PARTE 1 – Situación de la infancia y adolescencia en Colombia
El asesinato a sangre fría de un niño de 12 y un joven de 18 años, aparentemente a manos de un grupo armado ilegal en Tibú, Norte de Santander, deja en evidencia la ausencia cómplice de un estado incapaz o que no hace esfuerzos por proteger a los niños, niñas y jóvenes en Colombia. Esta es una breve radiografía de la situación de infancia en el país.
En Colombia existen 15.466.382 niños, niñas y adolescentes, de los cuales 7.904.550 son niños y 7.561.831 son niñas. El grupo poblacional más numeroso es el ubicado entre los 12 y los 17 años de edad, con 5.179.937 entre ambos sexos. Le sigue el ubicado entre los 0 y 5 años de edad, con 5.174.961 entre ambos sexos. Finalmente, el grupo entre los 6 y 11 años de edad cierran con 5.111.483 entre ambos sexos. Estas cifras con información de Unicef Colombia en su documento Situación y Análisis de la Infancia y Adolescencia en Colombia SITAN. En este mismo documento se calcula que para el quinquenio 2020 a 2025 nacerán anualmente un promedio de 918.000 niños y niñas en todo el territorio nacional. Para el mismo periodo de tiempo la expectativa de vida al nacer estará rondando los 75.4 años.
Las cifras de la violencia basada en género en niños, niñas y jóvenes son escalofriantes, para el año 2013, según cifras del Instituto Nacional de Medicina legal, del total de exámenes forenses por delitos sexuales practicados, el 86% correspondía a este grupo poblacional. De ese total, el 84% eran niñas y 16% niños. De hecho, según Unicef, uno de los mayores riesgos que enfrentan las mujeres es ser obligadas a asumir roles de la vida adulta como el matrimonio y la vida sexual a temprana edad. Datos del 2020 publicados por el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), indican que el 26% de las mujeres en Colombia empezaron a vivir en unión libre antes de cumplir 18 años. Esta cifra coincide con la reportada por Unicef, que para 2018 encontró 139 casos de matrimonio con niñas entre los 10 y 14 años y 291 casos de unión de hecho en el mismo rango de edad.
Por otro lado, para el 2018, la Fiscalía y la Policía reportaron 1.399 casos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, una cifra que no contempla el subregistro que resulta de los casos no denunciados. Pese a que las autoridades han rescatado más de 600 menores de edad, la mayoría de ellos continúan siendo explotados sexualmente en el país.
Otro factor preocupante para la infancia en Colombia es el embarazo adolescente, ya que para 2019, 17 de cada 100 niñas estaban en embarazo. A su vez, la temprana edad para ejercer la maternidad y paternidad pone en riesgo el cuidado parental, ya que los padres no cuentan con todas las herramientas y los medios para asegurar un adecuado desarrollo de la primera infancia en los bebés recién nacidos. Los riesgos también incluyen las complicaciones en la gestación para las madres. De hecho, y según un informe de UNFPA, en 2018, 82 niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años de edad murieron en el país por causas asociadas a la gestación.
Pero, irónicamente, la tasa de mortalidad infantil también representa un factor preocupante. El Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes (INN) informó en 2015 que 80.000 niños y niñas mueren en América como víctimas de explotación laboral, sexual, del abandono y del maltrato infantil. De esa cifra, solo en Colombia, en un año, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) recibió en protección a 20.000 menores víctimas de explotación laboral y abuso sexual.
Salud
En las regiones con mayor prevalencia de población afro, indígena y rural, existen las peores condiciones para nacer en el país.
Según cifras de Unicef, en Colombia, existe una disparidad entre las regiones con relación a la situación de la infancia. Por ejemplo, la tasa de mortalidad de esta población en departamentos como el Chocó alcanza el 41,2%, mientras la media nacional es del 17%. En la Amazonía se alcanzó el 38,44%, mientras en la Guajira la cifra ronda el 31,61%. Las causas de muerte son múltiples, pero las principales están relacionadas con la desnutrición, el conflicto armado, abandono de sus padres y diversas enfermedades prevalentes en la infancia, las cuales se potencializan por la ausencia del estado en las regiones, especialmente en programas sociales.
