Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas: el flagelo que sigue latente en Colombia

La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial, siendo empleada como instrumento de chantaje para obligar a alguien a realizar acciones en contra de su voluntad, por venganza, o simplemente para mantener o demostrar una posición de poder.

El conflicto armado en el que ha estado inmerso el país durante más de medio siglo, ha traído consigo estrategias para infundir terror en las personas, una de ellas, y de las que más ha dejado víctimas, es precisamente la desaparición forzada. Además, amenudo, esta práctica es usada como elemento en conflictos políticos y económicos, afectando a hombres mujeres, niños, ancianos e incluso personas en estado de discapacidad, y pasa a incluir a testigos, abogados de los casos de desaparición, defensores de los derechos humanos, representantes de las fuerzas armadas y policiales, e incluso muchas veces personas inocentes que caen por error.

Y es que la desaparición forzada no solo afecta al individuo, sino que detrás deja dolor e incertidumbre entre una familia, grupo e incluso toda una comunidad.

A pesar de haber aparecido en el marco de las dictaduras militares, hoy en día la desaparición forzada sigue ocurriendo en nuestro país, Datos del Centro Nacional de Memoria Histórica – CNMH, señalan que en el Meta y el Guaviare, se han registrado más de 7.308 desapariciones forzadas entre 1985 y 2019. 

Estas cifras posicionan al Meta como el segundo departamento más afectado del país después de Antioquia, con un máximo histórico de 591 casos registrados en el año 2002.

Aunado a esto, la cifra de impunidad en el país corresponde al 99,63%, para los casos de desaparición forzada documentados por el Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH. De hecho, en Meta y Guaviare solo hay 12 casos que están en periodo de ejecución de penas.

Esto podría deberse a que entidades como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, entre otras, suelen desconocer la Ley 1448 del 2011, mayormente conocida como la Ley de Víctimas, por la cual “se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales”.

Ante el desconocimiento de esta ley y los procedimientos en los casos particulares, los funcionarios de estas entidades no brindan la debida atención y tratamiento a las víctimas, que suelen provenir del campo, y usualmente son juzgadas o estigmatizadas como guerrilleras, cuando en realidad lo que buscan es saber la verdad y ser reparadas.  

En torno a esta situación, desde el 2011, se conmemora cada año el 30 de agosto el Día Internacional de las víctimas de desapariciones forzadas, con el fin de que de esta manera las personas que han sido afectadas directa o indirectamente por este flagelo, sepan que no están solas y que no han sido olvidadas. Este día también busca generar conciencia en la sociedad para que se tomen acciones para que no hayan más víctimas de éste crimen de lesa humanidad.