Gabriel, un adolescente indígena embera, aprovechó un permiso de cinco días para escaparse: «Me dijeron: “Usted es bueno, váyase de permiso. Si no [regresa], matamos a su familia, a todos”, “Ah, sí, yo vuelvo”. […] Es un cambio cuando uno sale de allá. Uno dice: “¡Uy!, por fin un día libre donde puedo dormir, abrazar a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos”».
Como Gabriel, fueron miles los niños, niñas y adolescentes reclutados que emplearon la fuga como la opción más viable para abandonar los grupos armados ilegales, exponiéndose a muchos de los riegos y peligros que representaba esta decisión. Se estima que entre el 45,1 % y el 64,11 % de los casos de desvinculación, fueron realizados bajo esta modalidad.
Pero esta no fue la única forma que permitió la desvinculación de las y los menores de edad, en segundo lugar está la recuperación con un 36% de los casos. Este fue el resultado de operaciones militares en las que las niñas, niños y adolescentes se entregaron, fueron recuperados en combate o heridos, acciones que también generaron riesgos para la población de menor de edad, pues muchos murieron durante los enfrentamientos y los que sobrevivieron recibieron el mismo trato que las y los combatientes adultos; desconociéndose así su condición de también víctimas del conflicto.
En tercer lugar está la mediación de la familia o la comunidad, ocurriendo esto en menos del 1,7 % de los casos. Aquí, alguna persona o familiar se acercaba a los campamentos y exigía la entrega del menor o contactaban a personas conocidas dentro de los grupos armados para que las ayudara. Sólo en el 0,3 % de los casos intercedió la comunidad: «Yo nunca callé, la comunidad siempre fue conocedora de todo e hizo sus pronunciamientos, estuvo presta a apoyarnos con los presidentes de las juntas. Nunca nos dejaron solos»- explica un integrante de las comunidades indígenas del Cauca-. En último lugar, se dio la liberación por negociaciones, procesos de paz o desmovilización.
Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, entre 1999 y junio del 2021 ingresaron 6.992 menores de edad desvinculados de distintos grupos armados, siendo el 2003 el año con la cifra más alta de ingresos, con 775 menores. Por consiguiente, las cifras oficiales de menores de edad desmovilizados de grupos armados fueron: FARC-EP 3.878
- ELN 1.298
- AUC 1.054
- BACRIM 337
- GAOR 214
- Otros 101
- Por establecer 101
Pero estas cifras también demuestran un vacío existente con respecto a las medidas tomadas por parte del Estado y los diferentes gobiernos referente a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, lo que refleja también cifras oficiales incompletas, pues no todos los menores pudieron ingresar a este programa, ya sea por falta de garantías como el no ser reconocidos como sujeto de derechos que merecían una atención especial por ser menores de edad o porque hasta 1999 no se le había prestado importancia a este tema.
Otro ejemplo de la deuda que el país tiene con las infancias y juventudes para brindar garantías y reestablecer los derechos de esta población, se pudo apreciar en políticas flexibles creadas durante la desmovilización de las AUC entre el 2003 y el 2006- Ley 975 del 2005- que no visibilizaron la problemática de reclutamiento por parte de este grupo armado, lo que hizo que no se entregara oficialmente a los menores de edad reclutados ni tampoco existiera una cifra real de estos hechos.
No es sino hasta el año 2016, bajo el Acuerdo de Paz firmado con las FARC-EP, que el Estado colombiano crea un mecanismo especial para la entrega de las niñas, niños y adolescentes reclutados, reconociéndolos como sujetos de especial atención y protección, y estableciendo estrategias para la atención y consolidación de los proyectos de vida de estos y el acceso al restablecimiento de derechos, reparación integral y reincorporación e inclusión social
Con este programa se desvincularon 124 menores de edad (55 % mujeres y 45 % hombres), con edades entre quince años (8%), dieciséis y diecisiete (74%) y dieciocho a veintiún años (18%). También, el 27 % se reconocieron como indígenas o afrodescendientes, pero a su vez se pudo observar la presencia de niñas, niños y adolescentes en las filas, lo que supuso la continuidad del reclutamiento durante los diálogos de paz.
Con este programa se desvincularon 124 menores de edad (55 % mujeres y 45 % hombres), con edades entre quince años (8%), dieciséis y diecisiete (74%) y dieciocho a veintiún años (18%). También, el 27 % se reconocieron como indígenas o afrodescendientes, pero a su vez se pudo observar la presencia de niñas, niños y adolescentes en las filas, lo que supuso la continuidad del reclutamiento durante los diálogos de paz.
Para el 31 de diciembre del 2017 fueron 135 los niños, niñas y adolescentes desvinculados (75 mujeres y 60 hombres) y en el año 2020 la Oficina del Alto Comisionado para la Paz reconoció a 232 niñas, niños y adolescentes víctimas de reclutamiento en el momento de la dejación de armas[1].
[1] Cifras suministradas por la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos (CPDDHH)
