febrero se autoproclamó presidente reelecto de los salvadoreños y salvadoreñas cuando aún no se entregaban las cifras oficiales. A las siete de la noche, y con un 85% por parte de las autoridades electorales, manifestó a sus seguidores que él era el primer presidente de la historia del país centroamericano en ser reelegido. De inmediato hubo voces encontradas, unos que celebraban y otros que anunciaban que eso era un golpe para la democracia.

¿Una reelección inconstitucional?

En este país la reelección es inconstitucional. Días después del anuncio del mandatario de quererse hacer reelegir (febrero de 2023), los mismos magistrados ubicados allí por los asambleístas oficiales hicieron una interpretación de la constitución y manifestaron que Bukele podía aspirar nuevamente al cargo si se apartaba del poder por seis meses. Esto iba en contravía del artículo 154 de la constitución nacional que define que una persona que haya ocupado la presidencia no lo podrá hacer ni por un día más. Es decir, que para poder hacerse reelegir era necesario modificar la constitución, lo que efectivamente no se hizo y solo se quedó en una interpretación de la norma.

Así las cosas, la Asamblea Nacional con amplio apoyo al presidente, le autorizó una licencia para que se apartara del poder por esos meses dando cabida a la figura para la reelección. Con amplios poderes, apoyo popular y restringiendo a su mínima expresión a la oposición, este hombre que se define así mismo como “el dictador más ‘cool’ del mundo mundial”, logró ser reelegido.

Considerando la cadena de acciones que se movieron para favorecer la reelección, es importante mirar el papel o el estado de la prensa en ese país. Según Reporteros Sin fronteras, El Salvador se encontraba en el puesto 81 en 2019, pasando al 115 en 2023 en su medición de libertad de prensa. La Universidad Francisco Gavidia de este país en el 2023 publicó un estudio en donde afirman que encontraron casi 100 canales de Youtube y medios digitales en los que confluyen seguidores de Bukele por cientos y miles haciendo una apología férrea al presidente y a sus ideales. En una denuncia del periódico El Faro se sostiene que muchos de estos líderes digitales reciben compensaciones económicas por parte del Gobierno Nacional.

Su gobierno. 

La historia de cómo Bukele logró la reelección empezó tres años atrás. En febrero de 2021, en las elecciones legislativas su partido político, Nuevas Ideas, se alzó con la victoria alcanzando 56 escaños de los 84 de la Asamblea Nacional, quedando el mandatario con la mayoría en el órgano legislativo del país (rama del poder unicameral). Desde entonces se desarrolló una ambiciosa agenda legislativa que es aplaudida por unos y detractada por otros.

Una de esas primeras medidas fue la destitución de todos los y las magistradas de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, órgano que en constantes momentos tomó medidas que no fueron bien recibidas por Bukele y por sus seguidores. Al mismo tiempo, la Asamblea nombró en la nueva magistratura, a quienes son cercanos al presidente, incluso acusados de tener línea directa con el primer mandatario. Esto causó revuelo en el país y la región, ya que en buena medida la salud de una democracia se mide en la efectividad de la separación de poderes.

En medio de la jornada de destitución de los y las magistradas, también se votó para separar del cargo al fiscal general, aparentemente por tener vínculos con la oposición, pero sin presentar pruebas o, al menos, escuchar al involucrado. En la votación todos los 56 escaños dieron su aprobación y el fiscal, Raúl Melara, tuvo que dejar su puesto de manera inmediata. Instantes después, los parlamentarios nombraron a Rodolfo Delgado casi en tiempo récord, en un breve debate que se resolvió el mismo día. Lo sorprendente del asunto, es que esa misma decisión suprimió al área encargada de investigar presuntos actos de corrupción del Gobierno Nacional liderado por Bukele.

