En el páramo de Santurbán existe un peligro latente. Esa riqueza natural, que abastece de agua a más de dos millones de colombianos, podría verse afectado por causa de las actividades de minería que pretende realizar Minesa -Sociedad Minera de Santander- en el territorio. 

Aunque la multinacional, que pertenece a poderosos jeques de los Emiratos Árabes ha asegurado preservar el medio ambiente en su proceso de explotación minera, un informe de análisis del Estudio de Impacto Ambiental – EIA que había sido presentado por Minesa, refleja una serie de inconsistencias que mostrarían lo perjudicial que podría resultar el desarrollo de este megaproyecto. 

Sin embargo, el Gobierno ha insistido en justificar la viabilidad de este proyecto. Incluso, en una entrevista para Noticias Caracol, la viceministra de Minas, Carolina Rojas manifestó su respaldo al megaproyecto de la multinacional Minesa, en el páramo de Santurbán, asegurando que traerá beneficios para el país en materia fiscal, en medio de la crisis por el covid-19.

También, el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, aseguró en una entrevista en La W radio que el proyecto de Minesa, según el Estudio de Impacto Ambiental, muestra «que no habrá ninguna afectación a las fuentes de agua”.

Luego de estas declaraciones, las comunidades del área de influencia del megaproyecto, así como diferentes organizaciones ambientales, han manifestado su rechazo a la intromisión de Minesa y cualquier otra multinacional a su territorio para realizar actividades mineras bajo la consigna “Nuestro oro es el agua”.

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Es por eso que el líder campesino y representante a la Cámara por el MAIS, Cesar Pachón, citó a un debate de control político en el Congreso de la República al ministro de Medio Ambiente encargado, Alberto Carrasquilla -ya que Ricardo Lozano se declaró impedido-; el director de la ANLA, Ricardo Suárez, entre otros, e invitó al ministro de Minas y Energía, Diego Mesa y otras autoridades de carácter regional y local.

Es necesario aclarar que en Colombia está prohibida la minería en páramos, según la sentencia T035, pero según Minesa el proyecto se encuentra a 2.600 metros sobre el nivel del mar – m.s.n.m. y desciende hasta los 2.200 m.s.n.m., quedando fuera del área protegida del páramo de Santurbán, que según la Resolución 2090 de 2014 del Ministerio de Ambiente, se halla entre los 3.100 y 2.800 m.s.n.m.

Esto demostraría que se encuentra por fuera de la delimitación actual pero quienes se oponen al proyecto manifestaron que en el área de intervención, existen bienes naturales, ecosistemas esenciales, interdependientes e integrales, en los que el páramo, el subpáramo, los bosques alto andinos y los de nieve, cumplen una función, y si uno de estos es intervenido, toda la región se verá afectada.

Aunque el Ministerio de Ambiente está en la obligación de hacer una nueva delimitación, ya que existe una sentencia de la Corte Constitucional que le ordena hacerlo, -dado que en la primera no se tuvieron en cuenta las comunidades que habitan en el páramo-; quienes están en contra de la actividades extractivistas, temen que el proyecto termine por intervenir el páramo. 

De hecho, Ricardo Eslava, geólogo e integrante del Comité Santurbán, explicó que «el área de influencia del proyecto sí afecta la actual delimitación del páramo, sin embargo este proceso no ha terminado y se está haciendo sin tener en cuenta las consideraciones de integralidad y sin los estudios hidrogeológicos e hidrológicos necesarios para evaluar objetivamente sus servicios ecosistémicos como el suministro de agua».

Por otra parte, el proyecto no cuenta aún con licencia ambiental, dado que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, aún está evaluando la información suministrada por la multinacional árabe y su Estudio de Impacto Ambiental – EIA.

Teniendo en cuenta que desde el Gobierno Nacional, la ANLA es la única entidad que puede darle vía libre al proyecto o cerrarla, se evidenció durante el debate, la equivocación del ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, al haber mencionado antes que las actividades extractivistas no tendrán ningún impacto en las fuentes de agua que emergen del páramo de Santurbán.

