La violencia obstétrica se vive frecuentemente en las salas de parto en Colombia pero poco se habla de ella. El Cuarto Mosquetero conversó con Adriana Lucia Aya Chingaté, quien pasó por una odisea para poder traer a su hija al mundo.
Los dolores iniciaron la madrugada del 25 de abril como preludio a la llegada de su hija. Aparecían a intervalos de entre cuatro y ocho minutos. Su esposo le sugirió ir a urgencias, pero Adriana prefirió esperar a que las contracciones se intensificaran. A las siete de la mañana salieron rumbo al Hospital Local de Restrepo, allí empezaría un ir y venir lleno de burocracia, negligencia y violencia obstétrica.
Cuando se habla de violencia basada en género, generalmente se tiene en cuenta la psicológica, económica, verbal y física, pero en pocas ocasiones se incluye la obstétrica. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, “la violencia obstétrica inicia cuando los profesionales de salud a cargo de llevar los controles de las madres no resuelven todas sus dudas, ignoran sus temores, no escuchan a la paciente, no le explican los cambios que está afrontando y simplemente, se dedican a desarrollar una consulta médica de manera rápida y mecánica, donde solo se registran datos cuantitativos como peso, frecuencia cardíaca, presión arterial, etcétera”.
Así empezó el viacrucis para Adriana a quien, una vez en la entidad médica, le realizaron un monitoreo fetal y la doctora le dijo que aun no podía empezar el trabajo de parto, pues el ritmo cardiaco de la bebé no estaba acelerado. La médico le recomendó que, de seguir con contracciones muy fuertes, se trasladara a Villavicencio, pues tenía una orden para que se le practicara una cesárea, dado que, en una ecografía, se evidenció que la bebé tenía el cordón umbilical enredado en el cuello. Además, en 2018 tuvo un accidente que le dejó como secuela frecuentes convulsiones, lo que podría complicar un parto natural.
Esa madrugada, Adriana y su esposo decidieron regresar a su casa. A las 9:00 a.m., se dirigió al último control prenatal que tenía ya agendado con antelación. El médico le realizó un tacto y le aseguró que ya podía empezar trabajo de parto, pues tenía un centímetro de dilatación. Él también le recomendó ir a Villavicencio argumentando que su embarazo era de alto riesgo.
Hacia las 7:00 p.m., se intensificaron los dolores y Adriana junto a su esposo se trasladaron a Villavicencio. Llegaron a la clínica Servimédicos, donde le dijeron que aun no tenía la dilatación suficiente para empezar el trabajo de parto y que este podía hacerse de manera natural sin importar que la bebé tuviera el cordón umbilical alrededor del cuello, que ya en varias ocasiones habían atendido casos similares sin necesidad de practicar la cesárea.
A las 8:00 p.m. le recomendaron regresar a su casa y volver al Hospital a las 7:00 a.m. del día siguiente para tomar una ecografía, porque a esa hora no tenían lo necesario para realizar ese procedimiento. Tampoco había un ginecólogo que la atendiera, según le dijeron.
Una vez en su casa, sintió ganas de ir al baño. Al sentarse, expulsó un líquido transparente y sus dolores duplicaron su intensidad. En ese momento le dijo a su esposo que fueran a urgencias en el Hospital de Restrepo con la esperanza de que allí la remitieran a Villavicencio o que le revisaran en qué fase de dilatación estaba.
En Restrepo se le realizó el tacto y le aseguraron que ya podía iniciar el parto y que debía trasladarse urgentemente a Villavicencio porque ya estaba expulsando el líquido amniótico. Pero no le brindarían servicio de transporte en ambulancia. “¿Cómo nos íbamos a ir? A esa hora ya no pasaban busetas ni nada”, comentó.
Según lo establece la Organización Mundial de la Salud – OMS, “todas las mujeres tienen derecho a recibir el más alto nivel de cuidados en salud durante el embarazo y el parto, lo que incluye el derecho a una atención digna, respetuosa, competente y comprensiva”. Pero a Adriana se le estaban vulnerando esos derechos.
Por fortuna, un funcionario del Cuerpo De Bomberos Voluntarios De Restrepo se ofreció a llevarle a ella, a su esposo y su cuñada, pero lo peor aún estaba por suceder. Nuevamente llegaron a Servimédicos pero la respuesta fue la misma, que aun no estaba lista para empezar el trabajo de parto, que regresara a las 7:00 a.m. para tomarle la ecografía y que la atendiera el ginecólogo.
