El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, está adscrito al Ministerio del Trabajo, y tiene como función principal la formación de jóvenes y adultos para fortalecer la industria, el comercio, el sector rural y la labor social del país.
Por su parte, Ecopetrol es la empresa insignia de las y los colombianos, que se ha posicionado como la más grande del país gracias a sus ventas y activos. La empresa maneja toda la cadena de valor del petróleo y el gas, extracción, refinación, transporte, logística y comercialización, y a su vez, cuenta con filiales como CENIT, la cual está encargada del transporte de hidrocarburos y gasoductos.
Estas empresas estatales, hoy se encuentran en peligro gracias al Decreto 811 del 2020, con el cual, se faculta al Gobierno Nacional para vender 105 empresas públicas bajo el argumento de necesitar recursos para atender la crisis generada por el covid-19.
Durante los últimas semanas, la USO, junto a congresistas, organizaciones sociales y ciudadanos/as en general, han realizado diferentes tipos de manifestaciones para que se derogue el decreto y evitar la enajenación y privatización de estas empresas.
Es por eso que el pasado 20 de agosto, se llevó a a cabo un conversatorio virtual para analizar: ¿Cómo detener la privatización del Sena y Ecopetrol?
En el evento participaron Aleida Murillo, presidenta nacional del sindicato del Sena – SINDESENA; Fabio Díaz, directivo nacional de la Unión Siindical Obrera – USO; y los senadores por el Polo Democrático Alternativo, Wilson Arias e Iván Cepeda.
En su intervención, Cepeda señaló que un patrimonio fundamental en la historia del país es Ecopetrol, dado que “es el resultado de una larga lucha de los trabajadores y trabajadoras del sector, es uno de los últimos grandes activos estratégicos que conserva la Nación”. El senador agregó que, la empresa, en América Latina es la cuarta petrolera más importante, aportando recursos importantes para Colombia, un capital y dineros esenciales para erradicar la pobreza y el sostenimiento del propio Estado.
Gracias a a la empresa petrolera, mencionó el senador Cepeda, se han producido 119 patentes que son fruto de la creatividad de todas las personas que trabajan en la empresa. “El país tiene reservas petroleras por cinco años y a partir de ese momento vamos a tener momentos muy difíciles. Es indispensable Ecopetrol para producir un cambio y generar alternativas. No es una necesidad la venta de Ecopetrol, es como matar la gallina de los huevos de oro”, dijo el congresista.
También aseguró que la venta de esta empresa significa perder 10 billones de pesos, y en dos años, el país estará en una situación dramática, buscando financiar un déficit fiscal, que se va a quintuplicar en los próximos años.
Por su parte, el dirigente de la USO, Fabio Díaz, afirmó que en 1916, con la concesión de mares, donde arranca la explotación en Barrancabermeja, se empiezan a dar las luchas obreras. Luego, hacia 1924, se gesta la primera huelga petrolera, con la que se genera una persecución abierta del gobierno. Es por eso que la USO nace como un sindicato clandestino en 1946.
En el año 1948, continuó Díaz, se da una primera huelga política, que busca la reversión de mares. De ahí se genera la Ley 146, y se obliga al Estado colombiano a crear una empresa que se llamaría Ecopetrol, “eso es un proceso de lucha”, afirmó el sindicalista.
Pero la lucha continuó, pues una vez construido Ecopetrol, las amenazas de privatización y enajenación de la empresa, gestaron un proceso de resistencia permanente para evitar que este activo público, pase a manos de entidades privadas.
Según Díaz, hubo transformaciones con el Decreto 1760, “Por el cual se escinde la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, se modifica su estructura orgánica y se crean la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la sociedad Promotora de Energía de Colombia S. A.”, convirtiéndose en una empresa de economía mixta con capital privado en el 2007.
Posteriormente, Aleyda Murillo, habló sobre el Sena, señalando que este es patrimonio nacional y contribuye de manera importante y significativa a la formación técnica y profesional de los/as trabajadores y jóvenes del país.
El Sena, aseguró Murillo, les da la opción a sus estudiantes de tener ascensos al interior de su dinámica laboral, contribuye al desarrollo del país, forma mano de obra calificada, garantiza la redistribución del ingreso y permite que sectores modernos y menos desarrollados tengan acceso a la formación. Además, la isntitución cuenta con centros de formación en gran mayoria de los municipios de Colombia, por lo que permite a los y las colombianas a materializar el derecho a la educación y generar equilibrio social.
Cepeda intervino luego para señalar que el Decreto 11, es uno de los más nefastos que ha tenido el Gobierno, en efectos económicos relacionados con el estado de emergencia declarada debido al covid-19. Sin embargo, los recursos generados con la venta de estos activos públicos, no apoyarían la situación de la red hospitalaria del país ni ayudarían a crear programas sociales.
En ese sentido, el senador, señaló que como iniciativa de congresistas del Polo Democrático, se ha presentado el proyecto de Ley 024 del 2020, ante el Senado de la República, con el fin de derogar el Decreto 811. Pero este objetivo no solo lo ha planteado la oposición, pues congresistas, del Partido Liberal y de la U, entre otros, presentaron también un proyecto de Ley similar, con lo que demuestra que e podría llegar a consolidar una importante coalición en el Congreso para la defensa de este patrimonio.
El senador Wilson Arias, afirmó que un caso parecido al del Decreto 811, se había presentado durante el gobierno de Juan Manuel Santos, en diciembre del 2010, cuando, durante la emergencia invernal, se expidió el Decreto 4820.
Hubo emergencia invernal en todo el país, menos en los llanos orientales. Luis Carlos Sarmiento Angulo pretendía construir una carretera que operaría entre Puerto López y Puerto Gaitán, para valorizar sus predios y estaba en entredicho para el desarrollo del documento Conpes de la Altillnura, el cual buscaba crear las condiciones sociales y económicas para un desarrollo incluyente y sostenible de esta región, basado en la construcción de un modelo de región a partir de equipar a la región de infraestructura y servicios sociales para el desarrollo; ordenar el territorio de una manera armónica y acorde a la vocación de la región; generar condiciones que incentiven la inversión para aprovechar el potencial agropecuario y agroindustrial de la región; y ampliar las capacidades institucionales para la gestión del desarrollo regional.
Este Decreto fue tumbado por la Corte Constitucional a inicios del 2011, argumentado que la venta “no satisface el presupuesto de especificad porque de manera prioritaria, los cometidos del Fondo de Adapatación (lo que actualmente sería el FOME), al que habría de trasnferir el producido de la venta se orientan a la atención de fenómenos estructurales en el mediano y en el largo plazo”, es decir que el gobierno, con este decreto, no pretendía atender la emergencia, sino otro tipo de efectos.
Finalmente, las y los participantes del evento, invitaron a los ciudadanos/as a resistir ante las pretensiones del Gobierno Nacional y defender el patrimonio nacional. Asimismo, exigieron a la Corte tumbar el Decreto 811, para garantizar que los activos públicos sigan perteneciendo al pueblo colombiano.
