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Familiares de víctimas de desaparición forzada cuestionaron a comparecientes de la Fuerza Pública en audiencia de la JEP en Florencia, Caquetá
Con un altar en el centro de la sala compuesto por velas blancas, flores, bordados, y fotografías de víctimas de desaparición forzada, las comunidades hicieron observaciones a las versiones de 27 comparecientes de la fuerza pública en el marco del Macrocaso 08 de la Justicia Especial para la Paz -JEP-.
La diligencia se desarrolló como parte del subcaso Ariari–Guayabero, Guaviare, Caguán y zonas aledañas, incluido en el Caso 08, que investiga crímenes cometidos por agentes estatales en alianza con paramilitares y terceros civiles. La audiencia, segunda en su tipo, realizada el 03 de septiembre, permitió que familiares hicieran observaciones a las versiones entregadas por un grupo de comparecientes, entre ellos un general en servicio activo, dos generales retirados, coroneles, suboficiales y soldados profesionales. La mayoría estuvo vinculada a la Brigada Móvil 6, a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega y a los Batallones de Contraguerrilla 55 y 60.
Los magistrados y magistradas de la Sala de Reconocimiento de la JEP insistieron en que el proceso no se limita a contrastar testimonios, sino que busca restaurar la dignidad de las víctimas, esclarecer la verdad y garantizar la no repetición. El altar levantado en el recinto fue testigo de relatos que revelaron el dolor y la persistencia de las familias.
Nohemí Agudelo, madre de Cristian Camilo Josa, recordó cómo su hijo de 17 años desapareció el 28 de agosto de 2006 en Caquetá, cuando trabajaba vendiendo empanadas y arepas. “Me quedé esperando a Cristian, nunca llegó. Hoy, en Caquetá, estamos haciendo justicia”, dijo antes de encender una vela en su memoria.Gloria Vera, madre de Éider Vera Chimbaco, señaló directamente a un soldado profesional que, según ella, se llevó a su hijo con la excusa de un trabajo en una finca. “Nunca volvió, y cuando lo busqué me dijo que lo había vendido a un grupo”, relató.
Elizabeth Cortés Ávila, madre de Jorge Andrés Bernal, entregó un ramo de flores como acto simbólico. La magistrada Reinere Jaramillo reconoció su gesto y la legitimidad del dolor de las mujeres que, pese a las amenazas, han persistido en la búsqueda de la verdad. Otros testimonios provinieron de la comunidad de Peñas Coloradas, en Cartagena del Chairá, donde narraron desplazamientos forzados en 2004 tras la llegada del Ejército. “Nos dijeron que si no salíamos de inmediato nos mataban”, recordó una de las víctimas.
Elizabeth Cortés Ávila, madre de Jorge Andrés Bernal, entregó un ramo de flores como acto simbólico. La magistrada Reinere Jaramillo reconoció su gesto y la legitimidad del dolor de las mujeres que, pese a las amenazas, han persistido en la búsqueda de la verdad. Otros testimonios provinieron de la comunidad de Peñas Coloradas, en Cartagena del Chairá, donde narraron desplazamientos forzados en 2004 tras la llegada del Ejército. “Nos dijeron que si no salíamos de inmediato nos mataban”, recordó una de las víctimas.
Foto: cortesía JEP
Foto: cortesía JEP
Foto: cortesía JEP
Foto: cortesía JEP
Foto: cortesía JEP
El trasfondo del subcaso
La JEP ha documentado al menos 880 hechos en este subcaso, que incluyen desapariciones forzadas, homicidios, torturas, desplazamientos y prácticas ilícitas de guerra. La primera audiencia de este subcaso Ariari–Guayabero, Guaviare, Caguán y zonas aledañas, se realizó en Villavicencio, el 28 de agosto de 2024.
La Procuraduría participó en la diligencia y acompañó las intervenciones de las víctimas. Para muchos familiares, el espacio significó la posibilidad de confrontar, aunque de manera virtual en algunos casos, a los responsables señalados. “Esta audiencia es la luz que necesitábamos”, dijo Nohemí Agudelo, madre buscadora, mientras sostenía la vela blanca encendida. Sus palabras resumieron el sentido de un proceso que, más allá de lo jurídico, se convierte en un acto de memoria y resistencia.
