Todavía persisten desafíos significativos en la reforma rural integral, la impartición de justicia y la percepción de seguridad en las grandes ciudades. La falta de presencia estatal en regiones como Macarena – Guaviare es notable, y aunque se ha mejorado la percepción de paz en zonas con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET-, problemas como la delincuencia y el desempleo siguen presentes.
Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- titulado “Escuchar la Paz: Entre contrastes y anhelos de Paz y Desarrollo Humano”, aunque hay optimismo, persisten desafíos tras el Acuerdo de Paz de 2016, para lograr un desarrollo humano integral que incluya seguridad, justicia inclusiva, servicios básicos y una convivencia pacífica en una sociedad diversa. Esta es la tercera edición de este estudio, llevado a cabo como parte del proyecto Monitoring Attitudes, Perceptions and Support in Colombia -MAPS-.
El informe recoge las opiniones de más de 20 000 personas en las áreas más afectadas por el conflicto, así como de 1 100 encuestados en cinco principales ciudades del país. Uno de los principales hallazgos del informe es la percepción favorable hacia la implementación integral del Acuerdo, especialmente en áreas como la disminución de la pobreza multidimensional y la mejora en el acceso a la educación y la salud. No obstante, la satisfacción con los progresos en la reforma rural integral y la impartición de justicia sigue siendo limitada.
En el caso de la región Macarena – Guaviare, donde el conflicto armado sigue inserto en las dinámicas del territorio, el 51.7% de las y los encuestados se mostró “algo satisfecho” con la implementación del Acuerdo de Paz. Firmantes de paz de algunas partes de estos territorios afirman que se ha avanzado «a paso de tortuga» y todavía esperan que lleguen las transformaciones reales a las comunidades.
También se destaca que entre 2019 y 2023, el porcentaje de personas que expresan algún grado de satisfacción con el Acuerdo de Paz en las zonas con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET- aumentó del 35.8% al 58.1%. Estos resultados indican un creciente optimismo en estas regiones respecto a los beneficios de la paz, aunque todavía existen desafíos significativos. A pesar de esto, se siguen manifestando problemáticas como la delincuencia común y el desempleo principalmente, en estos territorios.
En contraste, la percepción de seguridad y la satisfacción con el Acuerdo en las grandes ciudades, como Bogotá y Medellín, permanecen bajas. La mayoría de los encuestados en estos centros urbanos perciben que la situación de seguridad ha empeorado, reflejando una preocupación por la aparición de nuevas formas de violencia.
En territorios como el departamento del Meta, la inseguridad también es un factor determinante para la implementación del Acuerdo de Paz. Por ejemplo, uno de los líderes de la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el DIH del Oriente y Centro Colombiano -DHOC-, Edilberto Daza, ha denunciado ser víctima de amenazas, lo cual prueba la persecución a la que se siguen enfrentando los liderazgos sociales.
Sin embargo, en las urbes se siguen implementando proyectos de paz territorial urbana. Por ejemplo en Medellín a principios de este año se entregó la Casa Cultura de Paz, ubicada en el barrio San José la Cima, un espacio para la reconciliación y el encuentro comunitario construida conjuntamente por medio de convites.
En Villavicencio se está implementando el proyecto El Vergel Mágico, en el que jóvenes firmantes de paz tienen el objetivo de hacerse conocer, “fortalecer el tejido social, que las personas de la ciudad y el país quiten el estigma” cuenta Anirley Catherine Sánchez, firmante de paz participante en este proyecto donde se reforesta y se impulsan huertas comunitarias en los barrios 13 de Mayo, Morichal y La Nohora.
Una de las habitantes del primer barrio, Yedy Padilla, explicó que estos proyectos son importantes ya que en este territorio habitan “firmantes de paz, gente que estuvo en grupos paramilitares, gente desplazada, que en algún momento vivió y estuvo en la violencia. Casi la totalidad de la comunidad somos personas que venimos del conflicto armado”. Dice que siembran árboles, recuperan espacios sucios y le dan ánimos a la comunidad para fortalecer el tejido social.
