Al parecer, los uniformados habrían ignorado las sentencias de la Corte Constitucional que protegen el derecho a la movilización social y pusieron comparendos a varios jóvenes.

Desde las 2:00 pm, cientos de jóvenes se congregaron el pasado 30 de abril en el parque Banderas de Villavicencio para continuar con el Paro Nacional que inició desde el 28 de ese mismo mes para exigir al Gobierno Nacional que retire el proyecto “Ley de Solidaridad Sostenible”, que es en realidad una reforma tributaria que afectaría especialmente a la clase trabajadora del país. 

Uno de los jóvenes que se disponía a marchar relató a El Cuarto Mosquetero que llegó junto a su amigo al lugar pactado, pasadas las 2:00 pm. Para ese momento habían de 10 a 15 personas. Luego, cerca de las 2:20 pm, arribó un Teniente Coronel, junto con otros seis policías. “Ellos sin mediar palabras, ni nada, llegan pidiendo requisa y cédulas. Todos accedemos, y nos retienen las cédulas”, afirmó el denunciante.  

Confundido por la situación, el joven le preguntó al Teniente Coronel si les iban a hacer un comparendo, “a lo que él responde que sí, que por infringir el Decreto que sacó el Gobernador (Juan Guillermo Zuluaga). Yo le digo, que el derecho a la protesta está por encima de cualquier Decreto del Gobernador, y le digo que la Corte Constitucional ya se ha pronunciado al respecto”. Sin embargo, dijo él, el uniformado hizo caso omiso a las razones del joven y llamó más policías para que acordonen el sitio y en menos de lo que pensó, vio entre 30 y 40 uniformados para 15 o 20 personas, que afirma el denunciante, no se encontraban perpetrando disturbios, ni consumían alcohol o drogas. 

Recordemos que cuando el Tribunal Superior de Cundinamarca, falló a favor de suspender la movilización, la Corte Constitucional en su sentencia C- 742 del 2012 precisó que no existe permiso para la movilización, es decir, la no notificación de la movilización no la hace ilegal, pues las autoridades no cuentan con la potestad para definir sobre la autorización del derecho a la protesta social. 

De hecho, los artículos del Código Nacional de Policía que regulaban la protesta social y que afirmaban específicamente que se debía pedir permiso -como es el caso del Artículo 53-, fueron declarados inexequibles a partir de junio del 2019, por la Corte Constitucional en la sentencia C-223 del 2017. 

Asimismo, el decreto 003 del 2021, que habla de estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del estado y protección del derecho a la protesta social pacífica ciudadana, establece en el Artículo 21, que se trata de un aviso de las movilizaciones, no de un permiso. Adicionalmente el parágrafo 2 del mismo artículo, cita textualmente “El aviso no es una condición para el ejercicio de la protesta”.

Pero el Teniente Coronel, según el denunciante, ignoró estas premisas y realizó comparendos a todos y todas las que esperaban iniciar la movilización pacífica. “Nos hacen el comparendo a todos, pero no logran detener el plantón y pudimos continuar con la actividad del paro, pues después terminamos siendo como 500 personas y hasta más”, mencionó el joven. 

Y agregó: “Ese Teniente Coronel, no tuvo el valor para cumplir su palabra; ya que, cuando nos van a hacer el comparendo, yo le digo que como aún somos pocos los manifestantes, por eso nos hacen el comparendo, pero si fuéramos 200 personas, ni se acercan”. Sin embargo, relató el joven, el uniformado le aseguró que estaba en un error, pues que así sean mil personas, ellos se acercarían de manera respetuosa a realizar el procedimiento. Pero el denunciante esperó durante las cinco horas que duró la protesta y al final no sucedió nada. 

Además, el joven afirmó que escuchó que un alto mando le decía por el radio al Teniente Coronel: “Comparendo y para la casa”, refiriéndose a que luego debían llevarse a las y los jóvenes que se encontraban allí. Cuando esto sucede, quienes son capturados suelen ser llevados de forma violenta y son despojados de sus documentos y/o otras pertenencias por parte de los uniformados. Esto se evidenció durante las protestas contra la represión policial a nivel nacional el año pasado.   

“Para ellos, es fácil hacer un comparendo nivel 4 -que oscila entre novecientos mil y un millón de pesos-, cuando devengan un trabajo, y buen salario por el rango que tienen. En cambio, para mí, que soy un joven y profesional, que aún no logra conseguir su primer empleo, es muy complicado pagar algo que no he ni trabajado”, afirmó el denunciante y aclaró que de todas maneras, seguirá movilizándose y espera contar con más apoyo de la ciudadanía.

El joven ya ha intentado iniciar con el proceso legal, pero teme que estas diligencias en las inspecciones suelen tardar, en ocasiones pasan meses e incluso años y no se inicia con la audiencia. Por eso hizo un llamado al alcalde, Felipe Harman, para que escuche a las y los jóvenes afectados y les brinde una solución, pues las inspecciones están adscritas a la Secretaría de Gobierno Municipal.