La Operación Artemisa fue la gran estrategia del gobierno Duque contra la deforestación, pero los campesinos aseguran que solo se persigue a los pequeños colonos, mientras los grandes terratenientes siguen impunes.
La Ley 2111 de 2021, Ley de Delitos Ambientales, da herramientas para penalizar la deforestación, pero crea otros cinco delitos ambientales y aplica mayor rigurosidad a las penas y sanciones ya existentes. Es el soporte jurídico para la “Operación Artemisa”, una estrategia que fue declarada por el presidente Duque como una acción permanente. Según el Ministerio de Defensa, gracias al plan han sido capturadas 107 personas señaladas como ecocidas y han sido intervenidas 27.043 hectáreas de bosques. En Artemisa han participado funcionarios de la Fiscalía General, el Escuadrón Móvil de Carabineros, la Policía, el Ejército Nacional y los ministerios de Defensa y de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Los operativos se han concentrado en departamentos del pie de monte amazónico, como Meta, Caquetá y Guaviare, entre tensiones y choques con las comunidades y enfrentamientos violentos, ocurridos también en medio de erradicaciones forzadas de cultivos de coca, que han dejado incluso campesinos gravemente heridos, como ocurrió a Manuel Ayala y Pedro Mosquera, quienes recibieron balazos en las piernas y sufrieron amputaciones en 2020 y 2021, respectivamente.
Aunque no han sido judicializados, denuncias publicas señalan varios nombres de los presuntos responsables de la deforestación en Guaviare, entre ellos al exgobernador Nebio Echeverry. Para entender la visión de las comunidades sobre la Operación Artemisa conversamos con Édgar Ariza Cubides, líder del municipio El Retorno, expresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Paz, miembro de la Mesa del Paro Campesino Sur del Meta-Guaviare. Este es su testimonio:
“Soy nacido en Lanzazuri, Santander. Vinimos al Guaviare hace 36 años buscando un futuro para la familia, fundamos la escuelita de la vereda La Paz, con nuestros propios recursos pagábamos el profesor. No tenemos para dónde irnos, por eso luchamos por nuestras comunidades. El problema que más nos aqueja en este sector, no solo en La Paz, sino a toda la población del río Inírida, tiene que ver con el plan Artemisa, porque cada día se hace más grande y para nosotros es bastante la problemático. Siempre tenemos la represalia del Estado colombiano, aquí somos campesinos que llevamos 35 o 40 años en nuestra región, con hijos y nietos que nacieron acá y todos los días recibimos atropellos de la Fuerza Pública y del Gobierno. Primero, en la época paramilitar no podíamos salir a los pueblos cercanos porque nos señalaban de guerrilleros y hasta nos mataban, motivo por el cual los hijos no podían salir, para que no fueran matados hasta por el mismo Ejército, muchachos con veinte y treinta años que no conocen la ciudad. Ahora con Artemisa nos piensan desplazar.
“Frente a esa problemática nos queda es luchar para que el Gobierno Nacional se ponga la mano en el corazón y piense en los campesinos. Que no nos desplacen más, que nos traigan proyectos productivos. Imagínese que las poquitas vías que tenemos han sido construidas con nuestras manos, a pulso, y llega Artemisa y nos queman las casas, nos dinamitan las carreteras y caminos, y nos bombardean los puentes. Nosotros ya no deforestamos, el campesino no tiene plata para deforestar grandes extensiones, por eso son los grandes terratenientes que llegan a la región y contratan gente para realizar tumbas de 500, 800 o mil hectáreas.
“El Ejército y el gobierno saben quiénes son, pero para demostrar positivos se ensañan contra el pobre campesino y con eso le demuestran al mundo que están haciendo la tarea. No les importa matar seres humanos o dejarlos sin piernas, como ha ocurrido en nuestras veredas.
“¿Y qué pasa con los terratenientes y grandes deforestadores? A ellos nunca los judicializan; es a nosotros, los pobres campesinos. A los grandes terratenientes, que llevan cuatro o cinco años y ya han tumbado hasta mil hectáreas, no les hacen nada. Nosotros vivimos atemorizados que a cualquier momento vienen y vamos a ser judicializados sin deber nada. No somos delincuentes para que nos esposen y nos lleven en helicóptero ante los jueces: somos trabajadores que luchamos por el sustento de nuestras familias. El plan Artemisa es macabro con los campesinos, los que producimos la comida, la yuca, el plátano, las frutas, el chontaduro y hasta la leche. No sabemos qué es lo que va a pasar con nosotros, no tenemos con qué pagar un abogado, en el momento que llegue el plan Artemisa a llevarnos, a quemar nuestras casas, nos toca firmar y que el juez nos desplace, irnos con las familias a aguantar hambre a la ciudad.”
