Recientemente, las comunidades al norte del Tolima, descubrieron que tras las pretensiones extractivitas de algunas filiales mineras, se encuentra una multinacional canadiense con planes de extracción de metales preciosos equiparables a la Colosa de Cajamarca.
Hace unos meses, comunidades rurales del municipio de Armero Guayabal en el Tolima, denunciaron trabajos de exploración con fines extractivistas durante la pandemia. En junio del 2020, David Machado, miembro del Comité Ambiental del municipio, comentó que en la vereda El Placer, del corregimiento San Pedro, se han evidenciado trabajos relacionados con un proyecto de minería que se pretende desarrollar en la zona.
Según la comunidad de Armero Guayabal, a inicios de junio del año pasado, alcalde del municipio, se reunió con funcionarios de la empresa minera Group S.A.S -la misma que ha realizado los trabajos de exploración en la vereda El Placer- para hablar del contrato de concesion L-685, un título minero de cerca de 20.000 hectáreas para la explotación de cobre, oro, zinc y sus concentrados, y demás minerales concesibles, cuyo titular es Luis Hernando Peñaloza Rodríguez.
Para contextualizar: ¿Aprovechan la pandemia para realizar exploraciones mineras en Armero Guayabal, Tolima?
Hasta hace unas semanas se descubrió que las que están detrás de las pretensiones extractivistas, son unas filiales pertenecientes a una gran multinacional canadiense que pretende “hacer un inmenso distrito minero en el norte del Tolima”, comentó el ambientalista David Machado a El Cuarto Mosquetero.
La multinacional a la que se refiere es OutCrop Gold Corp “una empresa canadiense que explora activamente metales preciosos en Colombia y busca expandirse a otras jurisdicciones de alta oportunidad. Nuestras oficinas se encuentran en Vancouver, Canadá y Medellín, Colombia”, se lee en su página web.
El portal también evidencia la magnitud del proyecto Santa Ana, el cual se desarrollaría en más de 24.000 hectáreas ubicadas en el norte del Tolima. La intención extractivista consta de cinco sistemas de vetas paralelas a escala regional a lo largo de una tendencia de 12 kilómetros de ancho y 30 de largo.
El proyecto abarca los municipios de Líbano, Villahermosa, Armero Guayabal, Falan, Palocabildo, Mariquita y Casabianca. Algunos de estos territorios tienen registros mineros que datan de al menos 1585, es decir, han sido explotados por la minería de plata y oro desde la época de la colonia, durante la cual se produjo una enorme cantidad de metal precioso. Para ese entonces, los ríos en Colombia, nacidos en las tres cordilleras, estaban cargados de estos codiciados materiales en gránulos dispersos en sus arenas ribereñas y en el limo de su fondo, según la Revista Credencial. Por ende, el histórico extractivismo de la zona, sería el argumento que está usando la empresa canadiense para continuar degradando el territorio, que según habitantes de la región, hoy padece los pasivos ambientales de siglos de explotación.
Por eso nos contactamos con Luisa Montejo, lideresa ambiental de Líbano, Tolima, un municipio que está enfrentando la minería a gran escala de la mano de la Mina El Gran Porvenir. “Nosotros creemos que los impactos ambientales no se pueden medir solamente del proyecto hacia abajo, sino también hacia arriba y hacia los lados porque los ecosistemas no funcionan como sistemas aislados sino que son un todo”, señaló.
El 11 de febrero del 2021, la comunidad notó un helicóptero con una sonda sobrevolando el área rural y parte de la urbana de Líbano. Las incógnitas se multiplicaron entre las y los habitantes de la zona, que poco después supieron de qué se trataba la extraña presencia del automotor. “La empresa Miranda Gold estaba pagando unas prospecciones en casi todo el norte del departamento. Estaban prospectando en Líbano, Villahermosa, Palocabildo, Falan y Armero Guayabal”, relató Luisa.
Luisa, tras investigar por Internet junto a compañeros ambientalistas de los otros municipios mineros al norte del Tolima, descubrieron que Miranda Gold pertenece a OutCrop Gold Corp, la cual además de poseer el proyecto Santa Ana, cuenta con el suficiente músculo financiero para tener planes de explotación minera en otros departamentos como Antioquia, Caldas y Cauca.
“Es un proyecto bastante ambicioso, yo creería que equiparable con la Colosa de Cajamarca, a diferencia que la Colosa se dijo siempre que sería minería a cielo abierto, y acá sería minería de socavón”, mencionó Luisa, quien teme que con el tiempo, también se empiece a emplear la minería a cielo abierto cuando ya los suelos no soporten las feroces excavaciones. Acabar con la productividad de la tierra, afectaría en sobremanera a las comunidades rurales, que en su mayoría, tienen vocación agrícola y durante generaciones se han dedicado a la siembra de café, cacao, plátano, yuca, entre otros.