Lo anterior quiere decir que, en las regiones con mayor prevalencia de población afro, indígena y rural, existen las peores condiciones para nacer en el país. Esto refuerza la teoría del estado centralista y que deja a la periferia, el campo y las comunidades indígenas abandonadas o fuera del alcance de los programas sociales. Adicionalmente, estas regiones son las más desamparadas por el estado ante los grupos armados; la violencia contra estas poblaciones es recurrente.
La desnutrición en Colombia es de las más elevadas en el mundo, según datos de la última Encuesta de Situación Nutricional en Colombia, existe un promedio de 560.000 niños y niñas entre los 0 y los 5 años de edad con desnutrición crónica, esto equivale al 10% de este grupo poblacional, lo que es una cifra dramática si se compara con los demás países de la región. Igualmente, la prevalencia de este fenómeno se acentúa en la periferia del país. Aunque se sospecha que existe un subregistro evidente, por ejemplo y según cifras del informe de la Gran Alianza por la Nutrición, en donde se encuentra la ANDI, arrojó que el 54.2% de los hogares colombianos presentan inseguridad alimentaria, es decir, hogares en donde hay deficiencias nutricionales o no se accede a alguna de las tres comidas diarias.
De otra parte, según datos del Sistema General de Seguridad Social, el 12% del total de la población en Colombia (aproximadamente cinco millones de colombianos) no tienen cobertura en salud y el 44% de la población están bajo la cobertura del régimen subsidiado, lo que arroja que un amplio porcentaje de niños, niñas y adolescentes tienen grandes problemas para acceder a la salud.
En cuanto a inmunización se refiere, el 85% del total de la población cuentan con el esquema básico de vacunación, el cual contempla polio, DTP y triple viral. Esto quiere decir que el país existente unos 7 millones de personas sin inmunización, lo que a su vez significa que la cantidad de niños y niñas sin vacunarse puede rondar una cifra cercana a los millones (no se sabe con exactitud porque no hay estudios ni cifras al respecto).
Las principales enfermedades y causas de muerte en este amplio grupo poblacional están relacionadas a enfermedades prevenibles. El 65% de las muertes infantiles ocurren en los primeros 30 días de vida. Según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal, entre los años 2005 a 2014, murieron 15.299 niños y niñas, entre las causas de muerte están la enfermedad diarreica aguda con 3.065 decesos, las infecciones respiratorias con 8.148 muertes y la desnutrición con cifras cercanas a 4.000 niños y niñas muertos. Este último requiere acciones urgentes para reducir los cerca de 400 decesos de niños y niñas por problemas asociados a nutrición.
Educación
En materia de educación, mientras que, en las zonas urbanas de cada 100 niños, niñas y adolescentes 82 completan su educación, en el sector rural tan solo 48 logran culminar sus estudios básicos. De acuerdo con cifras del DANE en 2017, de las 53.295 sedes educativas censadas en Colombia, 17.346 estaban en zonas urbanas y 35.949 en zonas rurales. Para ese mismo año, a nivel nacional se encontraban matriculados 10.020.294 estudiantes. El 9,9% en el nivel de preescolar, el 43,1% en básica primaria y el 47,1% en básica secundaria y media. Así mismo, había 478.294 docentes ocupados.
Estado invierte menos de 4 millones de pesos anuales por estudiante.
Sin embargo, según el Ministerio de Educación, en Colombia, 102.000 niños y niñas perdieron un año escolar completo debido a los confinamientos ocasionados por el covid-19. Esa misma entidad informó que en 2020, durante el aislamiento, se cerraron 53.717 sedes educativas; 82% (43.853) del sector oficial y 18% (9.866) del sector privado. La situación expuso a la infancia a situaciones de trabajo infantil.