Dos años atrás, a mediados del 2021, la Asamblea Nacional anunció una reforma profunda del poder judicial, la cual promovió acciones como el despido de jueces mayores de 60 años o que llevaran más de 30 años de ejercicio. Esto implicó el retiro de casi 260, un tercio de la composición nacional. El asunto de fondo es que salieron los profesionales más experimentados y los remplazaron por profesionales designados por la misma nueva corte cercana al ejecutivo.

Esa misma reforma es la que ha conducido a la denominada “guerra contra las pandillas” que ha generado la detención de más de 73 mil personas por aparentemente pertenecer a estos grupos delincuenciales. A la mayoría de estos señalados, no se les ha resuelto su situación jurídica, es decir, no han sido llevados a juicio y considerando el sistema judicial de El Salvador los distintos jueces tardarían años en procesar a todas estas personas. Los arrestos se dan bajo la figura del estado de excepción, que le da al gobierno poder amplio y suficiente para la detención de personas sin órdenes judiciales y solamente por sospecha, lo que ha generado preocupación en algunos sectores por los miles de denuncias de presos que no tienen nada que ver con las denominadas “Maras Salvatrucha”.

El Gobierno Nacional de Bukele se defiende diciendo que la guerra frontal contra la delincuencia ha permitido que su país pase de tener 105 homicidios por cada 100 mil habitantes en 2015 a 2.4 por cada 100 mil en el 2023. Sin embargo, y muy a pesar de las críticas, en todos los sondeos que se hacen en el país, incluso los contratados por la prensa internacional, ubican el respaldo de la población entre un 80 y un 90%. Esa popularidad es la respuesta de la gente a años de una crisis social que sumió al país en una ola de violencia incontenible.

Represión y popularidad.

Los sectores que lo critican, como la oposición, manifiestan que esa guerra contra las pandillas no resolverá el problema de fondo en materia de empleo, educación y pobreza estructural, pero Bukele se defiende de esos señalamientos tildando a esos asambleístas de ser la causa por haber respaldado a todos los gobiernos anteriores. El presidente atinó en el blanco de la opinión pública, encontró dos enemigos, la corrupción representada, a su juicio, en la oposición como la única culpable del descalabro social del país y la violencia figurada en las maras, los verdugos por años de los salvadoreños y salvadoreñas.

Bukele ha combinado en las comunicaciones dos mensajes, el de pedir a la población su apoyo y al mismo tiempo venderles el temor que si ese apoyo se cae, la guerra contra las pandillas va a fracasar. En El Salvador las pandillas, y después de la guerra civil, eran las responsables de casi todas las muertes violentas, de las extorsiones, los robos, los secuestros y de hasta manejar buena parte de la economía nacional. Incluso, en Centro América y el sur de Estados Unidos, son una importante empresa criminal que controla casi todo lo ilícito, hasta el narcotráfico que se mueve por el istmo. En ese sentido, la guerra contra las pandillas es el germen del apoyo de la ciudadanía.

Sin embargo, esa lucha casi sin cuartel tiene sus reacciones, con las denuncias de muertes en las cárceles, asesinatos extrajudiciales, torturas, tratos degradantes y violaciones de tipo sexual, las Naciones Unidas se han pronunciado y han pedido al gobierno que haga un alto en el camino generando replanteamientos. Fue así como en el 2023, desde algunos sectores del ejecutivo reconocieron de manera no oficial que casi 7 mil personas detenidas eran inocentes pasando muchos meses en prisión sin un juicio, sin la asistencia de un abogado y sin contactos con familiares. A pesar de esto, las liberaciones se hacen a cuenta gotas.

Finalmente, la reelección de Bukele deja la puerta abierta para que gobierne imponiendo sus ideas que, a pesar del respaldo popular, socava los poderes públicos al no existir reglas de compensación y/o de equilibrio en democracia, con denuncias de corrupción y con la prensa sometida a la difusión de información de interés oficial. Serán cinco años en donde la lucha contra las pandillas se intensificará, las reformas no tendrán freno porque existe una legitimización de facto y eso en los próximos meses se aprovechará para impulsar más y nuevas reformas.

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