Juan Pablo Prado Bolaños fue asesinado por sicarios que le dispararon tres veces, el pasado 3 de septiembre, sobre las 8:00 de la noche, en la misma comunidad indigena Awa donde trabajaba.
El hecho fue dado a conocer a través de un comunicado del resguardo Piguambi Pangala, en el que se describió a Juan Pablo, más conocido en las comunidades como ‘Kokonuco’, como un hombre que consagró su vida para ser guía y orientador de los más pequeños, compartiendo con los niños de primaria mientras les brindaba educación académica.
Oriundo del Pueblo Coconuco, en el Cauca, Prado había llegado desde hace muchos años a tierras nariñenses, y terminó tejiendo fuertes lazos con las y los integrantes de esta comunidad ubicada en Tumaco.
“Hoy los niños del Centro Educativo Piguambi Palangala pierden a su profe, y nosotros con el alma destrozada nos vemos obligados a despedir a un gran compañero, al profesor, al guardia, a nuestro hermano”, dice el comunicado.
Al igual que otros líderes del cabildo, Juan Pablo había recibido amenazas por ejercer su labor de docente, y actuar como líder y guardia indigena Awa, en defensa de los derechos de esas comunidades.
Debido a las amenazas, el docente había solicitado seguridad ante la Unidad Nacional de Protección, entidad que según la comunidad indígena, nunca le brindó el amparo requerido.
“Los violentos están detrás de los líderes indígenas, detrás de los profesores, de los guardias indígenas Awa, de nuestras autoridades, ya NO LES IMPORTA a quien asesinaron, y pareciera que, a las autoridades nacionales tampoco. La pasividad del Gobierno Nacional y de la Fiscalía General de la Nación, son de escándalo. ¿Cuántos más tienen que morir bajo el fuego inclemente de las balas asesinas para que el Estado Colombiano haga algo para evitar este Etnocidio’”, reclamó la comunidad.
Cabe recordar que el pasado 18 de agosto se registró la muerte de tres jóvenes comuneros del resguardo Pialapí Pueblo Viejo: Jhon Kevin Guanga Guanga y Eider Sebastián Guanga, ambos de 18 años, y Lumar Leonel Guanga Nastacuas, de 24, en una masacre que pudo haber ocurrido 10 días antes pero que nadie denunció por miedo. Según las autoridades indígenas, en siete meses han asesinado más de 14, se han registrado tres desplazamientos forzados masivos y se han presentado otros hechos violentos.
Además, desde que se firmó el acuerdo de paz hay más de 100 indígenas de la comunidad amenazados, casi 40 líderes y lideresas asesinados, más de siete desplazamientos masivos con más de 800 personas que tuvieron que salir de su territorio.
Es por eso que, ante el etnocidio que ha venido enlutando a las y los indígenas Awa, exigieron al Gobierno Nacional, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, garantizar la vida de las comunidades, esclarecer los hechos violentos ocurridos y brindar acompañamiento y monitoreo permanente en cuanto a la situación de vulneración de nuestros derechos humanos. “Hoy como hace un mes se nos están violentando nuestros derechos fundamentales colectivos como pueblo ancestral, se está pisoteando la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y nadie hace nada, es como si los indígenas no tuviéramos derecho a vivir”, asevera el documento.
Comunicadora social y periodista, con experiencia en prensa escrita, comunicación institucional y trabajo con comunidades vulnerables desde el enfoque de la participación política, defensa del territorio y comunicación para el cambio social.