Con la llegada del COVID, se relacionó directamente el confinamiento con esta enfermedad pero las comunidades rurales del país ya conocían -y habían vivido- el concepto desde hace décadas atrás.
La historia de Colombia está atravesada por un conflicto que lleva más de 50 años. Son incontables las violaciones a los Derechos Humanos causadas por esta disputa, una de las que más afectaciones ha dejado, es la instalación de artefactos explosivos, que además de dejar dolorosas huellas físicas y mentales, obligó a las comunidades rurales a un prolongado confinamiento, o en el mejor de los casos, caminar con suma precaución con la esperanza de no dar un mal paso.
Las minas antipersonal, los restos explosivos de guerra, los artefactos de detonación controlada y los artefactos lanzados tienen efectos directos sobre las y los civiles. Tan solo entre enero de 2018 y agosto de 2022, el Comité Internacional de la Cruz Roja – CICR, ha registrado 1.938 víctimas de artefactos explosivos, correspondiendo la mayoría de ellas a población civil, un hecho que muestra la escala a la que se ha elevado la problemática.
Sin embargo, también existen efectos indirectos causados por este flagelo como el confinamiento, el desplazamiento, los daños psicológicos y la zozobra que, son percibidas en menor medida, pero cambian negativamente la cotidianidad de las poblaciones afectadas.
Además, las comunidades afectadas experimentan temor, ansiedad e impotencia, pues han perdido sus medios de subsistencia y el acceso a servicios médicos y educativos al no poder transitar libremente por su territorio, debido a la amenaza constante y silenciosa que representan los artefactos explosivos.
Es por eso que el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) lanzó la campaña #ElConfinamientoMásLargo, con la que busca sensibilizar a la sociedad colombiana sobre las múltiples afectaciones y el sufrimiento que genera la presencia de artefactos explosivos en diferentes comunidades del país.
Esta campaña maneja piezas audiovisuales, gráficas y sonoras que recuerdan el sufrimiento y la afectación que continúan generando los conflictos armados en Colombia, particularmente en los territorios en donde los índices de violencia son altos.
Entre enero y agosto del 2022 el CICR registró 16 víctimas de artefactos explosivos en Caquetá, 5 en Guaviare , 27 en el Meta, 1 en Putumayo y 1 en Huila.
Más información sobre la campaña: https://www.icrc.org/es/document/colombia-confinamiento-mas-largo-artefactos-explosivos-dih