En diciembre del año pasado, habitantes de la vereda Montecristo del municipio de Guamal, se percataron de la existencia de una extraña sustancia viscosa con un fuerte olor a hidrocarburos en jagüeyes cercanos al sitio en el cual se encuentra la plataforma petrolera Lorito 1 y Lorito 1 reubicado. Manifiestan estar preocupados por la posibilidad de que haya sido contaminada la reserva de agua dulce que allí se encuentra.

El río Humadea es uno de los más limpios y conservados del piedemonte llanero, por lo que, se ha posicionado como uno de los principales destinos turísticos que se encuentran a disposición del departamento del Meta y la región de la Orinoquia. Este importante afluente no solo abastece el acueducto comunitario de la vereda Humadea, sino el de Guamal, y el del municipio de Castilla La Nueva.

Recientemente, Orlando Zuñiga Torres, presidente de la Asociación de Usuarios del Acueducto Comunitario de Humadea (ASOAH),  le comentó a El Cuarto Mosquetero su preocupación por el alto riesgo que enfrenta el río Humadea de ser contaminado debido a las actividades que Ecopetrol realiza en la zona, producto de la operación, que se podría realizar en la plataforma Lorito 1 reubicado, la cual, a la fecha, se encuentra aparentemente inactiva. Estas acciones extractivistas, no solo afectarían a las comunidades aguas abajo de la zona donde se encuentra la plataforma, sino a todo el frágil ecosistema conformado por la flora y fauna del sector. Cabe recalcar que este afluente es tributario del Guamal, el cual, a su vez, luego de encontrarse con el río Guayuriba, forman parte del río Meta, uno de los más importantes del departamento. 

Antecedentes

A mediados del 2011, la Corporación Ambiental y Turística Alas del Humadea (Corpohumadea), se enteró de las intenciones de Ecopetrol de intervenir la cuenca del río Humadea y se dio a la tarea de investigar cuáles serían los alcances de esta pretensión. Se trataba de la construcción de unas infraestructuras para el establecimiento de plataformas petroleras. 

En mayo del 2012, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), adjudicó la Licencia 0331 a Ecopetrol, autorizando el desarrollo del proyecto del área de perforación exploratoria APE CPO9, que forma parte del bloque petrolero homónimo. 

A pesar de la oposición de las comunidades y de Corpohumadea, la empresa logró, con el respaldo de las entidades territoriales y del Gobierno Nacional, llevar a cabo la construcción de la primera plataforma del área de perforación exploratoria, que se denominó Lorito 1 y se ubicó  a los alrededores de la vereda Montecristo Bajo del municipio de Guamal, a 95 metros del río Humadea y sobre una reserva subterránea de agua dulce de 1.032 hectáreas, cuyo nivel freático se encuentra en época seca, a escasos 60 centímetros de la superficie del suelo, y que en temporada de lluvias, al recargarse, su suelo “llora agua”.   

En 2016, Corpohumadea en articulación con Ecopetrol, concertó la realización de una reunión, con el fin de que la empresa sustentara a las comunidades porqué el funcionamiento de la plataforma Lorito 1, no supondría ningún riesgo. Sin embargo, la organización ambiental, con el respaldo de la Corporación Geoambiental Terrae, logró demostrar que poner en operación esta construcción no era viable. Por ende, el vicepresidente de sostenibilidad de la empresa en ese entonces, Eduardo Uribe, reconoció públicamente el riesgo y decidió que no se iniciarían operaciones extractivas en la zona. 

Edgar Humberto Cruz, director de Corpohumadea, le comentó a El Cuarto Mosquetero que, en su momento, le solicitó a Eduardo Uribe, que no se desarrollara otra infraestructura sobre la ya mencionada reserva de agua dulce. Sin embargo, el funcionario de Ecopetrol, respondió que esa era la zona de interés de la empresa y que ellos contaban con la licencia otorgada por la ANLA, por lo que, mientras la autoridad ambiental no les limitara, la empresa continuaría con sus operaciones en la zona. Es así que a finales del 2017 se inicia la construcción de una nueva plataforma llamada Lorito 1 Reubicado.  

