Cerca del barrio Villa Marina de Villavicencio, existe un extenso terreno de 25 hectáreas que fue adquirido hace ocho años por un grupo de personas que obtuvieron escrituras porcentuales. Sin embargo, la comunidad denunció que desde hace mes y medio, unos hombres armados, bajo amenazas, les están exigiendo abandonar sus predios, pues según les dicen, estos les pertenece al Fondo Ganadero del Meta. 

El pasado 14 de febrero, el grupo de personas que compró y realizó escrituras porcentuales de los terrenos que colindan con los pertenecientes al Fondo Ganadero del Meta, se reunió para delimitar la zona y demostrar a los hombres que les vienen intimidando, que los lotes les pertenecen desde hace ocho años. 

Los susodichos, que visten indumentaria de una empresa privada de vigilancia y que portan armas, afirmaron ser celadores que trabajan para la persona que está reclamando esos terrenos. Sin embargo, las y los compradores han asegurado, que además de tener las escrituras públicas, han pagado impuestos por esos lotes. Incluso hay quienes han conseguido los recursos y han podido construir sus casas, actualmente hay cerca de 30.

Jeison Hurtado, presidente de la Asociación de Propietarios de la urbanización Villa Marina, aseguró que Alejandro Benavides es el liquidador del Fondo Ganadero del Meta, y que a través de los celadores, está intentando realizar una posesión. “Pero estos celadores no lo están haciendo pacíficamente y están atropellando a nuestra gente con armas”, afirmó.

Las amenazas

Ever Rodrígo Ospina, dice ser una de las víctimas de estas amenazas y relató que un día, sobre las 6:00 pm, “los señores celadores se encontraban tumbando letreros y rompiendo lo que encontraran por ahí”. En ese momento empezó a grabar lo que sucedía pero, mencionó él, uno de los vigilantes descargó su changón y le apuntó diciéndole que era “un sapo hijueputa, que qué me la pasaba haciendo, que yo no tenía derecho de grabarlos”. Ever contestó que tenía todo el derecho porque era un trabajador de la zona, sin embargo, el susodicho esta vez ubicó la boca de fuego en su estómago “Y me dijo que me iba a matar, que si no me abría de ahí, que me mataba”, afirmó. De este suceso hay un video que ha estado rondando por redes sociales. 

Lina Malaver, lideresa social que hace acompañamiento a la comunidad, afirmó que los terrenos fueron adquiridos de forma legal, pero que, a falta de recursos, muchos no han podido hacer posesión de estos. Agregó que son cerca de 70 familias las que han resultado afectadas con esta problemática. 

También, William Jair, uno de los propietarios, mencionó que nunca antes habían tenido algún conflicto por la posesión de esos terrenos. “Esto tiene escrituras públicas, son registradas, pagamos impuestos. Y de pronto apareció un señor hace mes y medio y nos metió unos celadores al predio”, aseguró. 

Del mismo modo,  José del Carmen Acosta, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Villa Marina, comentó que la problemática gira en torno a “un sistema de invasión, aprovechándose de un aparato jurídico que quedó con un vacío, entonces la persona quiere invadir, y lo está haciendo a mano armada”. Además,  afirmó que cuando las y los propietarios quieren intervenir sus predios para iniciar la construcción de sus casas o realizar algún arreglo sobre lo que ya está edificado, los ya mencionados sujetos, hacen presencia en el lugar para impedirlo. Cuestión que no le parece justa, pues este proyecto cuenta con legalización a nivel de subnormalidad, lo que permite realizar cualquier tipo de obras por autoconstrucción.

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Por eso, durante la jornada con compañía de la Policía Nacional, se delimitó el terreno que efectivamente pertenece al liquidado Fondo Ganadero con los terrenos del Lote 1, que es donde se encuentran las 25 hectáreas del barrio Villa Marina y que a su vez, pertenecen a las personas que están siendo intimidadas. En esta ocasión, no intervinieron los vigilantes. 

Dada la situación y aunque ya sus terrenos están cercados, la comunidad solicitó a las entidades competentes, ejercer control y garantizar la propiedad que obtuvieron desde hace años. También exigieron a las autoridades, ante las amenazas que ya han recibido, salvaguardar sus vidas.

¿Quién es el que reclama los terrenos?

Alejandro Benavides Diazgranados, es el actual administrador de bienes de los Comuneros, o del Fondo Ganadero del Meta, que está en proceso de liquidación judicial desde hace más de seis años. Esta entidad ha pasado por diversos escándalos como corrupción administrativa, pérdida de activos, cientos de cabezas de ganado extraviadas en la antigua zona de distensión de la extinta guerrilla de las FARC, y por las que el Estado pagó una millonaria indemnización años después.  

