Después de conocerse la denuncia por parte de los periodistas Valeria Santos y Sebastián Nohra en mañanas Blu, sobre un caso de corrupción que envuelve a los OCAD Paz por presuntas irregularidades en la aprobación de recursos para la paz, no existe algún director que acepte implicaciones

El pasado 29 de junio, los periodistas de Blu Radio, dieron a conocer sobre el desfalco de dinero por parte del El Ocad Paz, Órgano del Sistema General de Regalías (SGR) el cual es responsable de viabilizar, priorizar y aprobar proyectos de inversión financiados con recursos de regalías, que contribuyan a la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia.

Según la investigación realizada durante seis meses por los periodistas, dieron vía libre a unos 355 proyectos, en lo que habría dejado un intercambio de coimas de hasta 500.000 millones de pesos en municipios como Putumayo, Antioquia, Córdoba, Risaralda, Casanare, Sucre, Cundinamarca, Arauca, Magdalena, Santander, Nariño y Boyacá. Entre los hallazgos también encontraron proyectos que no contaban con consultorías, obras que no tenían aprobación de autoridades regionales o permisos de entidades como Invias.

Cabe recalcar que, Ocad paz son responsable de designar la entidad pública ejecutora de dichos proyectos y la instancia encargada de contratar la interventoría del mismo.

Según documentos revelados por el diario La República, señalan que, no se dio verificación por parte Ocad Paz a dichos proyectos en los municipios. Además, estarían comprando hasta una comisión del 12% de regalías   relacionadas por departamento, lo que no sería algo desconociendo para los organismo de investigación, control y planeación, como lo son la Ocad Paz, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Dirección Nacional de Planeación.

Dado que, a través de correo electrónicos, se pasó un sobre aviso de las situaciones presentes en algunos departamentos con los proyectos de Ocad Paz. Así lo hizo saber una fuente anónima a Emilio Archila que, para aquellos días, presidía el Ocad Paz. “Están extorsionando a los municipios azotados por la violencia para que paguen por los proyectos para que les den el ok”, se lee en un correo enviado al ex consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación Archila.

Finalmente, los funcionarios denunciados por la Contraloría son Juan Carlos Gualdrón, contralor delegado para el Posconflicto y Aníbal Quiroz, contralor delegado macro de la Unidad de Seguimiento a Regalías; y congresistas como Álvaro Ávila, secretario Técnico del Ocad Paz.

Frente a lo anterior, Álvaro Ávila argumentó en mañanas Blu que “son unas denuncias sin rostro, un entramado de suplantaciones para atacar, dañar y enlodar su nombre. No di un solo concepto, porque no era mi función sobre proyectos. Yo no aprobaba proyectos”, Recalcó Ávila en la entrevista. Aclarando con esto que no tenía implicaciones con las acusaciones.

Simultáneamente, Aníbal Quiroz manifestó en el medio de comunicación El Pilón que “son falsas denuncias, siempre he hecho mis funciones públicas de lucha contra la corrupción de frente y hace 10 años cuando fui secretario de Planeación en Valledupar, para desmontar esas concesiones, recibí amenazas de muerte y me tocó irme de Valledupar. Soy el funcionario que más denuncias ha hecho contra la corrupción”, puntualizando y recalcó su buen nombre en la declaración hecha al medio.

Asimismo, Emilio José Archila, exconsejero para el Posconflicto, habló sobre la denuncia que se estableció, mencionando en mañanas Blu  que, “Yo hice que se tomaran todas las medidas que se necesitaran para denunciar cualquier acto de corrupción durante ese año, por lo menos en 10 sesiones en las que estaban presentes todos los alcaldes, todos los gobernadores y más de 50 entidades del orden”, recalcó en la entrevista. Según Archila, antes de que se presentaran las denuncias, él ya le había comunicado sus decisiones de denunciar ante a la Contraloría y Procuraduría cualquier acto de corrupción que se presentara.

En relación con la denuncia y más allá de lo que argumentaron los implicados, la reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y los comentarios de indignación por el robo a recursos para la paz fueron cogiendo fuerza en Twitter. Dejando ver el descontento y la frustración por la indolencia de robar territorios que han sido afectados por la violencia, además con un territorio en el que viven más de seis millones de colombianos asfixiados por la pobreza y la violencia.