Este flagelo a lo largo del conflicto fue cometido por agentes del Estado, lo hicieron contra personas que no tenían ordenes de captura, no habían sido sorprendidos en flagrancia y sobre quienes no había sospecha alguna. Fueron realizadas con la intención de atemorizar a las comunidades, destruir estructuras sociales y/o obstaculizar procesos organizativos. En la mayoría de los casos, tras las detenciones arbitrarias, se presentaron otros hechos violentos, como torturas, desaparición forzada, asesinato y violencia sexual.

Desde la década de 1950 se han venido presentando estos hechos, ya que con las primeras medidas de estados de sitio o de excepción, se facilitó que agentes del Estado normalizaran esta práctica con el paso del tiempo, hasta volverse una manera muy cotidiana de hacer presiones en las comunidades. Pero, ante todo, fue un instrumento violento que ejerció fuerza en los ciudadanos al respetar las garantías judiciales. Fue, de alguna manera, una acción que violentó el estado social de derecho en todas sus formas.

El periodo más álgido de las detenciones se presentó entre los años 2002 y 2008, pero el fenómeno estuvo presente en casi todas las etapas del conflicto. Las cifras son muy imprecisas, existe subregistro y hay información tomada de diversas instancias que intentan dar un acercamiento cuantitativo de esta práctica. Por ejemplo, el Movimiento de Víctimas del Estado tiene documentado 16 mil afectados entre 1978 y 1982. La Comisión Colombiana de Jurista plantea que desde 1990 al año 2016 hubo 5.985 detenciones arbitrarias y Comité de Solidaridad de Presos Políticos logró documentar 6.590 víctimas entre el 2002 y el 2004. De esta manera queda en evidencia la disparidad, pero es importante lo que sostiene el Informe Final, tras las detenciones arbitrarias, en la mayoría de los casos hubo otras violencias, como tortura, desaparición forzada, agresión sexual y homicidio.

Adicionalmente, las comunidades indígenas también tienen un registro propio, el que efectuó el Centro de Cooperación Indígena, que para los años entre 1974 y 2004, logró documentar 2.493 víctimas. Así mismo, la misma organización, reportó 280 personas detenidas de manera arbitraría entre 1974 y 1984 solo en el departamento del Tolima, en el marco de recuperación de tierras que hicieron diversos gobiernos del país.

De otra parte, para la Comisión de la Verdad y tomando diversas bases de datos, entre ellas, oficiales, estimó que entre los años 1990 y 2018 se han presentando 50.770 secuestros derivados del conflicto armado en toda Colombia. El Informe final destaca que el grupo armado que más recurrió a esa práctica fue las FARC, con casi el 40% de participación, lo que equivale a unos 20.233 secuestros cometidos. Esto resalta que el secuestro fue un arma macabra para sacar réditos políticos, militares y hasta económicos.

Los grupos paramilitares sería responsables del 24% del total de secuestros, lo que equivale a unas 10.583 víctimas, el ELN de unos 9.538 secuestros, para un 19% y el restante 17% se les atribuye a otros grupos armados y en menor medida a agentes del Estado. Durante la década de 70 el principal responsable fue el M19, entre los años 80s y 90s el fenómeno tuvo como protagonista a las FARC y el ELN y fue en esos años en donde las cifras repuntaron, con 38.926 secuestros. Por último, entre los años 2002 y 2003 ocurrieron el 23% del total de los secuestros.

Para el Informe Final, el 78% de las víctimas de secuestro fueron hombres y el restante 22% mujeres. Así mismo, dentro de las labores de recolección de información por parte de la Comisión de la Verdad, el total de mujeres entrevistas y que fueron víctimas de secuestro por algún grupo armado, el 22% reconoció que durante su estadía en cautiverio fueron víctimas de violencia sexual. No se ha logrado determinar con exactitud cuántas personas sufrieron muerte natural o fueron asesinadas en cautiverio.

El secuestro como práctica fue muy recurrente en los departamentos de Antioquia, con la mayoría de los casos, más de 9.000. Seguido Cesar y en su orden, Norte de Santander, Bolívar y Nariño. Lo más deleznable del secuestro, fue la mercantilización del ser humano, la cosificación de la víctima. Un objeto con un valor económico, político o militar. El pago de rescate nunca garantizó la vida de la víctima, muchos murieron, incluso hubo casos en donde los perpetradores cobraron varias veces el rescate y el secuestrado había muerto o sido asesinado mucho tiempo atrás.

Foto de portada diseñada a partir de fotografía de Colprensa

 

 

 

 

 

 

 

Comunicador social, periodista y escritor ibaguereño, pero formado en los Llanos Orientales. Es el autor de una serie de cuentos y relatos que dan un acercamiento a la cosmovisión del autor en el realismo. Además, es el autor de la novela El Susurro de las Tripas, el primer intento para la construcción de un universo literario inspirado y desarrollado en los Llanos Orientales.