Además, la ANLA deberá realizar audiencias públicas con la comunidades del área de influencia del proyecto. No obstante, estas están suspendidas, hasta que existan las condiciones necesarias para que haya una participación efectiva, teniendo en cuenta la pandemia actual y el poco o nulo acceso a internet y aparatos tecnológicos en las zonas rurales.

Durante el debate también se habló del informe de análisis que realizó este año la Alcaldía de Bucaramanga, en articulación con el Acueducto Metropolitano y el Área Metropolitana de dicha ciudad, sobre el EIA presentado por Minesa.

En ese informe, las entidades participantes, recopilaron una serie de inconsistencias sobre los estudios de impacto ambiental realizados por Minea. Una de ellas es que existe una conexión entre las aguas afectadas por el proyecto minero y las que abastecen al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, a través del río Suratá, lo que podría dejar sin el líquido vital a más de dos millones de personas.

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Pero, a pesar de todo lo expuesto, durante el debate a favor de la protección del páramo, también hubo fallas, las cuales mencionó el representante a la Cámara, Juan Carlos Lozada, incluso desde antes de que se diera la primera intervención por parte del citante, Cesar Pachón. 

Lozada explicó que el entregar a los citados un cuestionario general con solo seis preguntas, y que además, estos no respondieran con mayor profundidad a lo que se les preguntó, resultó en desventaja para este debate de control político ya que este representaba una oportunidad de abogar por la protección del páramo.

“En el orden del día solo aparece un cuestionario de seis preguntas generales para todos los citados. Cuando uno ve esas preguntas y ve la magnitud del debate es evidente que con ese cuestionario no iban a responder. Entonces había que enviarles cuestionarios a todos por separado: al ministro Lozano para saber si su argumento era justificado o no, al ANLA para saber cómo está definiendo y estudiando la licencia ambiental para realizar explotación minera en Santurbán, y así a cada uno”, explicó el parlamentario.

Esta falla se suma a las inconformidades presentadas por algunos congresistas de oposición. “El ministro de Ambiente se declaró impedido y el ministro Carrasquilla quedó encargado de un tema que no le compete discutir y sobre el cual no tiene conocimiento técnico. Ahí empezamos mal. Fue una promesa de campaña del presidente Duque, que dijo que no se metería con el páramo de Santurbán. ¿cómo es que vienen los ministros y no dan la cara? Eso es una ofensa con el Congreso, pero también con el propio presidente”, mencionó David Racero, quien hace parte de la Lista de los Decentes. Katherine Miranda, del partido Alianza Verde, también se refirió al tema señalando que el ministro -encargado- Carrasquilla: “No le respondió al Congreso, ni a Santander, ni al país”.

Ante esto, la congresista Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, propuso convocar a la moción de insatisfacción argumentando que no ha “visto un debate en el congreso que amerite más esta moción. El ministro Carrasquilla se desconectó de la plataforma y dijo que aún no había asumido competencia, y no presentó excusa médica”. Pero su propuesta se cayó con 103 votos en contra de acogerla y 23 a favor.

Por su parte, el citante Pachón, aseveró que “Los representantes aliados del Gobierno se excusaron en el tema de las preguntas, pero los funcionarios no respondieron”. También aclaró el cuestionario presentado a los citados, no era únicamente de seis preguntas, sino que existía otro de 47 preguntas. 

Finalmente, el debate terminó sin conclusiones claras sobre el destino del páramo de Santurbán y la explotación minera. Sin embargo, hay algo que rescatar y es que miles de personas en todo el país se conectaron a través de las diferentes plataformas en las que se transmitía la plenaria, la gran mayoría manifestaban estar en contra de las actividades mineras en Santander y Norte de Santander, un hecho histórico teniendo en cuenta que, generalmente a este tipo de eventos, no se conectan más de 300 personas. Además, los parlamentarios que están a favor del medio ambiente, podrían citar a un nuevo debate de control político con un cuestionario mejor estructurado. 

Comunicadora social y periodista, con experiencia en prensa escrita, comunicación institucional y trabajo con comunidades vulnerables desde el enfoque de la participación política, defensa del territorio y comunicación para el cambio social.