Organizaciones sociales hacen un urgente llamado para que se respete la vida, salud y demás derechos humanos a los y las firmantes de la Paz en Colombia, quienes en 2022 han perdido a once de sus integrantes y además se ha anunciado el retiro de su esquema de salud.

El genocidio, como ha sido catalogado el asesinato sistemático de los y las excombatientes, en lo que va del año, ha tomado la vida de 11 personas; el hecho más reciente, fue en El Tambo, Cauca, donde Jorge Canchi Ramos, de 42 años, fue encontrado sin vida en la vereda 20 de Julio.

Jorge se encontraba adelantando su proceso de reincorporación en ese departamento, donde además administraba una finca. Los restos humanos de él fueron recuperados por habitantes de la zona rural, quienes lo trasladaron hasta la JAC de Playa Rica.

Con él, ya son 310 los y las firmantes de la Paz asesinadas en los últimos cinco años; razón por la cual, la Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas para municipios como Argelia, El Tambo y Balboa, Cauca, donde existe un riesgo permanente para la existencia de los y las ciudadanas que están en proceso de reincorporación.

Igualmente, el Consejo Nacional de Reincorporación hizo un llamado en las últimas horas sobre el pésimo servicio médico que hay en los ETCR, así como “la orden” de desmantelar los esquemas de salud en Tibú, Norte de Santander.

Con esto y otros incumplimientos hechos por el Gobierno Nacional, las y los excombatientes, organizaciones sociales y veedurías ciudadanas, exigen que haya mayor cumplimiento de los Acuerdos de Paz y que se les brinde mejores garantías a quienes dejaron las armas por apostarle a construir un país diferente.