En diciembre del 2020, Yolima Carrero, defensora de los derechos de las mujeres, denunció al alcalde de Villavicencio, Felipe Harman, por acoso sexual. Esta denuncia desencadenó amenazas en su contra que la llevaron a exiliarse.

Para contextualizar: Por presunto acoso sexual denuncian al Alcalde de Villavicencio

Yolima Carrero, la defensora de derechos de las mujeres que denunció en diciembre del año pasado al actual alcalde de Villavicencio por acoso sexual, tuvo que salir del país desde hace menos de un mes debido a las diversas amenazas que recibió.

Luego de hacer la denuncia formal ante la Fiscalía, su tranquilidad y seguridad se vieron afectadas debido a las diversas amenazas que, según ella, recibió por parte de grupos de extremistas. “Tuve que salir del país prácticamente huyendo. La Fiscalía me solicitó una medida de extracción para sacarme de Villavicencio”, contó la lideresa a El Cuarto Mosquetero. La salida se dio porque no podía volver a la capital del Meta y la ciudad de reubicación no podía ser Bogotá por razones de seguridad.

Y es que su cotidianidad, afirmó Yolima, se convirtió en una angustia constante. “Empecé a recibir amenazas en redes sociales, también me estallaron las llantas de mi carro, tuve personas que me persiguieron en moto y en centros comerciales. Todo eso se lo reporté a la Policía y lo amplié en la Fiscalía”, relató.

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La activista considera que la persecución fue a raíz de la denuncia que presentó en diciembre de 2020 contra el actual alcalde de Villavicencio, Felipe Harman; esto desencadenó una serie de rechazos por parte de personas cercanas a él, incluso afirma que quienes pueden estar tras los acontecimientos son personas del grupo que utiliza el hashtag #YoCreoEnHarman, que se viralizó en redes sociales mostrando apoyo al mandatario y dejándola, según dice, a ella como la victimaria. “El objetivo era sacarme de Villavicencio, coartar mi derecho a hablar, a seguir haciendo un trabajo político desde la derecha (…) Y logró su objetivo porque ahora estoy aquí supremamente lejos lavando baños y arreglando hoteles porque es lo único que uno puede hacer fuera del país y es un precio muy alto que estoy pagando por haberlo denunciado”, resaltó.

Como si fuera poco, ni la Fiscalía, ni la Policía ni la Unidad Nacional de Protección sabían cómo proceder frente a su caso, según afirmó Yolima. Esto le generó cierta frustración, pues dice haber recibido muchas llamadas de mujeres que aseguran haber sido acosadas por el mandatario y que no están convencidas de denunciar y ella tampoco se atreve a alentarlas porque afirma, no existen las garantías para llevar a cabo un proceso legal de tal magnitud.

Además, el tiempo de estadía fuera del país es incierto para Yolima, pues la investigación que se había iniciado en el marco de la denuncia contra Harman, concluyó tres meses después de haber sido interpuesta. “La denuncia se instaura el 10 de diciembre del 2020, el 6 de enero viene la Fiscalía a decirme que tengo extracción y que me tengo que ir de Villavicencio y al ver que no salgo, se cierra el proceso el 9 de marzo”.

Teniendo en cuenta lo anterior, desde El Cuarto Mosquetero nos contactamos con Felipe Harman, alcalde de Villavicencio para preguntarle su posición al respecto sobre la persecución que está sufriendo la lideresa desde el momento en el que lo denunció, quien comentó que por respeto a la dignidad de Yolima y la de su familia, no va denunciarla, ni a pedir reparación así la investigación se haya cerrado hace varios meses. “Pido ese mismo respeto para ella y su familia”, concluyó.

Por el momento, integrantes del Movimiento de Mujeres de Villavicencio, han exigido un pronunciamiento por parte del mandatario con respecto al exilio de la lideresa. Asimismo, hicieron un llamado a que no se repitan estos hechos en los que las mujeres son revictimizadas a la hora de denunciar. Por ejemplo, en el caso de Yolima, quien denunció a una figura pública con poder y que pertenece a una corriente política contraria a la de ella, hizo que el debate estuviese centrado en que la situación era un intento desesperado por parte de los contradictores para perjudicar la carrera política del mandatario y no en el problema real: el acoso al que pudo haber sido sometida la denunciante.  

¿Qué originó la denuncia?

El 11 de diciembre del 2020, Yolima Carrero organizó una rueda de prensa para denunciar formalmente ante los medios de comunicación regionales, el acoso sexual que, al parecer, habría sufrido por parte de Harman.

Días antes, durante un debate de control político que se le realizaba a la Secretaría de la Mujer de la Gobernación del Meta, Yolima había hablado sobre cómo la justicia hace más difícil que las mujeres hablen cuando son víctimas de violencia basada en género y de la forma en que son revictimizadas cuando se atreven a denunciar, poco después afirmó: “Nos toca confirmar, nos toca demostrar y llevar pruebas cuando uno es víctima de acoso sexual. Yo he sido víctima de acoso sexual, y ni se imaginan por parte de quién, ¿Y cómo lo denuncio si está sentado en el décimo piso?”.

Yolima no había dado declaraciones a la opinión pública hasta el día de la rueda de prensa. Y es que, como se ha evidenciado en varios casos, si para una mujer resulta complejo denunciar cuando es víctima de violencia basada en género, resulta mucho más difícil cuando el presunto victimario es un funcionario público, sobre todo del nivel de un alcalde.

En su momento el mandatario negó lo sucedido y afirmó que la denunciante no solo no tenía pruebas, sino que podría tener otro tipo de intereses políticos, y con su participación a través de medios de comunicación, derivó en que se creara la campaña #YoCreoEnHarman que más que respaldar al funcionario ponía en duda la veracidad de la denuncia de Yolima sin que tan siquiera hubiese iniciado la investigación.

La norma

La Ley 1257 del 2008 en su Artículo 29 adiciona en el artículo 210 A del Código Penal Colombiano tipificando el acoso sexual como delito. Según la Revista Level, en Colombia, la Fiscalía ha expresado que de cuatro denuncias que se presentaban en 2008, la cifra aumentó a 1.656 en 2017. La misma entidad manifestó que a 10 de enero de 2018, la cifra de casos por acoso fue de 11.098, de los cuales 6.000 se encuentran inactivos. Sin embargo, el proceso legal para las que se atreven a denunciar termina siendo revictimizante, sobre todo cuando el presunto victimario es un familiar, cónyuge, amigo o en este caso, una figura pública. 

La lideresa afirmó que va a seguir denunciando para evidenciar que nadie es intocable, ni siquiera un funcionario público y que, además, tiene conocimiento de otros políticos de la región que estarían acosando a mujeres haciendo uso de su poder y que deberían estar enfrentando un proceso legal.