Más de 40 estudiantes de las escuelas rurales del municipio de Puerto Concordia tras presentar graves afectaciones fisiológicas, aún no reciben atención médica ni visita institucional.
En el área rural del municipio de Puerto Concordia ubicado en el departamento del Meta, están en funcionamiento cuatro establecimientos educativos que albergan a más de 45 estudiantes -incluidos los internados-, donde, debido a la ausencia de un sistema que procese el agua, se están presentando presuntas infecciones.
En las veredas Ceiba Alta, Charco Carbón, La Cascada, Ceiba Baja y Bella Vista, se han registrado más de 40 casos que ponen en alerta la salud de los y las infantes, debido al consumo directo del agua del río Guayabero. “El problema del agua no potable es que hay brote, diarrea, los niños mantienen con un color no muy bien, y pues pal’ consumo necesitamos que el agua sea más potable y más buena, más que todo para los alimentos”, expresó una de las docentes de la zona.
De acuerdo con los y las habitantes de las veredas, aunque se realice el “proceso casero” para purificar el agua, no hay resultados y, eso se está viendo reflejado en la salud de los niños y niñas. “Acá no hay nadie que limpie el agua, toca bombear del río y ahora el río está muy sucio entonces toca sentarla”, afirmó una de las afectadas.
Según declaraciones de Hermelisa Mancilla, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Bella Vista, “nosotros no tenemos aquí agua potable. ¿Qué nos toca? Del río, donde ustedes saben que cae toda la suciedad desde arriba hasta llegar abajo a San José del Guaviare”.
La problemática que se viene presentando hace dos años, según declaraciones de la comunidad, se ha reportado a las administraciones educativas, sin embargo, aún no hay un pronunciamiento. “Al rector que maneja la sede se le ha puesto quejas, fotos y evidencias, pero en este momento no hemos tenido una respuesta adecuada”, manifestó una docente.
Por su parte, la Pastoral Educativa y uno de los rectores de la zona, afirman que hasta el momento no se tiene conocimiento de la situación y, por tanto, ninguna información.
Cabe mencionar que, aunque la Pastoral Educativa es el enlace que acompaña a los establecimientos educativos de estas zonas, la responsabilidad de suministrar recursos, velar por la integridad de los y las estudiantes y, aportar una calidad educativa, es netamente del ente territorial y la Secretaría de Educación Departamental, quienes hasta la fecha no se han pronunciado.
Conforme a los testimonios de las madres y docentes que residen en las áreas afectadas, la problemática que hoy compromete la salud “ha mejorado”, debido a la instalación del perforado que se realizó recientemente. Sin embargo, debido a que “el agua es turbia, toca hervirla, bajarla, dejarla sentar y echarla en otra tina, y hasta a veces recogerla de la lluvia”, como lo expresa una de las afectadas, no es solo necesaria la construcción de una planta de tratamiento de agua, sino la presencia de profesionales de la salud.
A su vez, la Presidenta de la Junta afirma su preocupación frente a la situación, “porque nosotros queremos que nuestros hijos se eduquen, salgan adelante y sean el futuro de Colombia, pero con una buena educación, y esas garantías no nos las están brindando”.
En el año 2022, se creó el Primer Comité de Vigilancia Epidemiológico Comunitario – COVECOM, con la participación de líderes/as de la comunidad, líderes institucionales, EAPB, Personería, Centro de Atención, Policía Nacional, Presidentes de Juntas de Acción Comunal del Área Rural, Secretaría de Salud Departamental, entre otros, con el fin de dar a conocer lo ocurrido en el transcurso de 2022 frente a COVID y dengue, pero no se previeron temas relacionados al consumo de agua contaminada que hoy está impactando especialmente a los y las infantes.
De acuerdo con los documentos suministrados por Magda Yesenia Zabala, directora del Centro de Atención de Puerto Concordia, a este medio, se han realizado brigadas de salud a veredas e Instituciones Educativas, como: Puerto Iris, Nueva Esperanza, Resguardo Caño Sal (Santa Rita) y Zaragoza, Hato Aguas Claras, Guarupaya, Pororio, Caño Ceiba, San Fernando y en la población Jiw. Asimismo, la comunidad asegura que la atención médica es limitada y aún no se generan reportes de la situación.
