Liliana Paola Toca fue asesinada por su expareja pese a los llamados de auxilio que hizo a las autoridades previamente. El juez determinó la culpabilidad de las entidades competentes al actuar bajo estereotipos de género y no otorgar la ayuda que necesitaba la víctima.
En un hecho histórico para el movimiento feminista, el juez tercero administrativo de Yopal, Mauricio Andrés Pérez, ha dictaminado la culpabilidad del Estado por no proteger a Liliana Paola Toca, víctima de feminicidio en 2016 a manos de su expareja. A pesar de los repetidos pedidos de auxilio a las autoridades durante los dos años anteriores, Liliana se convirtió en una de las más de 730 víctimas de feminicidio en ese año.
Posteriormente, la familia de Liliana presentó una demanda contra la Alcaldía, Policía y Fiscalía por su omisión en brindarle la protección necesaria, solicitando una indemnización y reparación simbólica por cerca de $580 millones.
El juez, después de un exhaustivo análisis del caso, determinó que las entidades demandadas fueron responsables del feminicidio, al proceder de acuerdo a estereotipos de género y no proporcionar la ayuda que requería la víctima.
Además de indemnizar a la familia con cerca de 711 millones de pesos, el fallo ordena medidas de reparación simbólica, subrayando la responsabilidad de las instituciones en la prevención de la violencia de género, y exige una campaña contra la violencia de género en la que participen la Fiscalía, la Policía y la Comisaría de Familia. Además, las instituciones demandadas deberán publicar el fallo en sus portales web a lo largo de seis meses.
La sentencia resalta la urgencia de erradicar estos estereotipos y promover una actuación más diligente de las autoridades en casos de violencia contra las mujeres. También enfatiza la importancia de adoptar una perspectiva de género en la administración de justicia. Esta sentencia, junto con otras similares, envía un claro mensaje sobre la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos de las mujeres y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y atención de la violencia de género en Colombia.
Esta decisión judicial demuestra la necesidad apremiante de eliminar estos prejuicios y fomentar una respuesta más efectiva por parte de las autoridades ante los casos de violencia contra las mujeres. Asimismo, subraya la importancia de integrar una perspectiva de género en el sistema judicial.
Este fallo, junto con otros similares, comunica claramente la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos de las mujeres y la urgencia de reforzar los mecanismos para prevenir y abordar la violencia basada en género en Colombia, pues en lo que va de este 2024, son 28 los feminicidios que se han registrado, y en 2023 se contabilizaron 525, según el Observatorio Colombiano.
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