Con respecto a la presencia del Estado en estos territorios, el 71.2% de las personas respondieron que no se ha manifestado.
Incluso, en la región de Macarena – Guaviare, el 76.3% no ha visto mayor presencia del Estado en sus territorios por ejemplo con vías e infraestructura, salud, educación, justicia, entre otros.
Ferney Mejía, familiar de una persona ejecutada extrajudicialmente en el Meta, ha expresado inconformidad en cuanto a la articulación institucional entre la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, ya que la primera entidad lo reconoce en su calidad de familiar afectado y la segunda no. Esto implica desafíos institucionales a la hora de dignificar a las personas afectadas por el conflicto armado.
Con respecto al enfoque de género del Acuerdo de Paz, Salomé Gómez Corrales, antropóloga, integrante de la Ruta Pacífica de las Mujeres y asesora de la Agencia Nacional de Reincorporación y Reintegración –ARN– enfatizó en la importancia de implementar integralmente las más de 100 medidas afirmativas con enfoque de género, para que las mujeres puedan mantener su lugar en la vida civil y continuar su lucha por la paz. Las mujeres excombatientes, como señala Salomé, no solo han dejado las armas, sino que han adoptado el diálogo y la participación política como caminos hacia la paz. “Ahora resisten pacíficamente. Han dejado las armas pero no han dejado sus luchas. Siguen luchando ahora con la palabra, con la juntanza, desde lo colectivo”.
Mujeres como las integrantes de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas -ANMUNCIC- de San Juan de Arama siguen esperando del Acuerdo de Paz, ser declaradas como sujeto de reparación colectiva. Aunque reconocen la importancia del Macrocaso 011 de la JEP que investiga la violencia basada en género, incluyendo violencia sexual y reproductiva, y crímenes cometidos por prejuicio y al cual brindaron un informe sobre sus experiencias y su victimización durante el conflicto armado en San Juan de Arama, todavía esperan la reparación respectiva por parte de la Unidad para las Víctimas.
Conclusiones del informe
La Representante Residente de PNUD Colombia, Sara Ferrer Olivella, destaca en el prólogo del informe que a pesar del aumento en la satisfacción con la implementación del Acuerdo de Paz, “persisten desafíos en la percepción de los colombianos y colombianas sobre los avances de la reforma rural integral; la responsabilidad que ejerce el Estado en impartir justicia frente a los grupos armados en algunos territorios; la expectativa de una justicia punitiva por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, y la desconfianza frente a los firmantes del Acuerdo: solo una de cada cuatro personas se sentiría cómoda de tener un firmante como vecino”.
El informe también subraya las disparidades en la percepción de los “dividendos de paz” en las diferentes regiones del país. Mientras que en subregiones como el Sur de Bolívar y Urabá Antioqueño se nota una mayor satisfacción con la llegada de bienes y servicios comunitarios, otras áreas como Catatumbo y el Pacífico Medio muestran un incremento en la sensación de continuidad o retorno del conflicto.
Sara Ferrer menciona que, “la paz tiene múltiples significados: para algunos es una apuesta de mínimos, de supervivencia, es sencillamente el silencio de los fusiles; para otros implica la llegada de bienes y servicios del Estado; para quienes se encuentran en un estadio más avanzado de seguridad humana está estrechamente ligada al desarrollo humano, es decir, a la posibilidad de que las personas, sin importar el territorio que habitan, tengan la oportunidad de imaginar, buscar y desarrollar una vida digna, plena y en libertad de acuerdo con su propia cultura y anhelos.”
El documento concluye que, aunque se observa un progreso significativo en la satisfacción con la implementación del Acuerdo de Paz en las zonas rurales, es esencial redoblar los esfuerzos para asegurar que estos beneficios se extiendan equitativamente a todo el país, promoviendo así una paz más duradera e inclusiva.
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