Tras el informe de desalojo de 300 casas en los sectores de Aguas Claras y Margaritas de Villavicencio, las comunidades protestaron frente a la Alcaldía para exigir su derecho a la vivienda.

Aguas Claras y Margaritas, son dos barrios sin legalizar que se ubican sobre el humedal La Cuerera. Pero estos no son los únicos sectores que están construidos sobre un área de protección ambiental. 

Existen megaconstrucciones como la Universidad Cooperativa, la correccional Aguas Claras, la Universidad Santo Tomás, la central del Abastos de Villavicencio y el megacolegio Silvia Aponte que también están cimentadas sobre el sistema de humedales Kirpas, Pinilla, La Cuerera. 

De hecho, cerca al barrio Doña Luz, existe por parte de Cormacarena, un concepto en el que especifica que la urbanización en una franja inferior a 30 metros de las líneas de inundación de los ríos, quebradas y caños en la ciudad, resulta una actividad incompatible con el medio ambiente.

Sin embargo, quienes llegaron allí, están lejos de ser “invasores”, puesto que compraron los lotes sobre los que están sus viviendas de manera legal. 

La afectación ambiental que no se evitó a tiempo

Pero no se puede dejar de lado la afección ambiental, pues durante los últimos 10 años, el humedal se ha visto deteriorado, dado que en su área de influencia, además de las ya mencionadas edificaciones, se han construido canchas, asaderos, parqueaderos, entre otros, generado cambios que afectan la vida de las especies que allí habitan y amenazan su biodiversidad.

Sin embargo, Cormacarena no evitó que en los sectores que hoy se conocen como Aguas Claras y Margaritas, se empezará a establecer toda una comunidad cuando habían apenas unas cuantas casas, hace poco más de 10 años. Actualmente existen en el lugar más de 800 edificaciones con cerca de 1000 familias.

Fue hasta hace unos pocos días, que la autoridad ambiental decidió actuar, pues mediante una resolución informó que desalojaría 300 casas de esa área. Pero quienes habitan en el lugar, afirmaron que verían vulnerado su derecho a la vivienda, pues no les brindan garantías de reubicación.  Por ende, realizaron la mañana este martes, 27 de octubre, un plantón pacífico frente a la Alcaldía de Villavicencio.  

Las inconformidades de la comunidad

Desde El Cuarto Mosquetero acudimos al lugar de la protesta para conversar con algunos afectados. Uno de ellos es Reynaldo Perdomo, quien actualmente está sin trabajo a causa de la pandemia. A su situación de desempleo, se sumó la preocupación de estar a punto de perder su vivienda. 

Perdomo lleva viviendo más de 10 años en el barrio Aguas Claras y señaló que allí “los terrenos, fueron terrenos comprados de buena fe”, pues nunca les dijeron que esa área era de protección ambiental. 

Por su parte, Lorena Villarraga, quien se dedica a las labores del hogar, afirmó que protesta por el derecho a la igualdad, pues considera injusto que habiendo sobre el humedal grandes edificaciones, solo sea a la comunidad de Aguas Claras y Margaritas, a los que pretendan desalojar.  

Jorge Rojas, fiscal de la Junta de Acción Comunal del barrio Margaritas, relató que es uno de los primeros pobladores del lugar, y que llegó allá, al enterarse de que estaban vendiendo lotes. Pero es hasta hace poco que ha venido sintiendo una persecución estatal, y teme que no solo él, sino toda la comunidad, pierda sus viviendas. 

“Yo no es que sea orgulloso, pero no se admitieron ranchos así de paja o de ‘cualesquier’ vaina, sino todos de ladrillito. Así seamos pobres, con los préstamos que nos han hecho, con eso hemos bregado a levantar las casitas”, mencionó el fiscal. Por eso pide que la comunidad sea escuchada y que se le garantice el derecho a la vivienda. 

María del Pilar Hurtado, es auxiliar administrativa, dice ser ecologista y entiende la intención de proteger el humedal, pero se cuestiona, al igual que sus vecinos/as, el porqué Cormacarena y todas las entidades competentes no hicieron el control ambiental cuando recién se establecía el barrio. Además, afirmó estar recibiendo presión por parte de la Policía. 

“Es ilógico que cuando muchos barrios en Villavicencio han empezado así, que son ilegales, nunca les habían puesto un punto de Policía a la entrada”, afirmó. 

Este puesto policial, según Hurtado, es de control ambiental, pero se ha convertido en una persecución para la comunidad, pues no deja ingresar materiales de construcción para que las personas que tienen sus lotes vacíos, empiecen a edificar sus casas. 

María del Pilar compró su lote hace cinco años, pero hasta hace poco tuvo los recursos para empezar a rellenar y montar las bases en el terreno. Sin embargo, no ha podido continuar con la construcción debido al puesto de Policía.

Relató que a algunos los obreros que trabajaban en la construcción de las casas, la Policía se los llevó para el calabozo durante tres días. En algunas ocasiones pudo intervenir para impedir que se los llevaran, pero el problema, según ella, ha sido constante. 

Actualmente, en el sector hay establecimientos que cuentan con Cámara de Comercio y, al igual que las casas allí construidas, pagan impuestos prediales. Además, según afirmaron, si de verdad se quiere recuperar el humedal, habría que demoler las universidades y demás megaconstrucciones sobre el área de influencia. 

Pronunciamiento de la institucionalidad

Ante la manifestación pacífica, funcionarios de las Secretarías de Medio Ambiente, Planeación y Control Físico de Villavicencio junto a la dirección de Derechos Humanos, se reunieron con 10 delegados de la comunidad.

Intentamos contactarnos con Sara Cabrera, secretaria de Medio Ambiente, dado que el centro de la problemática es en torno a la afectación ambiental, pero no fue posible obtener una respuesta. Lo mismo sucedió con Andrés Felipe García, director de Cormacarena.

Por su parte, Felipe Caballero, director de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno Municipal, comentó que desde su función, se encargó de escuchar las peticiones de las y los manifestantes, con el fin de establecer una mesa de diálogo con las ya mencionadas entidades. 

Allí se programó una mesa de trabajo para el 13 de noviembre, en la que se espera contar con la presencia de Cormacarena, puesto que la resolución administrativa que ha generado los efectos en esta comunidad, fue expedida por esta corporación de carácter autónomo, por lo que resulta compleja la intervención de la Administración Municipal para solucionar esta problemática, según afirmó Caballero. 

El funcionario aseguró que además de Cormacarena, convocará a la Policía y Fiscalía para hablar sobre el puesto de control en la entrada del barrio. Asimismo, solicitará la presencia de la Procuraduría, Defensoría, Contraloría y Ministerio Público, para este próximo encuentro.

Comunicadora social y periodista, con experiencia en prensa escrita, comunicación institucional y trabajo con comunidades vulnerables desde el enfoque de la participación política, defensa del territorio y comunicación para el cambio social.