En Colombia, la actividad extractiva ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, impulsada por la demanda global de recursos naturales, planteando desafíos cruciales en términos de sostenibilidad ambiental y justicia social.
A medida que la industria extractiva florece, se intensifican las preocupaciones sobre su impacto ambiental. La explotación de minerales y combustibles fósiles ha generado debates acalorados sobre la conservación de los ecosistemas locales y la biodiversidad, es por eso que especialistas ambientales, instan a adoptar prácticas más sostenibles y a equilibrar el desarrollo económico con la protección del entorno natural.
Además de los aspectos ambientales, el extractivismo en Colombia ha suscitado inquietudes en relación con los derechos de las comunidades locales, ya que en muchas ocasiones se ven afectadas directamente por las operaciones extractivas, lo que plantea interrogantes sobre la equidad y la participación ciudadana en la toma de decisiones.
Frente a estos desafíos, diversas organizaciones, líderes y lideresas comunitarias trabajan arduamente para encontrar soluciones que concilien el desarrollo económico con la preservación del medio ambiente y el respeto a los derechos de las comunidades, pero sus acciones se ven coartadas.
¿Qué impactos presenta este tipo de economía?
Los impactos socioambientales del extractivismo en Colombia son innegables y abarcan diversas dimensiones. Ya que la explotación de recursos naturales a menudo conlleva la degradación de ecosistemas locales, la pérdida de biodiversidad y la contaminación de suelos y aguas;efectos que generan preocupaciones sobre la capacidad de los ecosistemas para regenerarse y mantener el equilibrio ambiental a largo plazo.
Asimismo, las comunidades locales que dependen directamente de la tierra y los recursos naturales se enfrentan a cambios significativos en su modo de vida a través de reubicaciones forzadas, pérdida de tierras agrícolas, alteraciones culturales y riesgo integral, lo que a menudo resulta en tensiones sociales, conflictos y desplazamientos, afectando negativamente la cohesión comunitaria.
Y es que, de acuerdo con el Instituto Canadiense de Recursos y Desarrollo Internacional – IDRC, los conflictos socioambientales en las regiones mineras han aumentado en los últimos 10 años, particularmente en América Latina.
Conforme al IDRC, análisis realizados indican que de 167 incidentes de conflicto documentados entre 2012 y 2013, la mayoría ocurrieron en América Latina (46%), seguido de África (24%) y luego Asia (17%).
En el ámbito social, la inequidad en la distribución de beneficios económicos también es una preocupación. Aunque el extractivismo puede generar ingresos significativos, estos no se distribuyen de manera equitativa, lo que contribuye a la brecha entre ricos y pobres, exacerbando las desigualdades ya existentes en la actual sociedad colombiana, entrelazándose, a su vez, con la economía global y la dependencia de los mercados internacionales.
¿Y la disputa política qué?
La disputa política en torno al extractivismo en Colombia ha ido ganando relevancia en los círculos gubernamentales y la sociedad en general, siendo las posturas divergentes sobre la gestión de los recursos naturales las generadoras de debates polarizados que reflejan las tensiones entre el desarrollo económico y la preservación ambiental.
En el ámbito político, se observa un choque de visiones respecto a la regulación de la actividad extractiva. Mientras algunos defienden una regulación más laxa para fomentar la inversión y el crecimiento económico, otros abogan por medidas más estrictas para garantizar la protección del medio ambiente y los derechos de las comunidades locales. Esta divergencia de opiniones ha llevado a una falta de consenso en la formulación de políticas, generando un entorno propicio para la inestabilidad y la incertidumbre.
Además, la influencia de intereses económicos en la toma de decisiones políticas ha sido motivo de controversia. La relación entre las empresas extractivas, los grupos de presión y los líderes políticos a menudo genera desconfianza en la población, que cuestiona la imparcialidad de las decisiones gubernamentales y la defensa de los intereses comunes.
Este contexto político tenso destaca la necesidad urgente de un diálogo constructivo entre todas las partes involucradas. La búsqueda de soluciones consensuadas, basadas en evidencia científica y en el respeto a los derechos humanos y ambientales, se presenta como un imperativo para superar las divisiones, de igual manera, avanza hacia un modelo de desarrollo que beneficie a toda la sociedad colombiana.
En última instancia, la disputa política en torno al extractivismo refleja la complejidad de conciliar los intereses económicos con la necesidad de preservar el entorno natural y asegurar un desarrollo equitativo y sostenible para el país.
Violencia y vulneración de derechos a defensores/as ambientales
Según Global Witness, en 2020 se registraron 227 ataques letales contra defensores y defensoras de la tierra y el medio ambiente, estableciendo un promedio de más de cuatro personas asesinadas por semana.
En ese mismo año, Colombia por segundo año consecutivo registró la mayor cantidad de asesinatos, con 65 personas defensoras, seguida por México con 30 ataques y Filipinas con 29.
Los ataques registrados han sido por la protección de diversos ecosistemas de acuerdo con Global Witness; el 70% estaba trabajando para defender los bosques del mundo de la deforestación y del desarrollo industrial y casi el 30% de los ataques están relacionados con la explotación de recursos (forestal, minería y agroindustrial).
La necesidad del reconocimiento de los derechos de la naturaleza
Tras los ataques contra los ecosistemas y las vidas de quienes los defienden, los derechos de la naturaleza se han ido reconociendo en la legislación de una lista de países, ya sea en ámbitos locales, regionales o nacionales.
Según el informe “Armonía con la Naturaleza” de la Organización de las Naciones Unidas, “en el último decenio, 40 países han reconocido los derechos de la naturaleza por medio de más de 200 leyes y causas”.A su vez, resalta que “América Latina ha marcado el camino, ya que la mayoría de los casos se han registrado en el Ecuador, seguido de Colombia, México, el Brasil y la Argentina”.
Según este mismo informe, se conoce que “los tribunales colombianos han reconocido los derechos de la selva amazónica, dos parques nacionales y al menos diez ríos (Atrato, Cauca, Coello, Combeima, Cocora, La Plata, Magdalena, Otún, Pance y Quindío), que cubren más del 80 % del país”.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconoció en su Opinión Consultiva OC-23/17, “el derecho a un medio ambiente sano como derecho autónomo protegido en virtud del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Igualmente, fue aprobado el Acuerdo de Escazú en Colombia, una herramienta para la protección del medio ambiente y los derechos humanos que busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina.
La vorágine del extractivismo continúa dejando cicatrices indelebles en el entorno y las comunidades. Es imperativo reflexionar sobre las consecuencias devastadoras de esta práctica, cuestionando su sostenibilidad a largo plazo. Solo a través de un compromiso genuino con prácticas más respetuosas con el medio ambiente y socialmente responsables, se podrá aspirar a un futuro donde la armonía entre la naturaleza y la humanidad prevalezca sobre los estragos del extractivismo descontrolado.
Fotografías de Carlos Parra Ríos
