En el predio La Reserva del Pinilla Bajo, dentro del sistema de humedales Kirpas-Pinilla-La Cuerera, la riqueza natural y faunística se ha visto amenazada por invasiones que consigo han traído deforestación y maltrato animal.
El sistema de humedales Kirpas-Pinilla La Cuerera ubicado en Villavicencio, compone un ecosistema híbrido, que ante la falta de control de las autoridades que están encargadas de velar por su protección, ha quedado expuesto a las y los ciudadanos quienes han realizado actividades que afectan su preservación.
Villavicencio es la única ciudad en el país que en su casco urbano cuenta con siete humedales. Estas zonas representan una gran importancia, pues son fuente hídrica, de recursos y energía. Además funcionan como retenedores de sedimentos. Esto sin dejar de lado que podrían potenciar la economía local con el ecoturismo.
Por eso existe el Acuerdo 016 del 30 de junio de 2011, por el cual se homologa al Distrito de Conservación de Suelos la Reserva Hídrica del Sistema de Humedales Kirpas-Pinillas-La Cuerera, definido por el artículo 16 del Decreto 2372 de 2010 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo territorial, cuenta con delimitaciones para recibir un manejo especial que permita la recuperación de suelos alterados o degradados.
¿Por qué se generan las invasiones?
Sin embargo, las condiciones sociales y económicas, no solo de la ciudad sino del país, como desplazamientos por grupos armados ilegales, violencia, desempleo, dificultades de acceso a la educación y pobreza; han desencadenado la apropiación de estos espacios de protección ambiental. Un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, reveló que Colombia, junto a Bolivia, encabeza la lista de países con la tasa de pobreza extrema más alta en América Latina para el 2019.
Pero también existen casos de los denominados ‘tierreros’, unos urbanizadores piratas que ejercen tácticas para acreditar la ocupación de terrenos y dilatar los desalojos, así como también para mantener los negocios ilegales en estos lugares.
Cuando un tierrero ha puesto la mira en un predio, se encarga de realizar las adecuaciones del terreno que van desde la tala de árboles hasta la instalación artesanal de los servicios públicos, a través de conexiones ilegales. Luego ponen el lugar a la venta hallando personas incautas que infortunadamente caen en estos negocios.
Y es que ni siquiera en caso de estar en propiedad privada, los humedales pueden ser intervenidos. En el artículo 58 de la Constitución Política establece que “La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica”, y aunque el Estado debe proteger y promover las formas asociativas y solidarias de propiedad, esta situación no es el caso del sistema de humedales Kirpas-Pinilla-La Cuerera.
El lío judicial y ambiental
En el predio La Reserva, existe una problemática ambiental con un complejo trasfondo judicial. En ese lugar, el médico Hernando Saavedra, aseguró haber sido víctima de Julián Andrés Velázquez, un presunto tierrero quien ha establecido en la zona su vivienda en tejas de zinc. El hecho se remonta a agosto del 2016, cuando el señalado le llevó al terreno ofreciéndole 4 hectáreas por 200 millones de pesos. De ese negocio, existe un contrato de compraventa.
Hernando relató que después de un mes, empezó a ser extorsionado por Julián y el grupo armado ilegal Libertadores del Vichada, exigiendo 1.500 millones de pesos más, pues según ellos, la hectárea en realidad estaría en 700 millones.
Saavedra interpuso las respectivas denuncias ante el Gaula y la Fiscalía pero aseguró no haber recibido la atención debida. Luego cayó preso, cuando fue acusado por la Fiscalía de haber secuestrado y extorsionado a Julián. Esto lo llevó a estar tras las rejas durante tres años en la cárcel de Villavicencio. Lleva cerca de cuatro meses en libertad y tan pronto se enteró del problema entre el propietario original, Jorge Bareño y el presunto tierrero, Julián; decidió exponer su caso e invitó a quienes también hayan sido estafados por el señalado, a denunciar.
¿Qué dice el propietario?
El propietario del predio es Jorge Bareño Morales, quien trabaja como comerciante de vehículos, ganado y terrenos. A mediados del 2014, le compró el terreno a Ramón Armando Mariño. Pero fue cuatro años después que empezó la problemática de deforestación y contaminación del lugar.
Según Jorge, en varias ocasiones, Julián había intentado apropiarse del lugar, y establecer viviendas allí, pero gracias a intervenciones tempranas, las construcciones habían podido ser frenadas. Sin embargo, la pandemia le dio la oportunidad al señalado para cumplir su cometido. “A comienzos de junio empezaron a construir un rancho”, afirmó Bareño.
Actualmente hay cerca de 12 personas, quienes con las afecciones ambientales, provocaron la desaparición de las palmas de moriche, micos, ardillas, entre otras especies que hacían presencia en el lugar. Incluso, aseguró Bareño, Julián fumigó la zona con glifosato para matar las iguanas que allí habitaban.
