Liria Manrique, asesora de la USO, asumió la defensa de la familia de la menor víctima de feminicidio en Puerto Gaitán. Durante una de las audiencias, habría sido maltratada verbalmente por el juez. 

La menor que fue víctima de feminicidio el 12 de abril de este año en Puerto Gaitán, era hija de Alfredo Pinzón, uno de los afiliados a la Unión Sindical Obrera (USO), por lo que solicitó apoyo al sindicato, siendo la encargada del caso Liria Manrique, quien es asesora y abogada del área de Derechos Humanos de la organización.

Fue así que la abogada asumió la representación de las víctimas en el proceso penal. El pasado 6 de septiembre se realizó la audiencia de adición de la imputación por el delito de Feminicidio Agravado en Concurso con Porte Ilegal de Armas, en sede del despacho del Juzgado Primero Promiscuo del municipio de Puerto López.

Durante el evento, denunció el movimiento ‘Mujeres USO’, el juez Edwin Fernando Sánchez Vargas, solo tuvo en cuenta las intervenciones del delegado de la Fiscalía y la defensa, e ignoró a la apoderada de víctimas, lo que la llevó a solicitar el uso de la palabra, pues “tal como lo establece la ley, es un acto de legalidad que la víctima se pronuncie sobre la imputación realizada por la Fiscalía”, dice el comunicado emitido por la organización.

Pero, según el documento, luego de que la abogada hiciera la solicitud, el juez manifestó de manera displicente: “ah, usted va a hablar”. Una vez Manrique hizo la intervención, el sentenciador afirmó: “yo imagino que la intervención de la apoderada de víctimas era necesaria para legalizar el pago de sus honorarios, pero no dijo nada importante, nada que aporte a este proceso y si nos hace perder el tiempo”, luego pidió excusas a los intervinientes e incluso al procesado por haberlo hecho perder el tiempo. A pesar que la abogada pidió la palabra posterior a esta agresión, levantando la mano, el juez simplemente no prestó atención a la solicitud y dio continuidad a la audiencia.

En entrevista con El Cuarto Mosquetero, Liria afirmó que “La administración de justicia es una administración profundamente patriarcal. Eso ya no es un discurso solo de nosotras, es algo que reconoció la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial desde el 2018 y reconoció una deuda histórica”.

Además, en el comunicado se afirma que es común que en los procesos penales las víctimas sean maltratadas o revictimizadas frecuentemente por los operadores judiciales, “pero es una novedad que un juez de la República deje en evidencia la molestia que le genera que una mujer actúe en representación de intereses de otras mujeres y que termine pasando por encima de la ley, intentando negar su participación en el proceso al considerarla ‘inservible'”.

Por el momento, sigue avanzando el proceso judicial contra Andrés Stiven Zúñiga Esguerra, quien ya aceptó los cargos por feminicidio agravado contra la menor.