El Cuarto Mosquetero se contactó con la Alcaldía Municipal de Puerto Concordia, la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Educación Departamental, pese a la insistencia, no hubo respuesta al cierre de esta publicación.
Los y las habitantes de la zona rural de Puerto Concordia, hacen un llamado a las instituciones y entidades encargadas para que realicen acompañamiento social y den un manejo adecuado a la situación que está afectando la salud de niños, niñas y comunidad en general.
Crisis social que atraviesan las familias residentes de las veredas de Puerto Concordia
Puerto Concordia se ubica en el sur del departamento del Meta y cuenta con aproximadamente 4.089 habitantes en su área rural, y 3.256 en la cabecera municipal, de acuerdo a los registros del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE del año 2018.
Si bien es cierto que su economía se basa en actividades agropecuarias, pesca artesanal, la explotación de madera y el comercio formal, también se centra en la producción de pasta base de hoja de coca.
La producción de esta pasta base por muchos años fue el sustento de diversas familias -especialmente rurales-, quienes con su comercialización lograban solventar las necesidades básicas y, a su vez, ofrecían a sus hogares una vida digna, educación para sus hijos/as y los productos de la canasta familiar no carecían.
Esta situación por la que campesinos y campesinas atravesaron por mucho tiempo cambió, debido a la falta de compradores y la sobreproducción que trajo como consecuencia la desvalorización de este cultivo considerado de uso ilícito, lo que llevó a las pérdidas monetarias en algunas zonas rurales y, por tanto, a que la crisis económica -seguida por la social- empezarán a reflejarse.
Veredas como La Cascada, Ceiba Alta y Baja, Bella Vista, Charco Carbón, entre otras, se están viendo gravemente afectadas, debido a que los cultivos que aún hay sembrados allí no se han podido comercializar, hay crisis alimentaria, y los y las campesinas no tienen un sustento económico, lo que los ha llevado en ocasiones a no enviar a sus hijos/as a las escuelas, y migrar hacia otros territorios del país.
Por su parte, la falta de acceso al área rural es compleja, ya que las vías que comunican de la cabecera municipal a las diferentes veredas del municipio están en mal estado, la más cercana está aproximadamente a 45 minutos y, si no se cuenta con medio de transporte propio, el valor de la movilización oscila entre los $80.000 y $100.000 pesos por salida.
En materia de salud, las familias de la ruralidad deben desplazarse hacia la cabecera municipal para acceder a este servicio, debido a la ausencia de brigadas de salud, visitas médicas y de control. A su vez, en relación a educación, la planta docente es limitada, las escuelas e internados no cuentan con equipamientos para proveer servicios básicos y el Programa de Alimentación Escolar – PAE, funciona de manera irregular.
De acuerdo con Hermelisa Mancilla, “la alimentación es pésima. Una libra de arroz para 40 estudiantes nos parece terrible. Y eso que hablamos de los internos, porque los externos no tienen derecho al almuerzo. Ahí tenemos personas externas que tienen que salir del internado a la 1:00 p.m., desplazarse hacia sus viviendas que les queda a más de dos horas de camino. Cuando llega ese muchacho a la casa está pasado de hambre y sin querer volver a la escuela”.
Aunque en las zonas rurales se estimaba la presencia de casi 200 familias, a través del tiempo este número se ha desvanecido. “Aquí éramos 150 familias, a través del tiempo se han ido desplazando. Hasta el año pasado contábamos con 101, pero en estos momentos se han ido 52 porque no aguantan más la situación”, expresó la lideresa, afirmando la residencia de apenas 42 familias actualmente en su vereda (Bella Vista).
Los y las habitantes esperan que las instituciones hagan presencia en sus territorios, garantizando el bienestar de quienes allí residen.
Por: Dayana Lara y Lina María Hurtado
