Habitantes rurales del municipio denunciaron presenciar actividades de exploración minera en la zona, a pesar de que el país ha permanecido en cuarentena.

David Machado, miembro del Comité Ambiental de Armero Guayabal, comentó a este medio que en la vereda El Placer, del corregimiento San Pedro, se han evidenciado trabajos relacionados con un proyecto de minería que se pretende desarrollar en la zona.

Según denuncia la comunidad, el pasado 3 de junio, Medardo Ortega, alcalde del municipio, se reunió con funcionarios de la empresa minera Group S.A.S -la misma que ha realizado los trabajos de exploración en la vereda El Placer- para hablar del contrato de concesión L-685, un título minero de cerca de 20.000 hectáreas para la explotación de cobre, oro, zinc y sus concentrados, y demás minerales concesibles, cuyo titular es Luis Hernando Peñaloza Rodríguez.

Las y los habitantes de la vereda El Placer, han asegurado escuchar detonaciones que a su vez han formado cráteres, a pesar de que el proyecto se encuentra en fase de exploración. Hasta el momento, nadie ha tomado responsabilidad por dichos sucesos.

Según Machado, recientemente en la vereda se hizo una asamblea con la comunidad y con la presencia de los concejales Diomedes Díaz, William Olaya, Heber Antonio Torres y José Yesid Fernández, teniendo en cuenta todas las medidas de bioseguridad dada la pandemia del covid-19. El Alcalde, relató el ambientalista, no accedió a asistir a la reunión porque manifestó no querer ser parte de una aglomeración. Sin embargo, estos son los mismos argumentos usados por los encargados del proyecto minero para justificar su inasistencia, según aseguró David.

Cráter hallado en la vereda El Placer.
Foto: Ojo Público.

De dicha reunión surgió una veeduría al título minero, pues según Machado, aunque estos planes extractivistas se están edificando desde diciembre, miembros de la empresa están aprovechando el confinamiento para realizar exploraciones sin ningún tipo de socialización a las comunidades del área de influencia del proyecto.

Incluso, miembros de la comunidad señalaron que el Ejército y la Corporación Autónoma Regional del Tolima – Cortolima, hicieron presencia en la parte alta de la zona en la que se planea llevar a cabo el proyecto pues al parecer, la empresa minera no cuenta con los permisos necesarios para realizar actividades de exploración.

Con el proyecto, no solo resultaría afectada la vereda El Placer, sino otras ocho zonas aledañas pertenecientes a Armero Guayabal y una de Falan.

Además, el área de influencia del proyecto, funciona como despensa agrícola de Armero Guayabal, allí habitan pequeños campesinos/as en microfundios que nunca han tenido que someterse a un cambio de vocación en sus actividades económicas.

Pero con las labores mineras, no solo se estaría amenazando la vocación agrícola de las y los campesinos, sino los ecosistemas de la zona, dado que el municipio de Armero Guayabal, está enclavado en la vertiente oriental de la Cordillera Central, en un amplio valle formado por los ríos Lagunilla, Sabandija, Cuamo y Magdalena. Allí también se ubica la cuenca hidrográfica de la quebrada Santo Domingo, lugar que alberga la mayor parte de los acuíferos subterráneos de la región. Asimismo, los bosques del lugar, juegan un rol importante para la conservación, no solo del medio ambiente sino de especies de especial protección como el tití gris, un pequeño primate que se encuentra en vía de extinción debido a la alteración de su hábitat natural y otros factores como la cacería y el comercio ilícito.

Las comunidades de la zona han mostrado completo rechazo al proyecto que busca cambiar la vocación agrícola que han mantenido durante generaciones. Aún en medio de la pandemia, se han mantenido firmes y resistiendo la intervención de la empresa minera Group S.A.S, y cualquier otra compañía que amenace con atentar contra las costumbres y ecosistemas de su territorio.

Comunicadora social y periodista, con experiencia en prensa escrita, comunicación institucional y trabajo con comunidades vulnerables desde el enfoque de la participación política, defensa del territorio y comunicación para el cambio social.