En Falan la situación tampoco es alentadora. Liz Ávila, ambientalista de la región, nos comentó que Miranda Gold -o OutCrop Gold Corp- cuenta actualmente con dos títulos mineros en concesión en en ese municipio “y tiene muchas solicitudes, algunas a su nombre. Otras que no tenemos la certeza, están a nombre de otros operadores”, mencionó.
Con esta estrategia, la ambientalista dedujo que la intención de la empresa no es entrar a explotar una gran cantidad del territorio de una sola vez, sino ganar terrenos de a poco. Así como en Falan, comentó ella, la multinacional seguirá realizando solicitudes de títulos mineros en otros municipios.
Sumado a esto, Ávila señaló que la empresa está realizando el estudio de impacto ambiental con la intención de realizar la solicitud de la licencia de explotación minera y que teniendo en cuenta la entidad encargada de otorgar ese permiso, no ve un panorama esperanzador: “Cortolima (Corporación Autónoma Regional del Tolima) tiene esa decisión en sus manos, entonces ahí tenemos un lío muy grande porque la autoridad es inoperante y está muy permeada por corrupción”.
En la junta directiva de Cortolima, está la alcaldesa de Falan, Lucero Castaño junto a los alcaldes de Saldaña, Luis Jorge Rodríguez; Venadillo, Jorge Cabrera y Armero Guayabal, Merardo Ortega. Todos ellos/as, aseguró Ávila, son prominería. “Lo que yo veo es una organización de gente totalmente alineada para abrirle paso a este proyecto y las que menos se han tenido en cuenta son a las comunidades”, mencionó.
Como si fuera poco, a largo plazo, este megaproyecto minero podría provocar desplazamiento masivo. Por ejemplo, Luisa recuerda que con la Mina El Gran Porvenir, hubo varias familias que tuvieron que abandonar sus fincas ante la escasez de agua. A su vez, la oposición al extractivismo minero ha significado amenazas de muerte para algunos/as ambientalistas.
Ahora la preocupación prolifera entre la comunidad y sobre todo entre las y los ambientalistas que han estado denunciando los megaproyectos que atentan, no solo contra la conservación del territorio sino contra la construcción cultural de algunas comunidades rurales. David Machado es uno de los activistas que se ha visto en peligro a causa de su labor para proteger el ambiente.
Desde el año pasado, Armero Guayabal ha venido enfrentando una pesada situación de seguridad. En el municipio aparecieron graffitis y panfletos con las siglas AGC, en alusión a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, tal cómo lo evidenció el representante a la Cámara, David Racero, en redes sociales.
Lo que está pasando en el municipio de Armero-Guayabal es muy preocupante.
Ayer amaneció con pintas de la AGC.
Ciudadanos dicen que hay connivencia del alcalde
Alerta @DefensoriaCol @FiscaliaCol @PGN_COL pic.twitter.com/ohQLHWJRwM— David Racero (@DavidRacero) October 2, 2020
Pero no solo Armero Guayabal ha sufrido por este tipo de actos amenazantes. Los municipios de Honda y Mariquita, también en el Tolima, enfrentaron la misma situación, al igual que Manizales y La Dorada, Caldas. A mediados de octubre del 2020 los presuntos responsables, que pertenecían a una banda delincuencial, fueron capturados por concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones agravado, y terrorismo, según la Fiscalía.
Sin embargo, la zozobra se aferró a las y los habitantes del municipio cuando el líder ambiental e hijo de la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Nuevo Horizonte, Augusto Hernández fue asesinado. Según las autoridades, en octubre del año pasado, hombres armados llegaron a esa zona rural de Armero Guayabal, para cegar la vida del activista.
“Yo tuve que salir desplazado de allí, mis compas también”, nos comentó Machado, quien ha recibido amenazas constantemente y hace dos años sobrevivió a un atentado. “Me persiguieron por la vereda La Joya por cinco horas echando bala y rastreándome con perros, con motos y un carro. Luego me buscaron repetidamente en la casa diciéndome que saliera. Obviamente no salí porque me iban a matar”, relató. Su salida del municipio se dio luego de haber denunciado al Alcalde por las reuniones que tuvo con mineros en Armero Guayabal el año pasado.
El temor del ambientalista continúa latente, pues aunque ha buscado seguridad en la Unidad Nacional de Protección (UNP), no ha recibido el apoyo correspondiente para salvaguardar su vida. “Me tienen hace meses con el cuento que me están haciendo una evaluación del riesgo”, comentó.
Para el 2020, el informe ‘Defendiendo el mañana’ de la ONG británica Global Witness, ubicó a Colombia en el primer lugar con 64 muertes de ambientalistas en 2019, la cifra más alta registrada por la organización durante los últimos años. El documento reveló que de esos 64 asesinatos, 45 ocurrieron por oposición al uso de sus tierras o control del territorio para actividades que van en contra del ambiente, y que en su mayoría, según la ONG, fueron responsabilidad de grupos armados.
