Cualquier vaina no les gustaba, de que de pronto no les vendieran algo, o que de pronto se negaran a… de estar por ahí, prestarles una olla, o cualquier favor que ellos pidieran. Últimamente, a la gente del campo la tenían como esclavitud a ellos; que pa donde ellos los mandaran, tenían que […]. “Vaya y me trae un mercado”. Allá al pueblo tocaba ir, y si no iba uno, pues… en esa época tocaba, cuando duró toda esa época de presencia de esa gente, tocaba cuando ellos dijeran: “Váyase del pueblo”, “Me trae un mercado”, “Me trae unas botas”, “Me trae tal, bueno, medias”, “Váyase usted”. Este relato recogido por la Comisión de la Verdad, refleja un episodio poco documentado y casi invisible, el del trabajo forzado o realizar acciones, desde el espacio laboral o comercial de la víctima, para favorecer a un grupo armado determinado.
Este flagelo ha estado invisibilizado por el Estado a lo largo del conflicto y sus víctimas no tienen ningún tipo reparación, ya que la Ley de Víctimas no contiene este acto violento en ninguna de sus formas. Por lo anterior, es uno de los muchos abusos cometidos por los grupos armados en donde el subregistro y la penalización de los victimarios es casi inexistente. Las investigaciones previas no dan cuenta con cifras exactas, ni las autoridades ni las organizaciones se acercaron al fenómeno lo suficiente como para hacer una radiografía, como tampoco para cuantificarlo.
En la labor de la Comisión se escucharon 383 relatos relacionados a trabajos forzados, en donde las víctimas mencionan como responsables en mayor medida a las guerrillas y grupos paramilitares y al Ejército en una menor proporción. Esta acción o el sometimiento de la víctima, que realiza una función para un grupo armado, la mayoría de las veces obligada, ocasiona un elevado riesgo para su vida, ya que el grupo o bando contrario la identifica como colaboradora para su enemigo.
La organización Mundial del Trabajo en su artículo 29 de 1930 establece que todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, es considerado trabajo forzado. En este sentido la presión que ejerce un grupo armado sobre una persona para el intercambio de acciones o labores, así como de ejercer derecho de facto, vender la persona o intercambiarla y someterla a trabajos en contra de su voluntad caben dentro de esa tipificación de la mencionada organización internacional.
Los trabajos forzados a los que fueron sometidos algunas víctimas estaban relacionados con lavar, cocinar, cultivar, transportar objetos, mercancías, apoyo logístico o simplemente colaborar con información del bando contrario. En muchos casos el trabajo forzado tuvo relación con castigos ejemplarizante contra civiles, como medio de castigo por apoyar a otros grupos armados. En estos casos, los trabajos eran ejecutados en público como un método para atemorizar a la población que se resistía en no brindarles ayuda.
Por otra parte, los ataques indiscriminados, fueron acciones bélicas que no fueron ejecutadas de manera precisa y que afectaron a la población civil y a los bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario. En muchos casos los ataques ocurrieron por usar armas indiscriminadas o masivas, se atacó sin dirigirlos contra un objetivo militar claramente definido o simplemente se usó la fuerza para contra toda clase de objetivos sin importar quien saliera lastimado, herido o asesinado.
“Yo les digo a mis amigos: “el helicóptero nos está tirando papeles”. No termino de decir esa frase cuando en el momento lo que siento es una explosión gigantesca. Escucho ya a mis 186 amigos llorar, pedir auxilio; observo a mi alrededor, observo a algunos que estaban conmigo, muertos, destrozados por las bombas […] como a 300 metros del pueblo. Vuelve el helicóptero nos rafaguea, nos impide salir del pueblo viendo que íbamos población civil, heridos, entonces el finado Ángel saca su camisa blanca y la bate al helicóptero, y así nos dieron vía libre para salir a Tame. Mi papá se reencontró con nosotros y quedó atónito de ver su pueblo destruido y a sus hijas heridas. Muchos murieron desangrados en el camino”. Este relato es de una víctima que narra lo acontecido en el departamento de Arauca, en donde un grupo de civiles que estaban huyendo de intensos combates entre el Ejército y la guerrilla sufrieron ataques desde helicópteros de la fuerza pública mientras intentaban huir de la zona.
Las guerrillas especialmente usaron explosivos contra la población civil y la infraestructura protegida mientras intentaban atacar bienes y objetivos militares válidos, y en los que resultaron afectados civiles y sus bienes. Muchos de esos ataques fueron con carros, motos, bicicletas y animales bomba. Hubo también otros métodos, como las minas antipersonales, ataques aéreos y de artillería, en donde los civiles se vieron ampliamente afectados.
De acuerdo con cifras del Centro de Memoria Histórica el 21% de las víctimas reportaron que sus hechos sucedieron cuando un grupo armado atacó un objetivo militar y ellos residían cerca o pasaban frente al lugar. Desde la década de los 80s y durante los primeros años del siglo XXI estos actos sufrieron un alza drástica, especialmente porque fueron los años de la toma de poblaciones por parte de la guerrilla y posterior ametrallamiento y bombardeo de la fuerza pública para retomar el área disputada con el grupo guerrillero en cuestión.
Uno de los casos más sonados y perpetrados por la fuerza pública, fue el bombardeo de Santo Domingo, Arauca, en donde la Fuerza Aérea, intentando retomar la zona disputada con la guerrilla, bombardeó la zona, dejando un saldo de 17 civiles muertos, entre ellos seis niños y 21 heridos. Por su parte, una de las armas más usadas por las FARC fue la siembra de minas antipersonales, el 42,1% de estas fueron sembradas por esta guerrilla, el 46,7% no se ha logrado determinar y 7,2% fueron responsabilidad del ELN.
La Acción Integral Contra Minas Antipersonales ha establecido que entre 1990 y 2022 se han registrado 4.884 víctimas civiles, de ellos 3.997 resultaron heridos y 887 murieron. De la cifra de heridos, 1.103 eran menores de edad y con relación a la fuerza pública se han contabilizado 5.832 heridos y 1.454 muertos. Las anteriores cifras muestran que el 40% del total de las víctimas fueron civiles y el 20% murieron por el uso de esta arma prohibida por el Derecho Internacional Humanitario.
“Ahí resultó el soldado Gato, herido, perdió su pierna izquierda. Yo, inicialmente, perdí mi pierna izquierda también, a la altura de la rodilla; la derecha quedó con múltiples fracturas. Y atrás quedó El Flaco Arenas, el perdió todo el maxilar inferior, todo esto se lo voló la mina; y el cabo que iba atrás, el quedó con perforaciones en su cuerpo, eso después le causo la pérdida de un pulmón, un riñón y que sus intestinos fueran reemplazados por mangueras”. Este relato de un soldado del Ejército Nacional, da cuenta que el problema de estas armas, no solo se ve reflejado en el acto mismo, sino que el dolor y sufrimiento pueden ser para toda la vida.
*Esta campaña se realiza con el apoyo del Instituto Colombia-Alemán para la paz -CAPAZ.
