En América Latina existe un desinterés por cambiar las dinámicas extractivistas que persisten a pesar de la caída en los precios del petróleo, demostrando que aún los gobiernos alternativos y progresistas no han tenido en cuenta formas de organización social mucho más democráticas, que incluyan energías limpias.
En torno a éste análisis se han realizado diversos encuentros internacionales ya que los conflictos socio-ambientales y las agresiones a los derechos humanos en América Latina son replicados por las trasnacionales que se lucran de actividades extractivas. Incluso, el año pasado en Bogotá participaron en el encuentro, ponentes de todo el continente para identificar a su vez soluciones comunes.
“La población de América Latina está pagando el costo de un modelo energético en el que las poblaciones no decidieron” expresó el catedrático Daniel Libreros, quien considera que las transnacionales imponen una jurisdicción y legislación para el despojo y favorecer sus negocios; resaltando que el extractivismo es antidemocrático y afecta directamente a las comunidades, a través de prácticas deshonestas.
La comunidad ambientalista asegura que una de las modalidades y estrategias más comunes en los “promineros” es valerse de mecanismos de especulación para intentar sustentar sus acciones y relacionar con acciones politiqueras o antidesarrollistas, a todos los procesos en defensa del territorio que se vienen llevando en el país, especialmente en departamentos como Meta, Nariño, Tolima, Cundinamarca, Guajira, Antioquia, entre otros.
Resaltan además que existe una relación directa entre extractivismo, posconflicto y derechos humanos; por ello surge el interrogante de si ¿las luchas antimineras, son territorios de vida o espacios de despojo? Ante esto, Emilson Betancourt, miembro de Censat Agua Viva y de la escuela internacional de ecología política; explicó que según global Witness, América Latina y el Caribe albergan 8 de 10 de los países más violentos del mundo.
Entre el 2002 y 2015 se registraron 970 asesinatos de defensores del medio ambiente, 185 de ellos en el 2015 y 56% tan sólo en tres países: Brasil, Honduras y Colombia; dejando en evidencia que hay una relación histórica entre violencia y minería que para ellos inició desde la época del colonialismo “No existen casos aislados, existe un fenómeno sistemático entre violencia y minería que cada día se profundiza más” agrega.
Es tal la relación entre minería y violencia, que el extractivismo adquiere formas normativas que generalmente no tienen escrutinio público, demostrando que existe una estigmatización y desinformación mediática que profundizan la violencia y la criminalización “existe una alianza estructural entre gobierno- mineros y medios de comunicación tanto públicos como privados, que con las dinámicas extractivistas buscan deslegitimar las luchas del movimiento social”.
Por esto la comunidad ambientalista hace un llamado a la solidaridad con el movimiento social, “para que nuestras luchas no terminen en un show mediático, las épocas han cambiado y ya no es necesario grupos paramilitares, porque la represión se puede hacer de frente con el ESMAD” y agregan que el extractivismo con su historia de violencia también conlleva al desplazamiento, ya sea de manera legal o ilegal, y tiene una relación directa y constante con la violación de derechos humanos.