El confinamiento perjudicó a 9.928.865 estudiantes de educación básica y media, matriculados en marzo del 2020. Se esperaba que el panorama cambiara para el 2021, pero la situación no se muestra alentadora. Durante este año, las secretarías de educación crearon iniciativas para que las instituciones oficiales y privadas regresen paulatinamente a la presencialidad. Pero en abril apenas el 11,6% de las y los estudiantes estaban asistiendo a clases presenciales bajo el modelo de alternancia. Es decir, el alumnado asiste al colegio uno o dos días a la semana siendo optimistas. A veces, asisten algunas semanas y, en algunos casos, una o dos veces al mes.
El limitado acceso a internet en Colombia ha dificultado que las y los estudiantes se mantengan recibiendo clases virtuales. La encuesta de calidad de vida de DANE en 2019 encontró que apenas el 51,9% de los hogares tenía acceso a Internet ya sea por conexión fija o por conexión móvil; el 61,6% de los hogares en áreas urbanas y el 20,7% en la zona rural. Esto profundiza diferencias evidentes. Por ejemplo, el 97% de las familias en estrato 5 y 6 tenía conexión a Internet, mientras que apenas el 17% de las familias que pertenecen al estrato 1 tenía este servicio.
Así mismo, en las pruebas Saber 11 del año 2018, el 50% de los estudiantes de los grados quinto y undécimo de los colegios públicos respondió en la encuesta del ICFES que apenas el 37% tenían internet y computador en sus casas.
Este año la educación sigue con un panorama preocupante, a pesar de que se está intentado volver a la cotidianidad como se conocía antes del confinamiento. Al llegar la pandemia se tenían colegios mal dotados y con necesidades básicas insatisfechas con el 7% sin energía y 11% sin acceso a agua potable. Según Razón Pública, el Estado invierte menos de 4 millones de pesos anuales por estudiante.
Protección y derechos
Unicef basa su trabajo en la Convención sobre los Derechos del Niño, el tratado internacional más ratificado de la historia. Entre una lista de 43 ítems, destacan derechos como la no discriminación, supervivencia y desarrollo, nombre y nacionalidad, no ser trasladado ni retenido ilícitamente, libertad de expresión, acceso a una información adecuada, protección contra los malos tratos, protección de los niños sin familia, protección a niños refugiados, salud y servicios sanitarios, seguridad social y educación.
Dentro de estos derechos también figuran algunos que procuran proteger a la infancia en diferentes circunstancias como contra las drogas ilegales, frente a la explotación sexual, contra la venta y el secuestro de niños, contra torturas y penas crueles y no involucramiento en conflictos armados.
El Estado colombiano se adhirió a esta Convención Internacional mediante la Ley 12 de 1991. Posteriormente adoptó sus principios a través de la Ley 1098 de 2006 (Código de la infancia y la Adolescencia), por tanto, el ICBF adquirió un trabajo con enfoque de derechos, orientando sus políticas y acciones hacia la asignación prevalente de recursos en políticas, programas y planes para el ejercicio y garantía de los derechos de la niñez, articulando las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar – SNBF.
Estos 44 derechos constituyen la base para la acción del Estado colombiano en relación con la Protección Integral de los niños, niñas y adolescentes, y por ende se convierten en el marco de referencia fundamental para el monitoreo de los derechos y las políticas públicas de infancia, que buscan promover su reconocimiento como titulares de derechos; garantizar su ejercicio pleno; prevenir las posibles vulneraciones; y cuando estas se presentan el restablecimiento de sus derechos, según lo establecido por el ICBF. Es por esto que se esperan acciones cada vez más contundentes para proteger a los niños, niñas y adolescentes por parte del estado colombiano, pero las cifras parecen indicar que el país no avanza en esta materia.
Espere: Parte 2, niños, niñas y adolescentes en el marco de la violencia y el conflicto armado interno colombiano.
Investigación y redacción por: José Vargas y Shirley Forero
