“Nuestra labor como maestros sí se vio dificultada, ¿por qué?, porque el muchachito que perdiera una asignatura, un área o un año, si era amigo del paraco, iba y le decía: “Ey, mira, el profesor me dejó, ¿será que lo asustas para que me pase?” […]. Tantos temas que uno deja de tratar. No se podía hablar de sindicalismo, no se podía hablar de participación democrática, no se podía hablar de las funciones públicas del Estado, no se podía hablar del derecho a la huelga, al paro. El derecho a la libertad de cátedra fue cortado por temor a que lo que dijeras se entendiera como un adoctrinamiento hacia los muchachos”, esto contó Evaristo a la Comisión de la Verdad sobre lo que significó la influencia de los grupos paramilitares en el Sur del Cesar.
Así mismo, en las zonas influenciadas por la guerrilla, muchos temas dejaron de tocarse en las aulas. Es decir, casi en todas las zonas rurales la libertad de catedra pasó a un segundo plano por temor a las represalias de quienes dominaban el territorio. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1958 y 2018 hubo 1.579 docentes víctimas en el marco del conflicto armado, de los cuales 1.063 fueron asesinados de manera selectiva por diversos actores armados. El segundo flagelo que más afectó a los maestros y maestras fue el secuestro, en el mismo periodo de tiempo con 201 casos y 200 desapariciones forzadas.
A su vez, el conflicto armado centró sus horrores sobre los estudiantes, es decir, sobre niños, niñas y adolescentes que quedaron a merced de los grupos armados gracias al abandono estatal de los territorios. Doris, mujer negra y maestra en Tumaco, Nariño, tuvo que ver cómo sus estudiantes empezaron a ser asesinados por las FARC, ELN, el Clan del Golfo, las Autodefensas, grupos de narcotráfico y en últimas por ninguno de ellos, ya que la mayoría de los casos permanecen en la impunidad. De otra parte, los tentáculos de la violencia impregnaron a los estudiantes, muchos de ellos se habían convertido en parte activa de los grupos armados.
“Los primeros destellos de la violencia en la institución empiezan a notarse con la amenaza a docentes. Luego, a la rectora anterior la extorsionaron y después ya empezamos a presenciar el asesinato de estudiantes. Con estos problemas ya llevamos cerca de nueve años. Todos estos grupos llegaron y se ubicaron en esta zona porque ofrece acceso fácil a la carretera y los manglares, por donde pueden entrar a los barrios […]. Una de las situaciones más delicadas en la institución es que son muy pocas las familias donde no hay alguien involucrado, de manera directa o indirecta, con estos grupos. De este modo, los roces entre compañeros y compañeras se están convirtiendo en peleas que pueden terminar fácilmente en asesinato. Es común escuchar que la una diga: “Yo llamo a mi gente y ya verás lo que te puede pasar” y que el otro responda: “Llamá a los tuyos que yo llamo los míos”
Los choques entre los grupos armados en Colombia se fueron acentuando de manera drástica en las zonas rurales, en los centros poblados cercanos a las zonas de cultivo de coca, de los laboratorios, en las rutas de la cocaína y de manera inexorable de las zonas costeras, la mayoría de estas empobrecidas y sometidas a la violencia. Manuel, un joven estudiante de Tumaco, narró a la Comisión de la Verdad los terribles hechos de violencia a los que se vieron sometidos cientos de miles de menores de edad en Colombia.
“En nuestra institución educativa, año tras año, han sido asesinados compañeros. En el 2017 yo estaba dentro del colegio y después de hacer el aseo, escuchamos unos disparos por fuera. Varios estudiantes de otros salones salieron corriendo. Como hay un balcón dentro del colegio, nosotros nos asomamos y vimos un estudiante ahí tirado. Salimos y había sangre por todas partes. Él estaba muerto y los compañeros, que eran como sus hermanos, se pusieron a llorar. Yo pensé que quienes habían hecho eso iban a volver y me fui asustado para mi casa. A él lo habían amenazado. La amenaza venía de otro chico que pertenecía a un grupo. Quizá si lo hubieran sacado de la institución y lo hubieran llevado a otra parte, su muerte se habría podido evitar”
Por su parte, los señalamientos por parte de la Fuerza Pública y el Estado mismo contra niños, niñas y adolescentes estudiantes del país, se fueron convirtiendo en un arma que poco a poco fue llevando la guerra a esta población y poniéndolos en la misma línea con guerrilleros y paramilitares. En San José de Apartadó, en el año 2008, aparecieron unos grafitis que tiempo después se fueron volviendo recurrentes en el país. “Fuera niños guerrilleros y campesinos guerrilleros que hacen daño a Colombia”. Lo curioso de este grafiti en San José de Apartadó, es que días antes se había desarrollado un operativo militar en la zona.
Así mismo, y en la línea de los centros educativos, también resultaron afectados los hogares comunitarios del ICBF, diversos centros de enseñanza y centros de cuidado de infantes. Las mujeres afrodescendientes del Norte del Cauca narraron hechos de violencia sufridos por parte de las autodefensas del Bloque Calima, quienes ejercieron dominio de hogares comunitarios como un mecanismo de control de los pobladores, sus mujeres y sus niños y niñas. Los reclamos de la población civil a los paramilitares por estos hechos, les valió amenazas, asesinatos selectivos y desplazamiento forzado.
Fotografía: Marcela Madrid Vergara
