Una semilla de esperanza

En el Acuerdo de Paz firmado entre la guerrilla más antigua del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP y el gobierno colombiano, quedó establecido en el Punto 4: “Solución al problema de las drogas ilícitas”, los principios para la implementación del PNIS, visto desde el cultivo, la producción y la comercialización. Fue claro que uno de sus objetivos es contribuir a obtener una Reforma Rural Integral que realice transformaciones estructurales en la que las y los campesinos tengan un papel protagónico.

Desde el 2016 hasta el 2018 que empezó la vinculación del campesinado, se identificó una fuerte voluntad por acogerse al programa de sustitución, lo que precisamente ha permitido que a nivel nacional 43.711 hectáreas hayan sido erradicadas a diciembre del 2020, a partir de la vinculación de 99.097 familias de 56 municipios, según resta en el informe número 26 del PNIS realizado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, UNODC. De esas personas vinculadas al programa, 67.597 son cultivadoras, 16.855 son recolectores de hoja de coca y 67.597 son campesinos no cultivadores pero que habitan en zonas donde la economía está relacionada con la coca.

Según el último informe de la UNODC, en el Meta se ha logrado erradicar de manera voluntaria 2.846 hectáreas, lo que se ha convertido en un logro del programa de sustitución, pues desde un inicio miles de campesinos y campesinas mostraron su disposición por cambiar su principal fuente de sustento, por una actividad lícita, a partir de la confianza que les generaba el programa. Es por esto que en el Meta 9.664 familias se vincularon al PNIS, desagregadas por municipios de la siguiente manera:

El PNIS ha sido uno de los programas que más ha permitido erradicar de manera voluntaria garantizando mínimamente que no haya resiembra y que las personas accedan a otras posibilidades de subsistencia, pero si acaso se mantiene a flote al encontrarse desfinanciado.

Mientras tanto, el Gobierno de Iván Duque agita las banderas de erradicación forzada –el Ministerio del Interior informó que había erradicado 130.000 hectáreas durante el 2020-, en la que hay grandes costos humanos: civiles y uniformados que caen en minas antipersona, asesinatos, violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública, retenciones a uniformados por parte de la comunidad, entre otros; se utilizan grandes cantidades de recursos y además, no se garantiza que no haya resiembra, ya que, como ha evidenciado Ideas para la Paz, el proceso de erradicación forzada parece un perro que se muerde la cola:

La erradicación forzada es una herramienta con bajos niveles de eficiencia y efectividad. Un buen ejemplo de esto es lo que ocurre en Tumaco. Una vez el grupo de erradicación termina su jornada, arrancando de una a tres hectáreas al día –dependiendo de las condiciones del terreno–, avanza hacia el siguiente lote. Al cabo de tres días se habrán alejado unos cinco kilómetros. Esta rutina se repetirá durante dos o tres meses. Una vez el grupo de erradicación forzada se aleja, los cultivadores de coca vuelven a sembrar.

No obstante, para investigadores como Edwin Ríos del Instituto Latinoamericano para una sociedad y un derecho alternativo ILSA, manifiesta que lo que deben hacer las y los colombianos es exigir que se cumpla con el PNIS y hacer seguimiento a los nuevos programas de sustitución, para que así el campesinado no siga siendo estigmatizado ni tratado como el pilar más importante en la cadena del narcotráfico. “El programa apunta a la transformación estructural del campo colombiano tal y como quedo en el Acuerdo y desde luego hay una preponderancia en la sustitución misma antes que en la erradicación (…) así que es muy importante hacer los debates y plantear las reflexiones de cómo se está implementando en las regiones” concluyó.

Por su parte, Pedro Arenas de Viso Mutop, considera que para que realmente haya un desarrollo rural integral donde las y los campesinos puedan hacer exigibilidad de sus derechos, el país requiere es una política de drogas, con el respeto pleno de los derechos humanos que va mucho más allá de la sustitución; ya que, hay un Estado ausente o que está, pero concentrado en presencia policial y militar.

“El desarrollo alternativo va más allá de la sustitución, en el mundo está probado que la erradicación forzada no es sostenible en el tiempo y se torna violatoria de derechos humanos. No sirve porque se torna ilegítima ante los ojos de las comunidades por el uso de la fuerza en sí misma y porque el Estado no llega en otras formas”, resalta Arenas, quien considera que el Estado debe garantizar que las familias transiten hacia las economías lícitas de manera gradual. Pero que, por lo pronto, mientras realmente hayan cambios estructurales, respaldan el proceso de sustitución, no porque sea sinónimo de desarrollo rural integral, sino porque es pacífico y se gestó desde la participación social en los territorios que decidieron hacer pactos colectivos de sustitución.

De esta manera podemos evidenciar que, el campesinado del sur del Meta creyó en el Acuerdo de Paz, suscribió un pacto colectivo para erradicar de manera voluntaria y confiar en un programa de sustitución que o no llega, o se implementa mientras agoniza por su desfinanciación mientras que al mismo tiempo: deslegitima a quienes empuñaron las banderas de acabar con los cultivos de coca ya que pese a todo permitían el sustento de las familias, suscitando que se conviertan en objetivo militar; a operarios, funcionarios y técnicos que trabajan con el PNIS les establecieron restricciones específicas en los territorios por no cumplir con lo pactado a las y los campesinos así las limitantes provengan del orden nacional; ha provocado desplazamientos masivos; ha precarizado la vida de muchas familias que ya no tienen cómo suplir las tres comidas diarias ni tienen el respaldo de los cultivos para que tan siquiera les fíen en las tiendas; jugó con la esperanza de quienes erradicaron voluntariamente y luego se estrellaron con argumentos como que había baja densidad en su vereda y debían ser expulsados del programa, aparecían como beneficiarios de otros programas de sustitución fallidos, vivían en áreas protegidas o de PNN, habitaban en zonas peligrosas donde el Estado no planeaba hacer presencia, entre otras excusas para suspenderlos; ha socavado la confianza que habían depositado las y los beneficiarios en el Estado y en general, tiene en jaque al campesinado del Meta que soñó con una reforma rural integral y a cambió se enfrenta al despojo, la estimatización y la represión.

Para leer a investigación completa:

La sustitución que no llega, jaque al campesinado del Meta

*Este artículo hace parte de la serie de publicaciones resultado del Fondo para investigaciones y nuevas narrativas sobre drogas convocado por la Fundación Gabo.