Desde El Cuarto Mosquetero, nos contactamos con él y comentó que, las escrituras públicas que posee la comunidad, no son en realidad ese tipo de documento. “En Colombia se puede ir a una notaría, se puede registrar la propiedad a nombre propio y con estos documentos una persona le vende a otra un derecho sobre algo, es algo así como una carta de compra venta”, afirmó.

De hecho, existe un proceso judicial en la Fiscalía que lleva más de 50 años, debido a ocupaciones que se han presentado en otros sectores. En el documento se lee que el Fondo Ganadero del Meta en liquidación, adquirió “mediante Escritura Publica 675 del 3 de mayo de 1971 de la Notaria única del círculo de Villavicencio, el predio denominado Lote Catama II, ubicado en la vereda Caños Negros del municipio de Villavicencio, con matrícula inmobiliaria N° 230-119639 el cual consta de 218 hectáreas que formaban parte de una finca de mayor extensión denominada Baltimore”.

También, en este proceso se evidencia que el Plan de Ordenamiento Territorial, el Decreto 353 del 2000 y los acuerdos 021 de 2002 y 134 del 2011, clasificaron la zona antes mencionada como de expansión urbana, con suelo de protección y ronda hídricas, siendo necesario para desarrollar algún tipo de urbanización según correspondiente plan parcial.

Además la Curaduría Segunda de Villavicencio, aseguró que según el Decreto 1077 del 2015, para realizar una construcción, parcelación, subdivisión, entre otras, es de carácter obligatorio la obtención de una licencia urbanística correspondiente previa a la ejecución de las obras. Ante esto, Benavides señaló que las 30 viviendas que ya están edificadas sobre el lugar, son ilegales y que las y los compradores de los terrenos, que asegura, le pertenecen al Fondo Ganadero del Meta, fueron víctimas de los ‘tierreros’.

La licencia de construcción podría ‘salvar la patria’ 

Sin embargo, Lina Malaver, nos comentó que, el pasado 16 de febrero, en la reunión que adelantó la comunidad con el secretario de Planeación Municipal, Mario Romero, este les “dio un parte de tranquilidad”, asegurando que si fue posible que esos terrenos obtuvieran documentos legales, es porque antes debió haberse expedido una licencia de construcción. 

Además, el funcionario consultó las referencias catastrales en las bases de datos internas y efectivamente, los predios de la comunidad, aparecen registrados, según comentó Lina. Además, solicitaron el 17 de febrero ante la Secretaría de Control Físico Municipal, la licencia de construcción. En cinco días hábiles, esperan obtener una respuesta para poder agendar una nueva reunión con el secretario de Planeación. Con la licencia en manos de la comunidad, comentó José del Carmen, se podrán iniciar las gestiones para legalizar el barrio, que actualmente está en categoría de subnormal, junto al sector de Gaviotas y El Vergel. 

Por otro lado, en cuanto a las acusaciones de amenazas, Benavides aseguró que “son artimañas de la gente. Yo también podría hacer grabaciones de ellos amenazando a los celadores, que ya lo han hecho, y subirlos a redes sociales pero no quiero problemas con la comunidad”, afirmó. Agregó que los hombres que están en los predios, están vinculados a una empresa legalmente constituida y que portaban armas porque es parte de su trabajo garantizar la protección de los terrenos.

Por último, el secretario de Planeación de Villavicencio, explicó a El Cuarto Mosquetero que dentro del Plan de Desarrollo Municipal, existe el programa ‘Derecho a la ciudad’, “donde reconocemos el creciente número de asentamientos informales que se presentaron en Villavicencio, cerca de 700 hectáreas que hay en este momento en la ciudad”.

Por eso, desde la Secretaría de Planeación, se están abriendo canales de comunicación con las y los ciudadanos, a través de estrategias como la presencia en los territorios, ‘los jueves comunitarios’, y diplomados en Urbanismo Comunitario. “Con Villa Marina, vamos a revisar el caso para ver si es susceptible de legalización y acompañar a las comunidades independientemente de lo que se presente previo o durante el proceso”, afirmó Romero. De esta manera, explicó él, se pretende garantizar a las y los compradores de los ya mencionados terrenos el derecho a la ciudad. 

Comunicadora social y periodista, con experiencia en prensa escrita, comunicación institucional y trabajo con comunidades vulnerables desde el enfoque de la participación política, defensa del territorio y comunicación para el cambio social.