Este informe busca incidir en la atención a las violencias basadas en género, evidenciar las falencias en las rutas, y hacer seguimiento al pacto de la Ley 1257 del 2008.
Este informe de seguimiento a la implementación de la Ley 1257 de 2008 por una Vida Libre de Violencias para las mujeres y las niñas del departamento del Meta, fue presentado y socializado el pasado 1 de diciembre por la Red Departamental de Veedurías de Mujeres, la cual entregó el documento impreso a varios de los funcionarios/as de la Administración Departamental.
Este informe muestra el trabajo consolidado de la Red Departamental de Veedurías Ciudadanas por el derecho a una vida libre de violencias para las mujeres del Meta, proceso registrado en junio de este año con la Resolución No. 029 ante la Personería del Municipio de Mesetas, único a nivel nacional conformado por la Veeduría Mujeres Libres de Violencia de Villavicencio, Veeduría Somos Equidad de Mesetas, Veeduría Mujeres Valientes de Vista Hermosa y apoyado por LIMPAL Colombia.
Para Luz Adriana Rodas, vocera de la Veeduría Somos equidad del municipio de Vista Hermosa, este documento es importante “porque la mayoría de mujeres estamos teniendo en cuenta los contextos de los territorios en los cuales habitamos (…) Eso nos permite desde nuestro territorio realizar exigencias para que se sigan implementando y realizando acciones en prevención de violencias basadas en género”.
Para realizar este informe, Elizabeth Santamaria de la Veeduría Somos equidad del municipio de Mesetas, comentó que fue necesario enviar derechos de petición a las instituciones, Policía y Fiscalía de los 29 municipios del Meta, para evaluar si se habían cumplido los compromisos adquiridos con el pacto de la Ley 1257 del 2008 a nivel departamental. Sin embargo, solo 14 alcaldías respondieron.
Además, se delegaron las tareas por veedurías, la de Villavicencio se encargó de realizar un contexto sobre las violencia basadas en género, la de Vista Hermosa evaluó las cifras de feminicidios y las llamadas a las líneas de atención, la de Mesetas envió los derechos de petición para realizar el análisis y ONU Mujeres apoyó económicamente con el traslado a la capital del Meta, a las mujeres que participaron en el informe, y con el costo de la impresión de este.
En el capítulo uno de este informe se da un contexto de la situación de violencias basadas en género, con datos obtenidos de la Red Feminista Antimilitarista, Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la Secretaría de la Mujer del Meta. Algunos de los más relevantes son:
- Hasta septiembre de este año, 445 casos de feminicidio se habían reportado en el país.
- Desde septiembre hasta diciembre de este año, se han sumado 12 feminicidios.
- Las llamadas a la línea de atención 155, aumentaron en un 116% más que el año pasado.
- Los fines de semana las mujeres no cuentan con el servicio de Comisaría de Familia, lo que declina la intención de denuncia.
- El territorio no cuenta con líneas alternativas para garantizar medidas de protección a las mujeres.
Con un análisis de cuál ha sido la atención brindada durante la pandemia del covid-19, se construyó el capítulo dos. Allí se evidenció que, al estar en los hogares con sus maltratadores todo el día, se profundizaron las violencias hacia las mujeres. Por eso se evaluaron entidades como la Policía Nacional, las comisarías de familia, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de la Mujer Departamental. Lo que más se destaca en este punto, es la falta de enfoque de género por parte de la institucionalidad para atender a las mujeres violentadas y el desconocimiento de las mujeres rurales a la hora de implementar un sistema de denuncia virtual, cuando no había atención al público en las entidades.
Por su parte, el capítulo tres se centró en cuatro historias de vida y acompañamiento por parte de Limpal a mujeres víctimas de violencias basadas en género. “Parecen historias de ficción, pero son historias reales de impactos y barreras que el Estado le pone a las mujeres para que puedan acceder”, mencionó a El Cuarto Mosquetero Mayra Roldan, representante de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad – Limpal, una organización feminista que apoyó la realización de este documento. En este apartado se deja en evidencia la violencia institucional hacia las mujeres.
El capítulo cuatro, le hace un seguimiento a los avances y falencias de las instituciones en el pacto por la garantía del derecho a una vida libre de violencias para las niñas, adolescentes y mujeres del Meta firmado en el marco del Comité de la Ley 1257 de 2008.
Por último, el capítulo cinco narra las historias de vida de las lideresas que hacen parte de la Red Departamental de Veedurías de Mujeres. Refleja sus motivaciones para luchar por la defensa y reivindicación de sus derechos pero también muestra cómo son relegadas por las instituciones.
Aquí puede acceder al informe: https://n9.cl/g99d5