En el análisis realizado por el despacho correlator dentro del subcaso Ariari–Guayabero, Guaviare, Caguán, Florencia y zonas aledañas, se evidenció que integrantes de unidades militares adscritas a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega aplicaron en áreas rurales del Caquetá estrategias contrainsurgentes sustentadas en la estigmatización. Estas prácticas se tradujeron en el señalamiento y selección de personas por su liderazgo social o por una supuesta cercanía con lo que calificaban como “ideología insurgente”.
La JEP ha documentado al menos 880 hechos en este subcaso, que incluyen desapariciones forzadas, homicidios, torturas, desplazamientos y prácticas ilícitas de guerra. La primera audiencia de este subcaso Ariari–Guayabero, Guaviare, Caguán y zonas aledañas, se realizó en Villavicencio, el 28 de agosto de 2024.
La Procuraduría participó en la diligencia y acompañó las intervenciones de las víctimas. Para muchos familiares, el espacio significó la posibilidad de confrontar, aunque de manera virtual en algunos casos, a los responsables señalados. “Esta audiencia es la luz que necesitábamos”, dijo Nohemí Agudelo, madre buscadora, mientras sostenía la vela blanca encendida. Sus palabras resumieron el sentido de un proceso que, más allá de lo jurídico, se convierte en un acto de memoria y resistencia.
En el análisis realizado por el despacho correlator dentro del subcaso Ariari–Guayabero, Guaviare, Caguán, Florencia y zonas aledañas, se evidenció que integrantes de unidades militares adscritas a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega aplicaron en áreas rurales del Caquetá estrategias contrainsurgentes sustentadas en la estigmatización. Estas prácticas se tradujeron en el señalamiento y selección de personas por su liderazgo social o por una supuesta cercanía con lo que calificaban como “ideología insurgente”.
Foto: cortesía JEP
Foto: cortesía JEP
Foto: cortesía JEP
Foto: cortesía JEP
Foto: cortesía JEP
La investigación también estableció que, en varios de los territorios priorizados, hubo articulación con estructuras paramilitares y redes del narcotráfico. Durante las operaciones militares, las tropas ejercieron control sobre corredores fluviales estratégicos y restringieron el acceso a bienes esenciales como alimentos, gasolina e insumos básicos. Estas medidas, dirigidas en principio contra la guerrilla, terminaron afectando directamente a las comunidades campesinas y forzaron su desplazamiento al limitar las condiciones mínimas de vida.
Otro hallazgo relevante fue el uso de supuestos guías o informantes que, en ocasiones, portaban armas de uso privativo de la Fuerza Pública y operaban de manera conjunta con los uniformados.
Hasta el momento, la JEP ha reconocido como víctimas e intervinientes especiales a más de 150 personas y ocho colectivos en este subcaso, 55 de ellas y un colectivo provenientes de Caquetá. A su vez, 145 comparecientes de la Fuerza Pública han sido vinculados al proceso.
Esta audiencia permitió que las familias pidieran aclaraciones y ampliación de la información entregada por los comparecientes en sus versiones. Las intervenciones no solo permiten contrastar los testimonios de los responsables, sino que aportan elementos esenciales para comprender la magnitud de los hechos, fortalecer la memoria histórica y definir acciones de no repetición que dignifiquen a quienes han sufrido estas graves violaciones a los derechos humanos.
Lea también: Raquel Rodríguez: la búsqueda por la verdad de la desaparición de sus hermanos
Otro hallazgo relevante fue el uso de supuestos guías o informantes que, en ocasiones, portaban armas de uso privativo de la Fuerza Pública y operaban de manera conjunta con los uniformados.
Hasta el momento, la JEP ha reconocido como víctimas e intervinientes especiales a más de 150 personas y ocho colectivos en este subcaso, 55 de ellas y un colectivo provenientes de Caquetá. A su vez, 145 comparecientes de la Fuerza Pública han sido vinculados al proceso.
Esta audiencia permitió que las familias pidieran aclaraciones y ampliación de la información entregada por los comparecientes en sus versiones. Las intervenciones no solo permiten contrastar los testimonios de los responsables, sino que aportan elementos esenciales para comprender la magnitud de los hechos, fortalecer la memoria histórica y definir acciones de no repetición que dignifiquen a quienes han sufrido estas graves violaciones a los derechos humanos.
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