Dada la problemática, Jorge solicitó a la Estación de Policía Centauros realizar los procedimientos pertinentes pero no le prestaron atención, por lo que acudió a la Inspección 4, la cual realizó la diligencia de un proceso verbal abreviado por perturbación a la posesión entre dos privados el 12 de noviembre. Sin embargo, debido a la tensión que se sostuvo entre ambas partes -hubo actitudes violentas y agresiones verbales-, el procedimiento se suspendió y se pospuso para una fecha aún indefinida.
Incluso, Jorge afirmó haber recibido amenazas e intimidación por parte del señalado. Por otro lado, este medio intentó entrevistar a Julián Andrés Velázquez pero no fue posible.
Aquí puede ver un reportaje audiovisual sobre la problemática: https://www.facebook.com/elcuartomosqueteromedio/videos/233621248101072/
El rol de la institucionalidad en la problemática
La Secretaría de Medio Ambiente Municipal, se encarga de realizar implementaciones estratégicas para la promoción de la dimensión ambiental como eje articulador del desarrollo sostenible, manteniendo un adecuado equilibrio entre el crecimiento económico, el desarrollo social y la preservación y conservación de los recursos naturales del municipio de Villavicencio, mediante políticas, planes, programas y proyectos en cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la Ley 99 de 1993, “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones”.
También actúa como facilitadora para que dentro de las áreas de protección ambiental se realicen acciones de control y vigilancia, con el fin de que estas zonas se mantengan fuera del peligro de intervenciones externas que pueden afectar su conservación.
Luis Fernando Rojas, abogado de la Secretaría de Medio Ambiente Municipal, explicó que el humedal es una zona de protección ambiental, según está estipulado dentro del Plan de Ordenamiento Territorial. Pero debido a la falta de vigilancia y control de las autoridades ambientales, este ha quedado a disposición de tierreros.
“La Secretaría de Medio Ambiente, al no ser una autoridad ambiental, no puede garantizar la protección de estos ecosistemas”, mencionó Rojas, quien explicó que la entidad en estos casos debe articularse con la Fiscalía, la Policía y Cormacarena, ante las cuales ya ha dispuesto la documentación correspondiente para que estas individualicen a quienes están atentando contra el humedal, y se realicen las acciones correspondientes.
“Los propietarios tienen limitaciones al dominio (…) tienen funciones de conservación y preservación de estas áreas, por lo tanto no pueden disponer del derecho de propiedad en debida forma”, argumentó el abogado.
Pero esta problemática, inició en realidad desde hace décadas, cuando alrededor del humedal empezaron a edificarse otras construcciones que actualmente son extensas áreas de vivienda. Jairo Peña, dueño de la parcela La Fortuna, del sector San Carlos, vive desde hace 35 años en la zona, dice que cuando llegaron los primeros habitantes, no había vías de acceso. Para ingresar al lugar se debía caminar y atravesar un puente artesanal -un palo-, sobre lo que hoy se conoce como caño Picho.
En ese entonces, Corporinoquia -actualmente Cormacarena-, era la autoridad ambiental en Villavicencio, pero no realizó los controles pertinentes para evitar que se establecieran vías y servicios como energía, agua y gas. Por eso, Peña cuestionó el porqué la entidad no evitó a tiempo que se realizaran estas acciones o por qué no impartió capacitaciones a quienes ya estaban establecidos en el territorio sobre conservación y protección de este humedal. “Ahora nos quieren sacar cuando ya es muy tarde, yo no sabía que esto era humedal, que ya no lo es, porque ya no hay espejo de agua, solo en algunas partes”.
Aunque Cormacarena, ha realizado algunas intervenciones para proteger esta zona, en otras ocasiones ha actuado, como comentó anteriormente Jairo, cuando ya es demasiado tarde. Tal es el caso del desalojo que ordenó la entidad hace unos meses en los sectores de Aguas Claras y Margaritas, que también están ubicados sobre el humedal.
Estas comunidades llevan allí desde hace más de 10 años, y cuentan con vías pavimentadas, servicios públicos y negocios registrados en la Cámara de Comercio. Por eso manifestaron su descontento, pues a dueños de megaconstrucciones como la Universidad Cooperativa y Makro, no han ordenado desalojos. Incluso con respecto a otras megaconstrucciones dentro de la zona, hubo denuncias ciudadanas antes de que fueran edificadas, pero la autoridad ambiental se mostró pasiva ante estos hechos.
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Lo que está sucediendo sobre el humedal, también incluye como responsables históricos a la Alcaldía Municipal y la Gobernación del Meta, las cuales intervinieron con vías de acceso y permitieron, al igual que Cormacarena, la instalación de servicios públicos.
Por ahora se espera que las entidades sigan realizando seguimiento a esta problemática, y que pronto se tenga información que determine la culpabilidad de quienes están atentando contra los humedales en la ciudad. Además, las y los afectados solicitan que no solo se impidan nuevas invasiones en las áreas de protección ambiental, sino que se brinden garantías para que no se sigan estafando a las personas.
