“Que, si usted va a recoger la cosecha, le dicen: “Usted por ahí no puede transitar y no puede salir”. Entonces usted está preso, ya no tiene ni derecho a cultivar porque no tienes el permiso […], yo también me relaciono con los presidentes de las juntas de acción comunal, en estos momentos ellos también manifiestan lo mismo, que si van a recoger: “No, porque por acá no venga porque no respondemos, no sabemos qué puede pasar”. Este relato de una de las víctimas del confinamiento, revela que esta acción de los grupos armados impedía que las personas desarrollaran labores muy cotidianas, como trabajar o ir a buscar alimentos, sometiendo a familias enteras a incertidumbre y en ocasiones a pasar tiempos de hambre.
Adicionalmente, esta práctica fue ejecutada por grupos armados que tenían la capacidad de control absoluto del territorio, lo cual les garantizaba la impunidad. En muchas ocasiones el confinamiento fue realizado a comunidades enteras cuando uno de los actores armados estaba desarrollando amplias operaciones militares, por lo que, restringir el tránsito de la población civil, suponía que las líneas de suministro del enemigo se iban a ver afectadas directa o indirectamente. Así mismo, este no tiene una implicación directa en los centros económicos y políticos del país, fueron acciones momentáneas y que solo afectaron a las poblaciones, por lo que, la mayoría de los casos fueron invisibilizados y las posibilidades de denuncia casi inexistentes.
En el Informe Final de la Comisión de la Verdad queda de manifiesto que entre los años 1997 y 2005 se concentró la mayor parte de los casos, en donde los responsables fueron los grupos guerrilleros, los paramilitares y en algunas ocasiones la fuerza pública. Las acciones de confinamiento estuvieron acompañadas de amenazas, sobre todo de desplazamiento, tortura y ataques indiscriminados. El 62% de los hechos documentados por la Comisión fueron cometidos de manera conjunta con otras violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
A pesar del Acuerdo de Paz con las FARC y las AUC, este flagelo no cesa en Colombia, según Acnur, entre enero de 2019 y marzo de 2022 han sido confinadas unas 183 mil personas, en su mayoría población afrocolombiana, indígenas y campesinas.
En cuanto al despojo de tierras este estuvo directamente relacionado con el desplazamiento forzado, por lo que este crimen tuvo amplias motivaciones económicas. La Comisión de la Verdad sostiene que la tierra, territorios y recursos naturales son un botín de guerra ampliamente disputado en Colombia. La expulsión de las comunidades de sus hogares, fincas y tierras en general fue usada, entre otros, para ejercer control territorial, apropiarse de ellas y posteriormente venderlas. Los mecanismos fueron muy variados, desde políticos, pasando por actos administrativos que necesitaban de la complicidad de funcionarios en entidades territoriales, judiciales en donde también hubo participación de funcionarios y, desde luego, a la fuerza.
“Perdimos las tierras, perdimos todo, debido a eso mi papá y mi mamá se entristecieron, dejaron sus tierritas, se vinieron para Aguachica y a una persona campesina en el pueblo le va mal, se entristece porque la vida de uno es el campo, la vida de uno es estar pegado a las matas, checheriando con los animales, esa es la vida del campesino, el campesino en el pueblo sufre”. Relato de una víctima de despojo.
La Comisión de la Verdad determina que la práctica del despojo es muy antigua en Colombia, pero no existen registros confiables, muchos casos se quedaron en la impunidad y hubo asesinatos por lo que la voz de las víctimas no alcanzo a ser escuchada o a entablar denuncias. Igualmente, solo hasta la Ley de Víctimas en el año 2011, se sentó un principio para definir los alcances de este flagelo, sin embargo, los casos siguen sin castigo, ya que el Código Penal colombiano no tiene tipificado el delito de despojo.
La Encuesta Nacional de Víctimas de la Contraloría muestra que 537.503 familias han sido despojadas de sus propiedades o fueron forzadas a dejarlas entre 1985 y el año 2013. Según esa misma encuesta, esas acciones de despojo equivalen a ocho millones de hectáreas de tierra arrebatadas a sus dueños originales. Esa cantidad de territorio es casi igual a países como Austria o a unas 50 veces Bogotá.
También es importante señalar que el despojo en algunos casos fue accidental, ya con las disputas territoriales de los grupos armados originaban que cientos de pobladores en las zonas de influencia abandonaran sus posesiones, migraran lejos y no regresaran a recuperar sus tierras. De acuerdo a las acciones de restitución de tierras que ha realizado el Estado colombiano, se ha logrado restituir unas 532.498 hectáreas, de las cuales 276 mil fueron usurpadas por grupos paramilitares, 106 mil por grupos guerrilleros y el resto fueron abandonadas por enfrentamientos en la zona.
El despojo de tierras cayó de manera significativa desde el año 2004, coincidiendo con el proceso de paz con los AUC. Desde ese año y hasta el 2017 las cifras descendieron de manera drástica, también coincidiendo con la firma del proceso de paz con la guerrilla de las FARC. A pesar que el despojo ha mantenido una tendencia a la baja, el desplazamiento forzado como fenómeno conexo, continua con números al alza, aunque mucho más bajo que en los años intensos del conflicto armado colombiano.
*Esta campaña se realiza con el apoyo del Instituto Colombia-Alemán para la paz -CAPAZ.