Cabe resaltar que, en el Plan de Contingencia, específico para Lorito 1, presentado por Ecopetrol ante la ANLA a finales del 2012, se evidencian las características de la reserva subterránea de agua dulce que fue reportada por la misma empresa y que debido a la formación geomorfológica y su suelo arenoso, los niveles de infiltración son bastantes altos. En otro aparte de este documento, se lee que, de llegarse a contaminar el acuífero, se afectaría no solo el río Humadea sino las bocatomas de los acueductos de Castilla La Nueva y de la vereda Humadea. 

Según Edgar, las socializaciones con la comunidad por parte de Ecopetrol estuvieron llenas de irregularidades y cuestionables situaciones como la respuesta dada por el ingeniero Melvin Cagua, jefe de perforación del CPO9 a una de las habitantes del centro poblado de Humadea cuando le preguntó acerca de las garantías de cero afectación para las y los pobladores de la zona: “De algo nos tenemos que morir”. 

En otra reunión, en la que habitantes de Castilla La Nueva y Humadea, manifestaron su rechazo a la realización del proyecto en esa zona, Judith Balaguera, profesional social de Ecopetrol en ese momento, señaló que con o sin el consentimiento de las comunidades, la empresa haría intervenciones en la zona, relató Edgar. 

Finalmente, la plataforma Lorito 1 Reubicado, fue construida a 340 metros en línea recta de la plataforma Lorito 1 original, quedando también sobre la reserva acuífera de la zona, la misma en la que según conceptos técnicos solicitados en 2012 por Corpohumadea a la Gerencia Ambiental de la Gobernación del Meta y a Cormacarena, era inconveniente el desarrollo de ese tipo de infraestructuras de alto impacto en una zona de recarga hídrica como la elegida para realizar el proyecto. Además, las entidades le sugirieron a la ANLA solicitarle a Ecopetrol que se abstuviera de desarrollar sus planes o que buscaran otra ubicación. 

Aunque a la fecha Lorito 1 Reubicado no ha entrado en etapa productiva, parece ser que el temor de las comunidades de que fuese afectada la reserva subterránea de agua dulce, se ha materializado. Según Cruz, el 20 de diciembre del 2020, el administrador de la finca Agua Linda, de la vereda Montecristo Bajo, reportó a Corporhumadea que su jagüey principal, ubicado a 240 metros de Lorito 1, presentaba un olor y sabor extraño en el agua, lo que indicaba una posible contaminación por hidrocarburos. Al inspeccionar este depósito hídrico, hallaron una nata viscosa de apariencia aceitosa. Luego, al introducir un tubo nuevo de PVC, este salió impregnado de una sustancia espesa y grisácea.  Adicionalmente, a 40 metros de distancia de esta finca, hay otro aljibe en el que detectaron también contaminación en el agua, pero con menor intensidad. El mismo problema descubrieron los habitantes de la zona, a 150 metros de distancia, donde hay un pequeño nacedero de agua en el mes de enero. 

Sumado a esto, hace un tiempo, Ecopetrol solicitó a la ANLA un permiso para realizar el vertimiento de desechos producidos por la plataforma Lorito 1 Reubicado, tan pronto empiece su etapa productiva, pero la autoridad ambiental le negó esta posibilidad a la empresa. 

Las diligencias ignoradas 

Desde Corpohumadea, se instauró una denuncia el 24 de diciembre del año pasado ante las entidades competentes, pero no se atendió de manera inmediata debido a la fecha, pues muchos funcionarios se encontraban descansando. Además, para esa fecha, los integrantes de la Comisión Inspectora de la ANLA, no tenían activos sus contratos, y según uno de los funcionarios, se reintegrarían el 19 de enero. Mientras tanto, la comunidad seguía lidiando con la contaminación en el agua. 

Además, Edgar solicitó a la ANLA una visita de inspección, y a la Procuraduría que la acción se lleve a cabo con la presencia de cada una de las entidades que forma la Estrategia Territorial de Hidrocarburos (ETH), es decir, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el Ministerio del Interior, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Ministerio del Trabajo y el Servicio Público de Empleo. 

