Antes de ese hecho, Joaquín Eladio Ruiz Ibarra había recibido un mensaje de texto en el que le decían que le iban a “dejar la boca llena de moscos”. El líder social exige garantías de protección.
Joaquín Ruiz Ibarra, es un reconocido líder social del municipio de Puerto Lleras, ubicado al sur occidente del departamento del Meta. Vive en el sector conocido como Vocacional, un asentamiento subnormal que durante la temporada invernal suele inundarse y dejar damnificados. Es en este tipo de situaciones que se despierta su espíritu servicial y busca amenizar un poco la situación de las y los afectados con una taza de café o chocolate, todo de manera autogestionada, con apoyo de los comerciantes del lugar.
Desde lo político también ha podido aportar a las comunidades en su municipio, pues fue concejal desde el 2016 hasta el 2019. Luego, alentado por amigos y compañeros de lucha, decidió lanzarse a la Alcaldía, pero quedó en tercer lugar. Aún así no lo ve como un fracaso, pues toda su campaña fue “a pulso y sin plata”.
Entonces llegó la pandemia y con ella el confinamiento obligatorio que agudizó la pobreza de las comunidades más vulnerables. Joaquín no pudo quedarse quieto, así que creó junto a sus amigos el grupo Fuerza y Esperanza, la perla del Ariari, con el que empezó a acudir a ganaderos, comerciantes y agricultores para conseguir novillas y demás variedad de comida. De esa manera pudo brindar un poco de tranquilidad a familias que vivían de un ingreso diario y no podían salir a trabajar debido a las restricciones del virus.
Incluso ha ayudado a personas de la tercera edad consiguiendo puertas y ventanas para sus hogares. Pero todas estas gestiones le han convertido en blanco de amenazas de muerte. El pasado 26 de mayo, sobre las 5:00 a.m. su padre se levantó de la cama y salió a la puerta. Al interior se escuchó un grito estremecedor. Entonces su madre salió para ver lo que sucedía. Ambos estaban frente a una corona fúnebre que decía “Joaquín Ruiz Ibarra descanse en paz”.
Sus padres lo llamaron y entonces vio por sí mismo aquella amenaza simbólica y perturbadora. A su papá casi le da un desmayo y a su mamá tuvieron que darle una silla porque sentía no poder sostenerse en pie. El ambiente se ensombreció y Joaquín, más que nunca, temió por su vida.
Con antelación había notado comportamientos sospechosos a su alrededor, como aquella vez que fue a visitar a un amigo en su trabajo y al frente vio unos hombres que parecían extraños. Entonces llamó a la Policía, la cual llegó y se dispuso a seguir a los señalados, pero al final terminaron huyendo. Cuando se fue para la Estación a relatar lo sucedido, le dijeron que “lo iban a robar”, argumento que no le convenció.
El hecho de hostigamiento más reciente fue el pasado martes, cuando lo llamaron de un número desconocido y no quiso contestar. Luego intentó devolver la llamada desde otro móvil pero no respondieron. Tiempo después le llegó un mensaje desde ese mismo número que le dejó los pelos de punta.
Pero fue la corona fúnebre la que le puso en alerta máxima. De inmediato llamó a la Sijín, pero no quedó conforme con la forma en la que los encargados tomaron lo sucedido, pues notó que no prestaron la suficiente atención. Luego puso la denuncia ante la Fiscalía seccional Meta, desde donde, asegura, ha visto un interés en hacerle seguimiento a su caso.
Sin embargo, Joaquín sigue temiendo por su vida, sabe que el panorama actual para los líderes y lideresas sociales en el país, no es el mejor. Y es que, según el informe de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, inicialmente se contabilizó que entre el 1° de diciembre de 2016 y el último día del 2020, 864 líderes y lideresas fueron asesinados, pero “luego de realizar el proceso de deduplicación, contrastación y verificación de registros proporcionados por otras instituciones y organizaciones, el sistema de monitoreo arrojó una cifra aún más escalofriante, de 904 casos», afirmó Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP al medio internacional DW.
Es por eso que, Joaquín exigió al Gobierno Nacional y especialmente a la Unidad Nacional de Protección, que le brinden las garantías y herramientas necesarias para salvaguardar su vida. También solicitó que se adelante una ardua investigación para dar con el paradero de los responsables de los hostigamientos en su contra.
