La crisis de los cientos de miles de migrantes que cada día intentan cruzar el tapón del Darién se recrudece con el paso del tiempo de manera silenciosa, como si fuera una crisis aislada en una América Latina acostumbrada a las tragedias y que, a la fecha, se está convirtiendo en uno de los desastres humanitarios más grandes del planeta. Por ahora, en un mundo concentrado en la avalancha migratoria africana a Europa, la del Darién crece, mientras arroja una catástrofe de dimensiones colosales para la región que aún no ve el problema en su magnitud, y que mucho menos lo aborda.
Desde hace un par de años, apareció en la prensa de la región la noticia que algunas personas en condición migratoria buscaban pasar del sur del continente al Centro América y de ahí a Estados Unidos, usando el Tapón del Darién. Esa selva húmeda es la frontera natural entre Colombia y Panamá que, sin carreteras, se ha convertido en un paso muy peligroso para quienes se aventuran a ir por la selva en busca de oportunidades y, que en sus países les fueron negadas por la corrupción, la pobreza e incluso por la persecución política.
El Darién es casi inexpugnable, de ahí el calificativo que hace parte de su nombre “El Tapón”, porque la zona parece un gigantesco obstáculo para el caminante gracias a la espesura de la selva, los animales venenosos, la lluvia casi constante, sin contar con la poca presencia estatal de Colombia y Panamá, esto debido al el control riguroso de bandas del narcotráfico. Son 106 kilómetros los que se deben caminar por medio de trochas lodosas que se ven interrumpidas por ríos y pantanales, en los que el Clan del Golfo (banda delincuencial colombiana) y los coyotes deciden la suerte del migrante desesperado.
En 2010, las autoridades panameñas registraron los primeros casos de llegadas de migrantes por su frontera sur, un hecho muy significativo considerando que la zona es de difícil acceso y que se había mantenido casi inalterable por décadas. Con un promedio de 2.500 cruces anuales entre 2010 a 2014 “el Darién” se convirtió en una nueva ruta para los y las migrantes que buscaban llegar a los Estados Unidos. Durante el 2015 y 2016 la cifra subió a 30 mil cruces anuales, especialmente de cubanos y haitianos, tal como el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá (Senafront) lo evidenciaba en sus informes.
Para el 2021, la situación escaló de manera considerable, pues 130 mil personas cruzaron la selva, respecto al 2022 la cifra fue de 250 mil y, tan solo en los meses de enero a septiembre de 2023, ubicó a 457 mil personas, lo cual era el estimado de las autoridades panameñas para todo el año. La odisea de esas personas que deben caminar durante varios días en condiciones infrahumanas se acentúa con la violencia a la que están en expuestos a diario.
En primer lugar, es un grupo delictivo el que controla de manera activa todo lo que sucede en la zona, por lo que los y las migrantes hacen parte de su fuente de recursos, sumado a que El Clan del Golfo tiene el mayor dominio territorial, lucrándose con el paso de personas al otro lado de la frontera; en muchos casos, los usan como escudos humanos para desviar la atención de las autoridades que intenta controlar el transito del narcotráfico.
Según estimaciones de ACNUR por cada persona que cruza la frontera este grupo armado ilegal recibe unos 125 dólares por concepto de cobros o vacunas que ejercen sobre “coyotes” (guías) y transportistas, una suma nada despreciable teniendo en cuenta los miles de personas que pasan a diario. El informe de HRW evidencia que en algunos casos el Clan del Golfo ha obligado a los guías a que lleven a los migrantes en lanchas muy cerca de otras embarcaciones, además, solicitan que transporten. Al entrar en contacto con las autoridades, arrojan a las personas al agua, desviando la atención de las fuerzas de seguridad mientras huyen con la carga ilícita.
La migración ha generado una economía que puede ser considerada como macabra -considerando el origen de esos recursos-, ya que su gran mayoría, proceden de personas desesperadas que no ven otra posibilidad que enfrentarse a la selva con todos los riesgos. Pero, al mismo, tiempo las comunidades receptoras que han establecido “empresas” para garantizar el flujo migratorio, han estado históricamente abandonadas por el estado colombiano y el panameño, pues estas han sido víctimas de la violencia guerrillera y paramilitar, así que, ante la falta de oportunidades ven al migrante como una opción de sustento.
En medio de esa ecuación aparece el Clan del Golfo, quienes extorsionan a transportadores, mototaxistas, dueños de pensiones o personas que alquilan sus casas por algunas noches, propietarios de restaurantes, supermercados, guías, lancheros y cuanta persona esté involucrada el negocio de pasar gente de un lado al otro. Este grupo armado controla la situación -teniendo el control total del territorio-, por ejemplo, la orden es que al migrante no le pase nada y, en ese sentido, todo abuso de un guía o un transportista es pagado incluso con la muerte.
A pesar de lo anterior los casos que se narran son aberrantes, la violencia sexual contra mujeres, niños y niñas es un factor común que recogen organizaciones humanitarias que trabajan en la zona. Las autoridades de Panamá tienen más de cien investigaciones abiertas y Médicos Sin Fronteras ha atendido más de 328 personas que manifestaron haber sido víctimas de abuso sexual en el 2021, según cifras, más de 200 personas durante el 2022, respecto al 2023 la cifra asciende a más de 390 casos. Estos datos corresponden a las personas que se atrevieron a denunciar o las que alcanzaron a hacerlo, por lo que se presume que las cifras pueden rondar los miles.
En el mismo periodo de tiempo, las autoridades recuperaron 65 cadáveres en 2021, 51 en 2022, esto entre enero y abril. La Organización Internacional para la Migración-OIM reportó que entre los años 2021 a 2023 tienen registro de 229 personas desaparecidas, cifra que es difícil de cotejar de manera oficial, ya que Colombia no sabe con certeza cuántas personas salen de su territorio, además, la intención es que en Panamá se haga un control con las llegadas, por lo que se presume que la cifra de muertes y desaparecidos es mucho mayor.
La organización internacional recibió informes creíbles de hombres armados que mataron y descuartizaron a personas; las Defensorías de Pueblo de Colombia y Panamá tienen reportes de cuerpos que fueron arrojados por acantilados y otros que habían sido quemados. Otros casos son los asociados a enfermedades preexistentes o adquiridas durante el tránsito, así como por el accionar de la fauna del lugar.
ACNUR en sus entrevistas con personas que llegan a los centros de atención en el lado panameño ha logrado develar lo inhumano de este cruce, ya que muchos de los migrantes han informado que durante su travesía vieron hasta una docena de cuerpos. El 50% de los y las entrevistados han sido solicitantes de asilo, asimismo, manifestaron que vieron hasta 15 cuerpos a lo largo de la ruta. Algunas de estas muertes se han presentado por ahogamiento en ríos y caños, homicidio y otros con causa desconocida como lo informan las autoridades de Panamá en el informe de HRW
En su informe Human Rights Watch alienta al gobierno de los Estados Unidos a que los requisitos para conceder asilo sean más flexibles, sobre todo con personas en situaciones de pobreza o que no tienen un patrocinador en aquel país. En consecuencia, se espera que los programas humanitarios de asistencia y cobijo de población migrante abarquen a personas de diversas nacionalidades, como los ecuatorianos, también se espera que las oficinas de Movilidad Segura aumenten su atención en el territorio.
Y, en general, toda la comunidad internacional para que se movilicen en la atención de esta problemática, pero fundamentalmente en la revisión de las causas que han generado la migración, pues se esperan mecanismos que ayuden a superar brechas sociales, generando oportunidades para la vida en los países de origen de los migrantes.