En el portal del Ministerio de Minas y Energía, se lee que la ETH tiene como objetivo, “contribuir a mejorar las condiciones de gobernabilidad, transparencia y la superación de la pobreza, a través de la generación y facilitación de espacios de diálogo entre comunidades, entidades del gobierno nacional, regional y municipal, así como empresas del sector de hidrocarburos, para la construcción de propuestas conjuntas que forjen desarrollo y busquen soluciones a las problemáticas existentes en los territorios”. Sin embargo, Edgar afirmó que la ETH ha sido utilizada por el Gobierno Nacional para justificar ante la opinión pública que el avance de la industria de petróleo no representa mayor problema para las comunidades y la conservación del territorio

El 16 de enero la ANLA le notificó a Corpohumadea que el 20 y 21 de ese mismo mes se desarrollaría la visita de inspección. Sin embargo, el 21 de enero, la autoridad ambiental notificó la suspensión del compromiso, manifestando que se tomaría hasta marzo, para que la visita coincidiera con la inspección de seguimiento de la Licencia 0331 por parte de Ecopetrol. 

Por otro lado, la comunidad y Corpohumadea, le solicitaron a la ANLA, que se realicen análisis de laboratorio por entidades registradas ante el Ideam (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales), para tener la certeza de la fuente de la ya denunciada contaminación y de esa manera, poder tomar las medidas pertinentes. “Nosotros no confiamos en la información técnica que presenta Ecopetrol”, afirmó Edgar. Asimismo, exigieron que los costos de dichos estudios, sean asumidos por la empresa o por las autoridades departamentales y municipales en articulación con Cormacarena. 

A raíz de la cancelación de la visita por parte de la ANLA, Corpohumadea ofició a la Procuraduría Ambiental, solicitándole que requiriera a la Autoridad Ambiental para que reprogramara la visita lo más pronto posible. 

La visita de inspección

Finalmente, el pasado 29 de enero, a las 8:00 de la noche, la organización ambiental fue notificada vía Whatsapp por la ANLA, de que la visita se realizaría el 1 de febrero a las 9:00 de la mañana, “siendo imposible avisar con tiempo a otras entidades que deberían haber hecho presencia en el sitio”, relató Edgar. Sin embargo, en la diligencia estuvo presente el procurador ambiental agrario, Hilmer Fino, la Secretaría de Medio Ambiente de Guamal, los concejales Andrés Palma y María Eugenia Aristizabal, el fiscal del acueducto de Humadea, el propietario de la finca Agua Linda y dos funcionarios de Ecopetrol. 

En la visita, se inspeccionaron cinco puntos diferentes, en los que se evidenció presencia de lo que “pareciera ser hidrocarburos, un olor bastante fuerte a combustible, sobretodo en el aljibe principal”, aseveró Edgar. Pero anteriormente, a mediados de enero, Ecopetrol le había notificado al dueño de la finca que los análisis que había tomado la empresa, mostraban que efectivamente había presencia de ACPM y de grasas en el agua, pero que esto no tenía que ver con sus actividades extractivas.

Además, al cierre de la visita, se notificó a los inspectores de la ANLA, que el administrador y el propietario del predio han recibido amenazas por hacer pública en redes sociales la contaminación del líquido vital en la zona. Por lo que la comunidad espera que la entidad tome las medidas pertinentes para salvaguardar la vida de estas personas.

Dada la situación, la comunidad y Corpohumadea, exigió el establecimiento de medidas para realizar un monitoreo permanente. De hecho, desde el 2013, se le ha exigido a la ANLA que le solicite a Ecopetrol la instalación de una red de piezómetros, para ser manejados por las y los pobladores, petición que no ha sido tomada en cuenta. 

El temor de perder una fuente elemental para la cotidianidad y el bienestar de las comunidades en consecuencia a las actividades extractivistas por parte de Ecopetrol, sigue derribando la tranquilidad de los pobladores que se mantienen resistiendo y abogando, desde hace años, por la defensa y soberanía de su territorio. 

Comunicadora social y periodista, con experiencia en prensa escrita, comunicación institucional y trabajo con comunidades vulnerables desde el enfoque de la participación política, defensa del territorio y comunicación para el cambio social.