El oferente ganador en la licitación del Plan de Alimentación Escolar (PAE) en Villavicencio habría presentado un documento falso con el fin de obtener más puntaje y quedarse con el contrato. 

El 27 de diciembre del 2020, la Alcaldía de Villavicencio abrió la convocatoria para el proceso de licitación del PAE. El 3 de marzo del 2021 la entidad publicó la evaluación técnica que muestra a los oferentes que figuraron dentro de la selección. 

El ganador de la licitación fue el consorcio Alimentación Infantil Villavicencio 2021, con un puntaje de 998.54, quien ofertó el contrato de ejecución del PAE por más 6.600 millones de pesos. No obstante, el proponente que quedó en segundo lugar con 998.53 puntos, -Unión Temporal PAE 2021-, solicitó a la Oficina de Contratación de la Alcaldía Municipal que se revisara uno de los documentos del vencedor a causa de una sospecha de falsedad, tras revisar en la página de consultas de radicados del Ministerio de Trabajo y evidenciar que no existía información alguna frente al certificado No. 10EE20207122300110002020.

Pero desde la Oficina de Contratación se argumentó que confiaban en la veracidad del documento con base en la sentencia C-1194 de 2008, que “ha definido el principio de buena fe como aquel que exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una ‘persona correcta’. Así la buena fe presupone la existencia de relaciones recíprocas con trascendencia jurídica, y se refiere a la “confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada”. 

Asimismo, la dependencia tuvo en cuenta lo estipulado en el Artículo 28 de la Ley 80 de 1993: “En la interpretación de las normas sobre contratos estatales, relativas a procedimientos de selección y escogencia de contratistas y en la de las cláusulas y estipulaciones de los contratos, se tendrá en consideración los fines y los principios de que trata esta ley, los mandatos de la buena fe y la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos conmutativos”. La Sentencia del Consejo de Estado 811 de 1996, también fue sustento de la Oficina de Contratación, la cual indica que “en el campo jurídico, el concepto de buena fe, aunque indeterminado en sus alcances, tiene un sustento real”. 

Por ende, ante la advertencia de un posible caso de fraude, la Oficina de Contratación optó por no revisar la veracidad del certificado, supuestamente expedido por el Ministerio del Trabajo que daba constancia de que la empresa contaba con servicios de personal con capacidades diferentes. Este documento otorgaría 10 puntos adicionales al oferente para quedarse con el primer lugar en la licitación y lo logró. 

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El mismo oferente y quien es representante de la empresa Inversiones Nutrir S.A.S, Javier Felipe Méndez, peticionó el 9 de marzo del 2021 a la Dirección Territorial Guaviare del Ministerio del Trabajo, revisar la veracidad del certificado del consorcio ganador, referente a una persona con capacidades diferentes trabajando en la empresa Fundación Vínculo Fraternal Funvifra “Fundasol”, emitido supuestamente por la Dirección Territorial de Córdoba. 

El director de la entidad, Oscar Andrés Herrera, remitió la solicitud de verificación a Fabio Emiro Martínez, director Territorial Córdoba, con el fin de verificar la autenticidad y legalidad del ya citado certificado emitido por la Coordinadora de Atención al Ciudadano y Trámites de esa institución. “Conforme a su solicitud y consultando a la funcionaria Liliana Isabel Osorio Herrera, el certificado de discapacidad que usted nos adjunta, es totalmente falso y manifiesta ella, no ser su firma plasmada en dicho documento, en su calidad de Coordinadora del Grupo de Atención al Ciudadano en ese momento”, manifestó Martínez ante la solicitud del director Territorial Guaviare. 

Este hecho, según el Ministerio del Trabajo, se constituye en plena prueba para que la Alcaldía proceda a la revocatoria del Acto Administrativo mediante el cual se adjudicó el contrato a la Fundación Vínculo Fraternal Funvifra “Fundasol”, por haber incurrido en una violación flagrante de los principios de transparencia y selección objetiva, que consagran entre otras cosas que la escogencia del contratista debe estar desprovista de todo tipo de consideración subjetiva, afecto o interés con este. “A sabiendas de que existe prueba suficiente para determinar la falsedad de la certificación de discapacidad, la Alcaldía o Gobernación, está en la obligación de revocar el acto administrativo de adjudicación, so pena de incurrir en el tipo penal denominado: ‘Contrato sin cumplimiento de requisitos legales’ consagrado en el Artículo 410 de nuestro Código Penal Colombiano”, determinó la entidad. 

En el debate adelantado el pasado 16 de marzo en el Concejo Municipal, este tema fue puesto sobre la mesa. El concejal Hanner Sabogal, cuestionó el desarrollo de adjudicación de este contrato, “con unas presuntas irregularidades y unos presuntos documentos falsos”. Asimismo afirmó que ha radicado una denuncia solicitando a la Contraloría General de la República, que dentro de sus facultades de control concomitante y preventivo, se le haga seguimiento a este proceso de contratación del PAE en Villavicencio. No obstante, también se espera la intervención de la Procuraduría, para que dentro de sus funciones preventivas y disciplinarias, tome cartas en el asunto. 

Por su parte, el concejal Pedronel Macías, citó a la Oficina de Contratación de la Alcaldía Municipal al recinto de la Corporación para que informe acerca de las problemáticas en torno a la adjudicación del contrato del PAE. “Que sean ellos quienes pongan las denuncias si así se considera frente al tema de que hubo incursión en presentación de documentos falsos para poder obtener el mayor puntaje para adquirir una adjudicación de un contrato”, enfatizó. 

Luego, el pasado 17 de marzo, el concejal Omar López, radicó junto a sus colegas, Hanner Sabogal y Pedronel Macías, una proposición en la que citó a control político a la secretaria de Educación de Villavicencio, Ivonne Ubaque, para el día 31 de ese mismo mes. 

Al respecto, el alcalde de Villavicencio, Felipe Harman, se pronunció en redes sociales. 

Entre tanto, la Personería Municipal de Villavicencio solicitó a la Alcaldía Municipal suspender el proceso contractual del PAE. Asimismo, informó que iniciará indagación con el fin de verificar la presunta ocurrencia de la conducta y determinar si esta es constitutiva de falta disciplinaria o, si se ha actuado bajo el amparo de una causal de exclusión de responsabilidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 734 de 2002.

“De igual manera, se llevaron actuaciones con el fin de preservar el ordenamiento jurídico, entre ellos los principios de la contratación Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007, y evitar la defraudación del patrimonio público. Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 160 del Código Disciplinario Único”, señaló la entidad. 

Después, el 18 de marzo, la Personería reiteró la solicitud de medida preventiva de suspensión durante la indagación preliminar de adjudicación del contrato del PAE al alcalde, Felipe Harman, pues al parecer, el mandatario, que había afirmado que el proceso ha estado suspendido desde el 12 de febrero, no ha enviado copia del Acto Administrativo que respalda este argumento.

Intentamos contactarnos con la Secretaría de Educación para conocer sus declaraciones al respecto pero no fue posible obtener una respuesta. 

Cabe recalcar que, la Contraloría General de la República reportó el mes pasado que Villavicencio figuraba dentro de las 48 entidades territoriales que hasta ese momento no habían reportado el inicio de operaciones del PAE. En medio de toda la confusión y retrasos que rodean la puesta en marcha de este programa esencial para la educación en la capital del Meta, son los niños, niñas y adolescentes quienes que están pagando los platos rotos.

Comunicadora social y periodista, con experiencia en prensa escrita, comunicación institucional y trabajo con comunidades vulnerables desde el enfoque de la participación política, defensa del territorio y comunicación para el cambio social.