La autoridad encargada de velar y administrar el ambiente en el departamento del Meta se ha visto involucrada en una pelea jurídica por la elección del director. Derecho de petición, tutela y acción de cumplimiento se han interpuesto. La contraloría, la procuraduría y el Consejo de Estado se han manifestado.
El proceso de nombramiento del director de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena –Cormacarena-, una entidad autónoma administrativa y financieramente, con patrimonio propio y personería jurídica, encargada de la gestión ambiental en el departamento del Meta, ha generado un conflicto jurídico y administrativo. Esto involucra a diversas entidades gubernamentales, así como la participación de la ciudadanía preocupada por la transparencia en el manejo de esta entidad.
El conflicto surge cuando Carlos Alberto López, actual contralor municipal de Villavicencio interpone una demanda de Acción de Nulidad Electoral frente a la designación del director de Cormacarena Jhorman Julián Saldaña. En marzo de este año, la Sección Quinta del Consejo de Estado falla a favor del contralor y declara la nulidad de dicha elección, tras denuncias por presuntas irregularidades en el proceso de su nombramiento.
Los estatutos de Cormacarena, por ser una entidad autónoma, estipulan que en caso de nulidad, se debe nombrar a un subdirector de manera provisional. Esta persona asumiría temporalmente las funciones del director, mientras el Consejo Directivo se reúne nuevamente para escoger a una persona que ocupe el cargo de forma oficial, la cual debe ser un funcionario o funcionaria de carrera administrativa.
Sin embargo, la situación se ha extendido más allá de lo previsto. El subdirector nombrado temporalmente, Wilson López Bogotá, continúa en el cargo sin que se haya realizado la elección formal de la persona que asuma las funciones de la dirección. Según los estatutos, esta figura de provisionalidad debe ser temporal y durar únicamente el tiempo necesario hasta que se designe formalmente al funcionario de carrera. A pesar de esto, el subdirector ha seguido en dicho cargo, lo que ha desencadenado un proceso judicial impulsado por la ciudadanía.
Las acciones legales
Darío Rojas, ciudadano y abogado, ha estado liderando las acciones legales con el objetivo de “que el Consejo Directivo de Cormacarena cumpla la norma completa, nombre a una persona de carrera administrativa de la entidad y retire al que está ahí y retire al que está ahí de manera provisional”.
Lo primero fue un derecho de petición dirigido al Consejo Directivo de Cormacarena para que diera cumplimiento a la norma, pero según la abogada, en la respuesta la entidad “se salió por la tangente”. Posteriormente se interpusieron una tutela y una acción de cumplimiento. Estos procedimientos judiciales, impulsados en nombre propio por un abogado pero respaldado por comunidades de municipios del sur del Meta como La Macarena, se basan en la exigencia de que se cumpla con los estatutos de la entidad.
La tutela en este momento se encuentra en segunda instancia con el radicado 50001333300120240014800 en el despacho de la magistrada Teresa de Jesús Herrera Andrade en el Tribunal Administrativo Oral de Villavicencio. Esta argumenta que se habían vulnerado el debido proceso, al no recibir una respuesta clara del Consejo Directivo sobre el nombramiento oficial del director. Sin embargo, el juzgado falló en contra de esta petición, lo que llevó a la presentación de una acción de cumplimiento que está en curso y busca obligar a la entidad a respetar sus propios procedimientos legales.
Intervención de la Procuraduría
La Procuraduría General de la Nación también ha jugado un papel relevante en este caso. Tras recibir una copia del derecho de petición, emitió un concepto jurídico en el que respaldó la solicitud de la ciudadanía y exigió al Consejo Directivo de Cormacarena que cumpliera con los estatutos, nombrando a un director de carrera administrativa. La intervención de la Procuraduría refuerza la legitimidad de la acción emprendida. Según una abogada que también ha acompañado el proceso pero no quiso revelar su nombre “nos da la razón” y subraya la importancia del cumplimiento de la ley en un caso que no solo afecta la gestión de la corporación, sino también el ambiente del departamento.
Por su parte Cormacarena no le emitió respuesta a El Cuarto Mosquetero hasta el momento de la publicación de este artículo.
Este conflicto legal va más allá de una disputa administrativa. Cormacarena es una entidad clave en la protección del ambiente en el Meta, una región que enfrenta múltiples desafíos relacionados con la deforestación, la preservación de áreas naturales como el Parque Nacional Natural Chiribiquete y la presión de intereses económicos que buscan explotar los recursos naturales. Según la abogada, resolver estos procesos es importante porque “si seguimos dejando a los mismos con los mismos, la entidad seguirá de mal en peor. Ya no habrá credibilidad.
El caso de Cormacarena es un ejemplo de cómo la participación ciudadana puede ser fundamental en la transparencia en las entidades públicas. A medida que el proceso judicial avanza, queda por ver si el Consejo Directivo de la entidad cumplirá finalmente con los procedimientos establecidos y garantizará una administración acorde con los principios de legalidad y buen gobierno, necesarios para proteger tanto los intereses de la región como su invaluable patrimonio natural.
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