Donatones y la necesidad de protección de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el Meta

Por Jiyobaim Quiroga Serna

El 12 de febrero de hace 24 años entró en vigor el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de la Niñez relativo a la Participación de estos en los Conflictos Armados. Con motivo de la adopción de ese instrumento internacional, cada 12 de febrero se conmemora el día de las manos rojas, iniciativa global que reitera el llamamiento para prevenir el reclutamiento y utilización de niños y niñas, así como para atender de manera pertinente a las víctimas de este grave crimen.

En el último año, ocurrieron varias situaciones derivadas del accionar de grupos armados que afectaron a la niñez en el departamento del Meta. Uno de los hechos que tuvo mayor difusión y que fue anunciado por el Gobernador del Meta era la presencia de integrantes de un grupo armado en zona rural del municipio de Uribe y el presunto reclutamiento de dos niñas. Durante el año 2022 y comenzando el año 2023, varios medios de comunicación nacionales e internacionales han llamado la atención sobre la situación de la niñez de los pueblos Jiw y Nukak, quedando en evidencia la sistemática violación de sus derechos, el hambre que padecen y la violencia sexual de la que son víctimas, entre otros. Si bien el informe hizo énfasis en el departamento del Guaviare, lo cierto es que, en Mapiripán y Puerto Concordia, municipios del Meta, residen niños y niñas Jiw que viven en situaciones muy similares a las descritas en el reporte periodístico.  Y durante estos primeros días de 2024, el Ejército ha reportado la recuperación de cuatro niños y niñas en los municipios de Vista Hermosa y Puerto Lleras, lo que indica que este crimen no cesa. Estas situaciones deberían ser repudiadas con vehemencia y movilizar la acción del estado y la sociedad para evitar la continuidad y la repetición de estos hechos.

La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) en su informe final, particularmente en el tomo titulado “no es un mal menor” nos dejó claro, entre otras cosas, que entre 1990 y 2017 el Meta fue el departamento en el que se reportó, a nivel nacional, el mayor número de niños y niñas reclutados por parte de las Farc. Tal y como nos indicó la CEV, los escenarios en los que crecieron los niños y niñas que fueron víctimas de reclutamiento y utilización por parte de los actores armados, son espacios caracterizados por la carencia de derechos, en donde la niñez difícilmente tiene acceso a derechos básicos como la familia, la alimentación y la educación, la participación, entre otros. Son escenarios en donde no hay cabida para los sueños de niños y niñas y dónde se reducen las posibilidades de vivir esta etapa del camino de manera alegre, segura y digna. Estas situaciones que se repiten ante la mirada, tal vez cómplice, de las autoridades del Meta y de la sociedad en general.

Para conmemorar el día de las manos rojas, la Secretaria de Derechos Humanos y Paz del Meta realiza, desde hace tres años la “donatón útiles para la paz”. El objetivo de esta actividad es recolectar la mayor cantidad de útiles escolares para entregar a niños, niñas y jóvenes del departamento del Meta, fortaleciendo así la escolarización en territorios en donde existen alertas tempranas por reclutamiento forzado”.  Si bien, es loable la idea de convocar y sumar voluntades de diversos sectores de la sociedad para entregar útiles escolares a niños y niñas de zonas afectadas por el conflicto armado, surgen algunas preguntas respecto a la pertinencia y efectividad de dicha acción.

Las donatones son ejercicios legítimos y absolutamente válidos en el que se evidencia la solidaridad humana. Sin embargo, estos pueden ser ejercicios liderados por el sector privado y la sociedad, pero no por entidades y funcionarios públicos, cuya labor legal y constitucional es garantizar derechos. La responsabilidad de la Gobernación y de sus dependencias no es organizar donatones, sino construir e impulsar las políticas públicas que garanticen los derechos humanos.  Entre ellos, el derecho fundamental a la educación de calidad y a la protección integral, de manera sostenida en el tiempo y no como una acción de buena voluntad del mandatario(a) de turno cada año, que trabajen y se esfuercen por una protección entendida como las condiciones para que la vida siga, para que la vida sea posible con dignidad en sus territorios, es la recomendación que se hace.

Fotografía: Gustavo Ortiz

¿Cuántas horas habrán dedicado las y los funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos y de Educación para promover la donatón?, ¿Cuántos recursos públicos habrán destinado a esa campaña? Para no banalizar desde la Gobernación del Meta, la conmemoración internacional de las “manos rojas”, esas horas y recursos, bien pudieron dedicarlos a: 1) leer tanto el informe de la Comisión de la Verdad “no es un mal menor”, como las recomendaciones para la no repetición; 2) leer la Convención de los derechos del niño y de la niña y sus tres protocolos facultativos y otros instrumentos internacionales en materia de protección de la niñez; 3) difundir la reciente decisión de la Corte Constitucional por medio de la cual se ordenó al Ejército y la Policía abstenerse de realizar actividades cívico militares que involucren a niños y niñas que habiten zonas de conflicto armado interno; 4) formular las políticas públicas que aseguren unas condiciones de vida digna para los niños y niñas del Meta, para transformar las realidades de precariedad y de pobreza y evitar que más niños y niñas se pierdan en la maraña de la guerra; y, 5) liderar, eso sí, con toda la sociedad una campaña permanente para que la Mesa de diálogo del gobierno nacional y las guerrillas del Estado Mayor Central (EMC), lleguen pronto a acuerdos mínimos humanitarios y ojalá definitivos, para sacar de la guerra a la infancia del Meta.

No es un asunto menor, “no es un mal menor” la desprotección que viven los niños, niñas, jóvenes y adolescentes del Meta, “no es un mal menor” el daño irreparable que estamos causando con nuestra indiferencia como sociedad y con la omisión del aparato estatal del departamento para garantizar derechos integrales de la niñez.

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