Desesperada, decidió ir al Hospital Departamental de Villavicencio, esperando que allá la atendieran de inmediato, pero la situación fue similar. Le dijeron que estaba “apenas en 4 de dilatación”, que saliera a caminar y volviera a las 6:00 a.m.
En medio de la incertidumbre, del ir y venir y de someterse a la compleja y poco efectiva burocracia, Adriana tenía que seguir soportando los intensos dolores y cuando ya no pudo mantener la compostura, gritó fuerte. Pero en vez de recibir la debida atención médica, una enfermera le dijo: “Mamita, toca que se pare y camine porque esos dolores del parto son normales”, mientras ella se “retorcía del dolor en la camilla” y sentía cada vez más ganas de pujar.
En 2016, un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad Industrial de Santander, en el que participaron mujeres que relataron las experiencias que vivieron en la atención de sus partos, reveló que la gran mayoría de ellas no solo había sido víctima de violencia obstétrica, sino que las agresiones que sufrieron pasaron desapercibidas o fueron naturalizadas por ellas a pesar de que esto las hizo sentir incómodas, inconformes e insatisfechas durante su trabajo de parto.
A Adriana no le quedó de otra que salir. En la entrada de la zona de maternidad del Hospital, decidió acostarse en el piso, el dolor no le permitía “pararse a caminar”. Su cuñada le preguntó al celador por un lugar para que pudiera descansar cómodamente y él los llevó a una camilla. Allí nuevamente se intensificaron sus dolores y su cuñada se mantuvo sobándola hasta que le recomendó, a eso de las 4:30 a.m., salir a caminar para acelerar el trabajo de parto.
Primero fue al baño y luego la acompañaron a la cafetería por una botella de agua, pues el “corre corre”, le tenía seca la garganta. Pero ahí los dolores se volvieron a intensificar. “Devolvámonos a que me atiendan porque yo ya no me aguanto”, pronunció en medio de quejidos. En el camino de regreso, recuerda ir pasando al frente de una caseta azul cuando sintió que ya no podía retener a la bebé en su vientre. “Yo no aguanto, yo siento que la niña ya se me va a venir”, advirtió.
Su cuñada, que es enfermera, la revisó y aseguró que ya la bebé saldría, así que le pidió que pujara, “No aprete porque la cabecita se le ve ahí y le puede generar alguna malformación”, le dijo. Su compañero se fue corriendo rumbo a la zona de maternidad para pedir que le atendieran porque su esposa estaba pariendo a su hija en la calle. Él regresó a dónde estaban Adriana en compañía de su hermana y al ver atrás, ningún personal médico le había seguido, entonces se devolvió pero para entonces ya la bebé había nacido. “Mi cuñada me la recibió, yo la tuve parada porque no me pude acostar”, mencionó.
Teniendo a la recién nacida en brazos, empezaron a implorar a gritos que les ayudaran. “En ese momento estaban una señora del aseo y un señor de mantenimiento y ellos dos salieron corriendo y nos ayudaron”. Su esposo al ver tal panorama, regresó enojado a la zona materna exigiendo que atendieran a su esposa, que le había tocado parir en la calle sin ningún tipo de atención médica. Ahí por fin sacaron una camilla y recibió los cuidados requeridos. Después de una hora le entregaron a su bebé.
De acuerdo con el ICBF, negar o demorar una atención oportuna en agencias obstétricas, son conductas que incrementan el miedo y la ansiedad de las gestantes y, por lo tanto, son una forma de violencia.
El Ministerio de Salud, indica que, “una mujer que no reciba el trato digno, respetuoso y competente que merece en su proceso de embarazo, parto y posparto y perciba que le han sido vulnerados sus derechos como gestante, puede interponer sus peticiones, quejas y reclamos ante la institución prestadora de salud la cual está obligada a recoger y resolver sus inconformidades tal y como lo contempla el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS)”. La cartera añade que, “la ciudadanía puede canalizar sus quejas y reclamos a las secretarías locales y departamentales de salud o a la Superintendencia Nacional de Salud”, puntualiza el ministerio.
Adriana está en proceso de interponer una demanda a las entidades médicas por negligencia.
